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Novedades en el frente fiscal: desafíos actuales y sostenibilidad futura

A pesar del aumento en el déficit fiscal de abril, las perspectivas a largo plazo se mantienen positivas.

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Análisis fiscal
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Getty Images

El mes de junio comenzó con una serie de novedades significativas en materia fiscal: (i) se dio a conocer el dato del resultado fiscal del mes de abril, (ii) la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó su segundo reporte trimestral del año en el que se presentó la actualización de las necesidades de financiamiento y estrategias de fondeo del Gobierno para 2023, (iii) la misma entidad publicó el primer reporte de bonos soberanos indexados a indicadores climáticos, y (iv) se lograron avances notables mejoras en la calificación de la deuda.

Déficit fiscal

El Gobierno continuará priorizando la solidez de sus finanzas públicas, aunque cumplir con los compromisos parece cada vez más desafiante. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anticipa un déficit fiscal del 2,7% para 2023, según lo establecido en la Rendición de Cuentas. Los objetivos son ambiciosos pues implican una mejoría del 0,7% del PIB en comparación con el valor de 2022, que se ubicó en el 3,4% del PIB.

El dato de abril, conocido hace algunos días, indicó un deterioro en las cuentas públicas, lo que supone un reto aún mayor para estos compromisos. El déficit fiscal del sector público consolidado se ubicó en el año móvil cerrado a abril en el 3,6% del PIB. Este nivel representa un aumento respecto al valor de cierre de 2022, y un incremento de más de un punto del PIB si lo comparamos con el valor de septiembre del año pasado, cuando registró su valor mínimo. A partir de ese mes se observó un deterioro de las cuentas públicas.

El incremento del déficit se explica tanto por una disminución en los ingresos como por un incremento en los egresos. En lo que respecta a los gastos, la nueva estructura fiscal establece que el gasto público primario total no crezca más que la tendencia del PIB (que se sitúa en torno al 2%). Respetar esta norma en el actual contexto, especialmente en vista del próximo año electoral, será un considerable desafío. Si bien se prevé que los costos vinculados al Fondo COVID disminuyan este año, contribuyendo así a la mejora del resultado fiscal, también se esperan incrementos en los gastos por remuneraciones como consecuencia de una subida del salario real, y aumentos en las transferencias y las inversiones, como ya se observaron en los últimos meses. En el mismo sentido, el resultado se verá impactado por la sequía: por las transferencias realizadas para mitigar el impacto de la sequía en los productores rurales, mayores gastos o inversiones por parte de OSE, y menores ingresos debido a que no se han realizado exportaciones de energía eléctrica. Mientras que en términos de ingresos, se ha observado una reducción en los ingresos fiscales del Gobierno Central.

Necesidades de financiamiento y estrategias de fondeo del Gobierno para 2023

El reporte de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó una actualización de las necesidades de financiamiento y estrategias de fondeo del gobierno para 2023. Las necesidades de recursos para 2023 se revisaron al alza a 4.299 millones de dólares, una cifra superior a los 4.210 millones de dólares proyectados en el último informe de febrero de 2023.

Para afrontar estas necesidades, el gobierno prevé financiarse a través de emisiones en el mercado de bonos por 3.825 millones de dólares. Adicionalmente, se prevé que 396 millones de dólares provengan de desembolsos de préstamos con Organismos Multilaterales, mientras que el resto se obtendrá de otras fuentes de financiamiento.

Por otra parte, al final del primer trimestre de 2023, se estimó que la deuda bruta del Gobierno Central correspondía a un 57,6% del PIB, lo que representa un aumento de 0,2 puntos porcentuales en comparación con el cierre de 2022. Por otro lado, se estima que la deuda neta alcanzó el 54,3% del PIB, lo que implica un aumento de 1 punto porcentual con respecto al cierre del año 2022.

En cuanto a la estrategia de gestión de deuda del gobierno, se basa en tres pilares. En primer lugar, se busca impulsar el desarrollo de mercados de deuda en moneda local, tanto a nivel nacional como internacional. En segundo lugar, se pretende mantener controlado el riesgo de refinanciamiento a través de operaciones de manejo de pasivos. El gobierno seguirá llevando a cabo operaciones de canje y recompra de títulos a corto plazo, con el propósito de extender los vencimientos y minimizar el riesgo de refinanciamiento. Esto también tiene como objetivo aumentar el tamaño de los valores en circulación, consolidar los bonos de referencia en el mercado y mejorar la liquidez. Por último, se está desarrollando instrumentos de préstamo con Organismos Multilaterales que vinculen el costo de capital con el cumplimiento de los objetivos ambientales del país bajo el Acuerdo de París.

Uruguay en la vanguardia en materia de finanzas sostenibles,

En relación a este último aspecto, el gobierno publicó el primer Reporte Anual del Bono Indexado a Indicadores de Cambio Climático (BIICC), junto con el informe de Verificación Externa realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El BIICC de Uruguay, emitido en octubre de 2022, marcó la entrada del país en el mundo de las finanzas soberanas sostenibles. El SSLB vincula directamente la estrategia de financiación y el coste de capital del gobierno a la consecución de los objetivos climáticos y naturales de Uruguay establecidos en el Acuerdo de París. Esta publicación representa un hito en el plan de acción de Uruguay para cumplir sus ambiciosos objetivos y plazos de sostenibilidad.

Mejoras en la calificación soberana

Si bien, como se expuso anteriormente, pueden existir desafíos para cumplir con los compromisos fiscales a corto plazo (2023), se han realizado cambios estructurales relevantes con la nueva regla e institucionalidad fiscal que han sido reconocidos por las agencias calificadoras y que aseguran la salud de las finanzas públicas del largo plazo. En los meses de mayo y junio ocurrieron mejoras significativas en la calificación crediticia de la deuda uruguaya por parte de las principales calificadoras: S&P Ratings elevó la calificación de Uruguay a BBB+ con perspectiva estable, Moody´s mejoró la perspectiva de estable a positiva, reafirmando el grado Baa2, y Fitch anunció la mejora de la calificación de BBB- a BBB. Las tres calificadoras destacaron el sólido cumplimiento de la regla fiscal y la aprobación de la reforma de la seguridad social.

-Sofía Harguindeguy es Gerente del Área de Consultoría Económica de Grant Thornton Uruguay y Paraguay

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