Gerardo Sotelo
Gerardo Sotelo

Diálogos

Las conversaciones entre el Poder Ejecutivo y los representantes de la oposición sobre seguridad parecen navegar hacia buen puerto. Al menos si por esto entendemos la concreción de algunos acuerdos que, sin alterar dramáticamente las políticas públicas en la materia, reflejen cierto consenso sobre un tema controversial y preocupante.

Las conversaciones entre el Poder Ejecutivo y los representantes de la oposición sobre seguridad parecen navegar hacia buen puerto. Al menos si por esto entendemos la concreción de algunos acuerdos que, sin alterar dramáticamente las políticas públicas en la materia, reflejen cierto consenso sobre un tema controversial y preocupante.

Sin embargo, algunos expertos en materia penal y policial advierten la diferencia entre alcanzar acuerdos para modificar aspectos específicos de la seguridad pública (como el aumento de las penas, la prisión preventiva y las libertades anticipadas) y considerar el problema en su trama multidisciplinaria y sistémica.

Hasta ahora, la agenda de discusión no ha entrado en aspectos cruciales, como la prevención del delito o la política de rehabilitación carcelaria. No se sabe si por la urgencia que impone una situación que no parece mejorar a pesar de la inversión y los cambios introducidos, o porque, políticos al fin de cuentas, los participantes piensan primeros en dar las señales que la ciudadanía estaría demandando, aunque estas no necesariamente tengan un sentido de prioritario o cardinal.

Una mirada serena repararía en que la matriz del problema no está en la aplicación del Código Penal ni en las propias penalizaciones, aun siendo estas dos herramientas fundamentales en su solución.

Si de verdad se quiere disminuir drástica y definitivamente el “imparable” aumento de la delincuencia, que no ha parado de crecer en el último cuarto de siglo, no puede dejar de articularse las políticas represivas con las preventivas, lo que no ha ocupado un lugar prioritario del menú de los dialogantes.

Prevención y rehabilitación son las dos puntas de este drama sin final a la vista. Todo lo que se haga en el medio (como perseguir, detener, juzgar, procesar, condenar y encarcelar) será infructuoso por buenos que sean los acuerdos si no se encuentra la manera de romper el círculo perverso que perpetúa y multiplica el delito y los delincuentes.

Pero el diálogo tiene aristas de otra índole.

Si el presidente Tabaré Vázquez logra que se alcancen algunos acuerdos legislativos y ejecutivos multipartidarios, la oposición quedará atada a los resultados. Esto quiere decir que el problema del aumento o la baja de las rapiñas o los homicidios -incluso de la sensación de inseguridad-, ya no será exclusiva cuenta de Bonomi y el Frente Amplio. En algún punto, el consenso sube al barco de las políticas públicas a todo el sistema político, por lo que dejará de ser un tema de crítica y, eventualmente, también de campaña.

En sentido inverso, si el experimento sale bien, la oposición podrá ufanarse de que los aciertos se deben en buena medida a su responsabilidad política, pero Vázquez y el oficialismo también habrán demostrado vocación y capacidad de construir políticas de Estado.

A propósito, sería bueno que el presidente considerara la posibilidad de convocar a un diálogo interpartidario en materias como educación, políticas sociales o comercio exterior. El país no puede seguir prisionero de las excentricidades con las que una parte muy importante del Frente Amplio bloquea cualquier avance en asuntos de tanta trascendencia.

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