Durante el primer semestre del año, unas 370.000 personas (el 10,4% de la población) vivían en hogares cuyo ingreso se ubicaba por debajo de la línea de pobreza, nivel similar al de un año atrás (10,7%). A primera vista, el dato causó sorpresa considerando que en la segunda mitad de 2022 la incidencia de la pobreza ya era similar a la de 2019 (9%) y sobre todo por el hecho de que el ingreso del hogar promedio en Uruguay aumentó un 4% en términos reales, en comparación con el primer semestre de 2022.

En un contexto de aumento del empleo y de los salarios, la ausencia de una reducción en la pobreza refleja (o confirma) que hay un conjunto de la población que no se beneficia directamente del dinamismo del mercado laboral y que está estructuralmente “por fuera del sistema”. Mientras que el ingreso del hogar promedio aumentó 4%, el de los hogares pobres aumentó menos de 1%. Hace casi una década que la pobreza se mantiene en torno al 9%; reducirla llevará tiempo e insumirá recursos.

Si bien es cierto que la pobreza monetaria no considera de forma directa otras dimensiones, el principal problema que enfrentan los hogares pobres es la insuficiencia de recursos para hacer frente a sus gastos. Dos de cada tres hogares pobres afirman que su ingreso no fue suficiente para cubrir los gastos realizados; el 17% recibió apoyo, utilizó ahorros o se endeudó y el 51% dejó cuentas impagas. A su vez, el 60% considera que el gasto realizado en vivienda y vestimenta es insuficiente para satisfacer las necesidades del hogar, mientras que el 50% y el 40% mencionan que es insuficiente el gasto realizado en alimentos y transporte respectivamente. En cambio, el 25% considera que el gasto en salud y educación, servicios provistos por el Estado, es insuficiente.

Es claro que el concepto de pobreza —y el umbral que la define— es subjetivo y, en todo caso, la discusión debería ser dónde fijar el umbral. Por ejemplo, unas 215.000 personas residen en hogares cuyo ingreso se encuentra hasta un 20% por encima de la línea (no son pobres), pero su percepción sobre el gasto realizado para satisfacer las necesidades del hogar es similar a la de los pobres.

Es altamente improbable que se reduzca la pobreza sin incrementar las transferencias directas a la población vulnerable; el dinamismo de la economía y del mercado laboral es condición necesaria pero no suficiente. El 45% de la población pobre no tiene edad suficiente para trabajar o tiene más de 14 años, pero es estudiante; el 12% se dedica a los quehaceres del hogar y el 3% es jubilado o pensionista. El restante 40% se divide entre los que tienen empleo (30%) y los desocupados (10%). La tasa de desempleo ronda el 25% y el empleo de los ocupados es de baja calidad: uno de cada tres es subocupado, el 75% es informal y el 90% de las personas que tienen empleo o lo buscan no finalizó la enseñanza secundaria.

Suele decirse que el gasto “social” del Estado es elevado, pero está enfocado en el hogar “promedio” y redireccionarlo es complejo. Para que cada hogar pobre alcance la línea de pobreza se necesitarían unos US$ 330 millones adicionales por año (0,44% del PIB), lo que implica que se debería alcanzar un déficit fiscal de 1,5% del PIB para eliminar la pobreza monetaria mediante transferencias.

El desafío radica en que, en ausencia de un crecimiento más vigoroso (que requiere reformas estructurales y cuyos efectos no son inmediatos), los ingresos reales del gobierno aumentan a razón de 2,5% por año y casi dos tercios de ese “espacio” se destinan a rubros que aumentan en forma endógena (pasividades, intereses, remuneraciones). El gasto “gestionable” alcanza a lo sumo a un tercio del presupuesto.

Simplemente a modo de ejemplo, sin deteriorar las cuentas públicas, insumiría casi 10 años solucionar la pobreza monetaria si se limitase el aumento real del gasto “gestionable” en un 1% (gastos no personales y algunas transferencias). Si bien puede parecer sencillo, en los hechos la economía política detrás de las decisiones es compleja cuando los diferentes organismos y colectivos de la sociedad luchan año a año por ese margen de recursos disponibles.

La ya ocurrida reducción del IASS y el significativo aumento del gasto que generaría la aprobación del plebiscito planteado por el PIT-CNT alejan aún más la solución y son prueba de que los reclamos por incrementar el gasto (o reducir impuestos) no suelen estar dirigidos a la población más vulnerable. El 97% de la población en situación de pobreza —y el 94% de los que residen en hogares con ingresos hasta un 20% por encima de la línea— no cobra pasividades.

Es factible que la caída de la inflación (y la estacionalidad) reduzca la incidencia de la pobreza en este segundo semestre, pero ello no debería matizar el hecho de que la magnitud de los recursos necesarios (sin considerar otros gastos necesarios para atender la “pobreza no monetaria”), y el tiempo que insumiría obtenerlos, exceden ampliamente a este período de gobierno y al próximo; el “combate” a la pobreza debería volverse una política de Estado, como tantas otras. Caso contrario, nos encaminamos a que dentro de 10 o 15 años, 1 de cada 5 jóvenes en condiciones de ingresar al mercado laboral habrá vivido su niñez y adolescencia en condiciones de pobreza, lo que indefectiblemente dificultará su inserción y sus ingresos.