OPINIÓN

En líneas generales, se estaban implementando ajustes y reformas para asegurar la sostenibilidad de la deuda, hecho que había incentivado la mejora de los balances fiscales con respecto a años anteriores. Se vislumbraba así una estabilización de la deuda en el mediano plazo.

Pero la pandemia ha frenado, —y en algunos casos revertido— los procesos de consolidación fiscal de la región. De hecho, el déficit fiscal promedio para la región se ampliará considerablemente este año, pasando del 1% del PIB que se estimaba en enero, a un 7,5% del PIB. Además, las necesidades de financiamiento del sector público se incrementaron de un promedio de 5,5% del PIB en 2019 a más del 11% del PIB en 2020. Incluso cuando los déficits retornen a niveles más moderados superada la coyuntura, el aumento en el stock de deuda tardará tiempo en revertirse.

Ante esta situación, ¿es posible que la región evite una nueva crisis de deuda? La respuesta inicial es que la mayoría de las economías están en condiciones de hacerlo. La primera preocupación es si los países pueden obtener la liquidez externa necesaria para cubrir los compromisos externos a corto plazo, considerando las salidas masivas de capitales de la región y de las economías emergentes que se registraron a inicios de marzo.

Un dato positivo es que las rebajas de tasas de interés e inyecciones de liquidez de los bancos centrales de las principales economías avanzadas, como la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, han calmado a los mercados internacionales y mejorado el apetito por los activos de los países emergentes. Al menos por ahora, esta mayor disponibilidad de recursos en los mercados internacionales de capital permite cierto alivio a los países de la región.

Esto nos lleva a una segunda preocupación: ¿podríamos tener problemas de sostenibilidad de la deuda a medio plazo? Los países que contaban con bajo endeudamiento antes de la crisis —de menos del 30% del PIB— no enfrentarán problemas de acceso al financiamiento este año. Este es el caso, por ejemplo, de Chile, Paraguay y Perú. Estos países no solamente colocaron deuda en mercados internacionales a tasas relativamente bajas, sino que disponen de fondos de ahorro público y espacio para cubrir sus necesidades de financiamiento en los mercados domésticos. A mediano plazo, estas economías tampoco presentarán riesgos de insolvencia.

Hay otro grupo de países que parten de niveles de deuda más elevados y tampoco están enfrentando problemas serios para financiarse en los mercados internacionales y domésticos. Uruguay, por ejemplo, recientemente colocó deuda a tasas por debajo del 4%. Estas economías tampoco enfrentarán riesgos de insolvencia a mediano plazo. Sin embargo, la deuda se estabilizaría en niveles más elevados, poniendo en riesgo su calificación crediticia de grado de inversión, en ausencia de esfuerzos adicionales de consolidación.

Finalmente, hay países con problemas de liquidez o de solvencia que habían perdido el acceso a los mercados antes de la crisis y enfrentan procesos de reestructuración. Un agravante en estos casos es que la mayor parte de la deuda está en una moneda que no emiten, haciéndolos más dependientes del financiamiento externo y vulnerables a cambios en las condiciones en los mercados internacionales de capital.

Estas diferencias sobre la situación fiscal de los países de la región revelan la importancia de preservar el orden en las cuentas fiscales. No es casualidad que aquellos con un sólido historial de disciplina e institucionalidad fiscal pudieron ofrecer, cuando fue necesario, paquetes fiscales más contundentes para mitigar los efectos del fuerte choque causado por el coronavirus.

En ausencia de mayor espacio fiscal, la respuesta en el resto de los países ha sido modesta o casi nula. Sin embargo, una respuesta fiscal menor a la necesaria hoy podría coartar el potencial de crecimiento económico a mediano plazo. Un proceso de consolidación contractivo y concentrado en el corto plazo generaría el mismo resultado.

La ampliación de la deuda parece tan inevitable como necesaria para sortear esta crisis. Siendo este el caso, bien podría ser ésta una oportunidad para repensar la institucionalidad fiscal en la región, mejorando las reglas fiscales y adelantando reformas tributarias y de los sistemas de pensiones. Esto permitiría generar ajustes creíbles que garanticen la sostenibilidad de la deuda, pero con la gradualidad que esta particular coyuntura demanda.

Esperemos contar con los consensos sociales y políticos para lograr estos acuerdos. Sobre la base de los esfuerzos que se adelanten en los próximos años, el arsenal de la política fiscal estará mejor preparado no solamente para sortear esta crisis, sino las que vengan.

(*) Directora de Estudios Macroeconómicos en CAF