INFORME

Diego Ferreira

La tecnología está transformando los modelos de negocios, ya sea a través de la reinvención de servicios y productos convencionales o el surgimiento de empresas disruptivas. En ese proceso, la Cuarta Revolución Industrial también está impactando en el modo en que las empresas de la nueva economía se vinculan con sus trabajadores, incluso en zonas áridas como la negociación de salarios y condiciones laborales.

Hace un par de semanas la Asamblea de California aprobó un proyecto de ley que obliga a Uber, entre otras compañías, a contratar formalmente como dependientes a los choferes que prestan su servicio, en un intento por zanjar una larga disputa entre ambas partes. En Argentina, Mercado Libre está en una pulseada con los sindicatos del sector financiero y de logística que procuran agremiar a los empleados de la compañía. Mientras, de fondo suena la discusión sobre a qué sector pertenece la firma, que además de comercio electrónico ofrece servicios financieros.

Estos dilemas y tensiones disparan la interrogante sobre cómo influye el avance tecnológico en la negociación colectiva en Uruguay. La respuesta, en base a las últimas rondas de Consejos de Salarios, es que pesa poco. Apenas algunos convenios incluyen cláusulas para la capacitación del personal ante el avance tecnológico.

«La capacitación tendrá como objetivo asegurar la formación, el desarrollo y perfeccionamiento laborales del personal, a fin de elevar su profesionalización y facilitar su acceso a las nuevas tecnologías de gestión, de acuerdo con las prioridades que la empresa empleadora defina», dice el texto del convenio colectivo que atañe al subgrupo de «Operadores y Terminales portuarias», firmado en febrero.

Aunque un paso adelante, las cláusulas de este tipo aún son «muy marginales», acotó Nelson Larrañaga, director de la práctica legal en relaciones laborales y seguridad social del estudio Ferrere.

Por obra de la innovación y de la actividad de nuevas empresas de base tecnológica, nacen gremios que están haciendo sus primeras armas.
«Al principio se complicó un poco saber a qué bandeja pertenecíamos y hacia dónde íbamos. Hoy integramos Fuecys (Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios) porque es un servicio lo que ofrecemos», relató Andrés Palermo, presidente del Sindicato Único de Repartidores (Sinurep), que agrupa a los trabajadores de empresas de cadetería y de aplicaciones de delivery. El sindicato se formó hace algo más de un año y tiene unos 400 socios, de los que el 40% trabaja para las apps.

En este tiempo, el gremio ha negociado puntualmente con empresas del sector, y se ha entrevistado con las autoridades del Ministerio de Trabajo (MTSS) para avanzar en la regularización de los repartidores que trabajan en negro (según Palermo, son el 85% de un total de 8.000 personas).

El informalismo —que redunda en condiciones laborales desfavorables— es la principal preocupación del sindicato. La agenda del Sinurep abarca más reivindicaciones, como «el tema de uniformes, la seguridad de los vehículos, el hecho de (percibir) un dinero extra para la reparación de los vehículos, un (pago) mínimo por hora que es mucho más que lo que está en el mercado».

La intención del gremio es participar de la ronda salarial que debería iniciarse en 2020. Adherir a Fuecys —una de los federaciones más fuertes y masivas dentro del Pit-Cnt— le da a los repartidores otra fuerza de cara al diálogo. «No es lo mismo negociar por transporte que por comercio y servicios», reconoció Palermo.

Del lado de las plataformas, PedidosYa es una de las apps que participa de las rondas salariales y, como el Sinurep, también hizo ajustes de categorías. «PedidosYa pertenecía al grupo de tecnología, pero con el crecimiento de la empresa y el cambio en el servicio que brinda la organización se migró a otros rubros», dijo Felipe Álvarez, director general de PedidosYa Uruguay. Por ejemplo, la empresa desarrolló su propia logística con lo cual se ampliaron algunos rubros a la categoría de mensajería. «Nos adaptamos a la dinámica con la que avanza el mercado y la organización», señaló el ejecutivo.

Álvarez destacó que la empresa se reúne casi todos los meses con el sindicato, y que entre ambas partes existe una «relación muy buena y una comunicación fluida». De estas instancias también participa un estudio jurídico para «avalar que todo lo que se resuelva esté dentro del marco legal». En ese esquema, la compañía mantiene contactos con los equipos internos y externos que trabajan en los temas laborales, y está en diálogo con los actores institucionales, como el MTSS.

«Somos líderes del mercado, tenemos el compromiso y la responsabilidad de dar el ejemplo con las buenas prácticas. Debemos respetar en todo momento la normativa, así como todos deberían hacerlo», recalcó.

Los choferes de apps así como a otras nuevas profesiones no se les ha dado marco legal «para que puedan estar amparados en lo que es el resto del sistema normativo», afirmó Diego Fernández, presidente de la Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones (ACUA), fundada en 2016 y que tiene unos 400 afiliados.

Como en otros países, los choferes uruguayos apuntan a ser reconocidos como dependientes de las apps, pero hasta ahora no han tenido éxito pese a las gestiones que han realizado ante los representantes legales de Uber, el principal jugador del mercado.

El subsecretario de Trabajo, Nelson Loustaunau, entiende que «el trabajo de plataforma encubre una clásica relación laboral», donde las empresas -si bien actúan como intermediarios- aplican su «poder de dirección» en caso de que los choferes, por caso, no cumplan con sus directivas.

La ACUA no tiene hoy como prioridad participar de los Consejos de Salarios, aunque frente a esa posibilidad se considera parte del sector del transporte más allá de que la tecnología interviene para conectar oferta y demanda. Su frente de batalla está hoy en la discusión con la Intendencia de Montevideo en torno a la nueva regulación del registro de choferes de apps que, según el sindicato, dejó a más de 1.500 conductores sin trabajo.

Los nuevos sindicatos tienen que coordinar con quién participar en la ronda salarial, buscar su espacio de negociación, dice el MTSS. «No creo que haya que hacer un grupo de Consejos de Salarios ‘Plataformas’», aclaró Loustaunau.

El subsecretario sí mencionó que se están haciendo ajustes en grupos y subgrupos donde empiezan a aparecer categorías nuevas o inéditas vinculadas a la tecnología, como desarrollador o diseñador web, en un claro reflejo de la transformación del negocio.

Juan Mailhos, asesor de la Cámara de Comercio, matizó el efecto que la revolución tecnológica está trayendo actualmente a la negociación colectiva. «Por el tema de aplicaciones, las cosas pueden estar más difusas, pero hay muchas empresas que realizan actividades variadas», consignó.

Para la categorización de las empresas que se dedican a distintas áreas de negocio, se considera como su rubro principal aquel vinculado a la fuente de facturación más importante y al número de empleados asignados a esa actividad. Cuando hay problemas para categorizar a la empresa, interviene la Comisión de clasificación del MTSS. Hay compañías en las que incluso conviven varios laudos por la diversidad de actividades a las que se dedica, dijo el asesor.

Loustaunau y Mailhos coincidieron en que trabajadores y empresarios tienen un interés común respecto al impacto de la tecnología sobre el trabajo y la negociación colectiva: los primeros buscan asegurarse la cobertura de la protección social y los derechos laborales y los empleadores pretenden competir en igualdad.

No es la única coincidencia. Los tres principales partidos políticos -Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado- concuerdan en sus programas de gobierno de cara a la próxima elección respecto a la necesidad de regular las nuevas formas de trabajo que indudablemente seguirán avanzando en el mercado laboral uruguayo.