La situación macroeconómica de un país es el resultado al que se llega por la aplicación de una determinada combinación de sus políticas fiscal, monetaria y cambiaria. Obviamente eso no implica que esa situación sea la deseada pues se refiere a que es el resultado de la aplicación de esas políticas y puede que resulten con inflación alta, con crecimiento productivo menor al que se podría tener de acuerdo con el stock de factores productivos disponible y por situación no deseada de sus reservas internacionales.

La corrección de esa situación puede ocurrir automáticamente, lo que llevaría mucho tiempo y con etapas muy duras por ajustes naturales de variables como la inversión, el consumo y las exportaciones y sus consecuencias sobre el empleo y los salarios. O puede suceder por nuevas combinaciones de las políticas mencionadas que acelerarían la salida y marcarían el sendero hacia una situación macroeconómica mejor. Pero un conjunto de políticas más consistente con mejores resultados, no asegura la continuidad en el tiempo del crecimiento en un contexto de estabilidad de precios y con buenos resultados en el sector externo del país, sobre todo, en el del saldo comercial de bienes y de servicios. Es necesario, entonces, que se genere un contexto para ese resultado, para que el crecimiento sea a tasas relativamente más altas y de manera continua.

En los últimos tiempos existen sugerencias tanto de economistas como de otros profesionales y de políticos, para que Uruguay pueda crecer a ritmo más acelerado en un entorno de baja inflación. Las propuestas son de medidas que se cree que pueden generar su contribución al mayor crecimiento en el futuro. Se trata de la misma inquietud que han tenido otros países en distintos momentos y que han tomado medidas para vivir una realidad económica muy distinta y mejor a la que originaba su inquietud. Países, la mayoría de ellos, que se han jugado desde el comienzo, al estímulo de su comercio exterior. Se puede citar, entre ellos, a Japón desde la década de los 50 y a los denominados “newly industrialized countries” en la década de los 70: Corea, Singapur, Hong Kong y Taiwan.

Creo que si bien muchas de las propuestas que se han conocido últimamente para mejorar el comportamiento productivo en Uruguay son condición necesaria para el aumento de la producción y del ingreso per cápita del país, la dimensión del mercado interno, relativamente pequeño nos deberían impulsar a comenzar esa tarea estimulando el comercio exterior, tanto por el lado de las importaciones como, obviamente por el de las exportaciones. Pero, ¿se podrá?. En la década de los años 70 la economía uruguaya hacía una década y media que se encontraba estancada por agotamiento del “modelo de sustitución de importaciones” que prohibía la libertad de importar o se impedía con altos aranceles y hasta con cargas financieras para proteger a la pequeña industria nacional. Por otro lado se gravaba fuertemente a las exportaciones del agro y con bajos tipos de cambio se desestimulaba a las ventas externas en general. El estancamiento señalado llevó a que, poco a poco se fuera dando una apertura comercial que además de la progresiva reducción de la protección arancelaria terminó con los subsidios a las exportaciones no tradicionales y eliminó los impuestos a las exportaciones tradicionales. Todo eso pese a las críticas y oposición generalizada que hubo al comienzo del proceso y en los y 80 los resultados mejoraron la actividad productiva local. Pero si bien un comercio exterior relativamente más libre, con menos distorsiones arancelarias y otras de similares efectos ha sido indispensable para mejorar la actividad productiva, han existido otros factores que impiden el crecimiento de la inversión privada para que continúe la expansión productiva por incremento del comercio exterior, tanto por las exportaciones como por las importaciones. Y hay, a mi juicio, uno de esos factores que incidirá para que con el comercio exterior no crezca a un ritmo mayor al actual y con él, la producción local.

La expansión del comercio exterior tiene como condición necesaria el aumento de la inversión privada la que requiere del incremento de lo que es el actual ingreso disponible -ahorro- de personas y empresas residentes luego del pago de sus impuestos. Tenemos hoy una presión tributaria -pura- del orden del 18,7% del PIB por tributos directos e indirectos. Los primeros -IRAE, IASS, Patrimonio, etc.- que en 2006 representaban el 20% de la recaudación tributaria total, en 2023 han constituido el 42% y por su parte, los impuestos indirectos -IVA, IMESI, etc.-- han disminuido su participación de 80% a 58% en igual lapso. No obstante ese cambio de estructura de gravámenes y el aumento ocurrido en la presión tributaria, el gobierno central mantiene un resultado financiero deficitario.

Los datos indicados no permiten, entonces, un aumento del ingreso disponible de los sujetos económicos indicados por abatimiento de impuestos sobre todo directos. Obviamente una mayor presión tributaria como se escucha -que tiene espacio-, por parte de algunos economistas y tributaristas, reduciría el ingreso disponible privado y agravaría el contexto para invertir y expandir el comercio. Ello lleva a que no se cumple la condición necesaria para que aumente la inversión privada de residentes y solo con inversión privada de no residentes -algo difícil que ocurra en la intensidad necesaria-, será difícil una proyección comercial externa que induzca un crecimiento mayor de la actividad productiva. La difícil disminución del gasto del gobierno central en el contexto de la seguridad social actual y proyectada hace imposible anticipar un crecimiento más alto como el deseado.