Mario Costeja González es un abogado y perito calígrafo español. En el bastante lejano 19 de enero de 1998, el diario La Vanguardia de Cataluña publicó un habitual aviso de subastas del Ministerio de Trabajo con inmuebles embargados. Entre una veintena de propiedades figuraba una ubicada en la localidad de San Feliú de Llobregat, de 90 metros cuadrados, que le pertenecía a él y su esposa. El aviso los identificaba claramente.

Mario Costeja González es un abogado y perito calígrafo español. En el bastante lejano 19 de enero de 1998, el diario La Vanguardia de Cataluña publicó un habitual aviso de subastas del Ministerio de Trabajo con inmuebles embargados. Entre una veintena de propiedades figuraba una ubicada en la localidad de San Feliú de Llobregat, de 90 metros cuadrados, que le pertenecía a él y su esposa. El aviso los identificaba claramente.

Para su mala suerte, diez años después La Vanguardia decidió digitalizar íntegramente sus ediciones desde el primer número publicado en 1881. Para ese entonces Mario Costeja se había divorciado y pagado la deuda. Pero… un día prendió su computadora, puso su nombre en Google y apretó “buscar”. Grande fue su sorpresa cuando se encontró con aquella página de 1998 donde figuraba como embargado y casado.

Costeja, ahora consultor de empresas, se apersonó rápidamente en La Vanguardia y solicitó la remoción de esa información, pero el diario no estaba dispuesto a sufrir mutilaciones en los archivos de su historia y menos tratándose de una información que era correcta al tiempo de su publicación y que había sido solicitada por un organismo del Estado.

El abogado por su parte no estaba dispuesto a tolerar que una pequeña falla de su pasado que había subsanado viniera a perturbar su presente venturoso: cualquier cliente o presunto cliente podía poner su nombre en la hemeroteca de La Vanguardia y habría aparecido el embargo. Era necesario silenciar o hacer desaparecer lo ocurrido, así que decidió seguir su lucha.

Costeja inició el procedimiento administrativo ante la Agencia Española de Protección de Datos para lograr que la información fuera suprimida de Internet. La Agencia decidió que el reclamo de Costeja tenía fundamentos, pero no se podía tirar contra el diario por las garantías de la libertad de prensa. Así que eligió cargar contra el mensajero, Google en este caso: en su casa matriz (Mountain View, California) y en España, Google fue intimado en 2010 a proceder a la eliminación. Obviamente que Google se resistió y el asunto llegó a los tribunales.

Dada la magnitud y las consecuencias del fallo, la audiencia española decidió realizar en 2012 una consulta con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la controversia, lo cual sentaría jurisprudencia no solo para España sino también para toda la UE.

Pasaron dos años, hasta que llegó la sentencia. El TJUE acogió el reclamo de Costeja y consideró que estaba amparado por el “derecho al olvido” en una interpretación amplia de la política de protección de datos y que Google debía remover toda referencia al pasado moroso del reclamante. En el futuro, los “buscadores” no podían entrar a esa página de La Vanguardia.

El “Derecho al olvido” surgió, en realidad para proteger datos personales (de identidad, fiscales, crediticios, bancarios…) e impedir su divulgación. Que incluso pueden haberse acumulado en la red a través de los años y de golpe aparecer como fantasma del pasado, afectando su honor, intimidad o imagen. Pero también hay cuestiones vinculadas con la justicia penal que el ser humano busca olvidar, pero la red no lo deja.

Más allá de que la sentencia del TJUE tuvo enorme repercusión en la UE y todo el mundo conoció la “verdadera historia” del abogado y perito calígrafo Mario Costeja (quiso eliminar un enlace de Google y hoy tiene como 100.000), la decisión aparejó consecuencias de enorme trascendencia.

A partir de la sentencia, se estima que hay más de 500.000 solicitudes de ciudadanos europeos para que Google elimine enlaces de sus resultados de búsqueda porque, a su entender, los afectan o dañan su reputación. La Comisión Nacional de Informática y de las Libertades (CNIL) de Francia llegó a reclamar a Google la desindexación de contenidos “en todos sus dominios en el mundo” lo que traduce un planteo con potenciales consecuencias extraterritoriales sobre la libertad de expresión y el acceso a la información.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reaccionó contra este pedido porque difícilmente la libertad de expresión podrá sobrevivir en Internet si las leyes de cada nación se aplican a todos los sitios web. Advirtió al CNIL que su criterio puede inducir a países con regímenes represivos y autocráticos a que busquen imponer a nivel internacional las restricciones y censuras que aplican a sus jurisdicciones nacionales, al tiempo que el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, Claudio Paolillo, encargó el seguimiento del tema a un comité encabezada por el periodista y abogado argentino Carlos Jornet de La Voz de Córdoba.

El tema ya está instalado en algunos países de la región e incluso se han presentado proyectos de ley para regularlo. Hay un conflicto siempre latente entre la libertad de expresión y el acceso a la información y el derecho a la intimidad. Cómo se resuelva en cada país, traerá sus consecuencias porque los límites no siempre son claros y hay muchas zonas confusas. Y además, las sentencias son aplicables solo en el territorio de jurisdicción del tribunal, mientras que el olvido aspira a ser universal. Esto recién empieza.