Según Economía, escribano e inmobiliaria debieron reportar la operación

Tres días para pagar US$ 365.000 de multa en venta de El Entrevero

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sancionó a los profesionales que intervinieron en la venta de la estancia El Entrevero. La compra de ese campo forma parte de una causa de la Justicia de Crimen Organizado para saber si empresarios kirchneristas lavaron dinero en Uruguay proveniente de la corrupción en Argentina.

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Lázaro Báez es investigado por una red de lavado de dinero vinculado al kirchnerismo.

El escribano que intervino en la compraventa y el operador inmobiliario que participaron del negocio deberán pagar una multa de US$ 276.035 y US$ 88.934, respectivamente, por incumplimiento de las obligaciones impuestas en la ley de lavado de reportar las operaciones sospechosas.

Ambos profesionales fueron intimados a pagar la multa en el plazo de tres días hábiles, establece la resolución del MEF.

Sin embargo, sus abogados dijeron que no fueron notificados de la resolución y estudiarán los argumentos para decidir si la apelan. El abogado del escribano, Augusto Durán Martínez, expresó a El País "sorpresa" por el trascendido ya que no recibió ninguna comunicación oficial.

Juez mandó datos

El campo de 150 hectáreas ubicado en el kilómetro 171 de la ruta 10, cerca de José Ignacio, se vendió el 1 de agosto de 2011 en US$ 14 millones y no fue reportada al Banco Central, como lo establece la ley. La compradora de la propiedad es Jumey, una sociedad anónima presidida en ese momento por Daniel Pérez Gadín, contador de Lázaro Báez, a quien la Justicia argentina investiga como el presunto líder de la red de lavado asociada al expresidente Néstor Kirchner, según informó El Observador en mayo de 2013.

En Uruguay la causa penal se estancó por demoras de la Cancillería argentina para dar trámite a las solicitudes de la Justicia uruguaya. A pedido del fiscal Juan Gómez, la jueza Adriana de los Santos pidió que se le informe cuál es el delito precedente que se indaga en Argentina para saber si es delito en el país y poder avanzar.

Una fuente judicial allegada al magistrado argentino, Sebastián Casanello, dijo a El País que el juez envió días atrás a Uruguay los antecedentes sobre Pérez Gadín y la compra de El Entrevero que el magistrado tenía. Además, el juez pidió información a Estados Unidos sobre otras transacciones vinculadas a Baez, según esas fuentes.

Carácter disuasivo.

La resolución del MEF establece que el escribano y el inmobiliario incumplieron "los requisitos de debida diligencia que estaban obligados a observar a efectos del debido conocimiento de sus clientes, del beneficiario final y del origen de los fondos empleados en la transacción".

"Las sanciones impuestas en el caso procuran desestimular este tipo de transacciones sin contar con la debida información de los clientes, revistiendo el carácter disuasivo que recomiendan los estándares internacionales", señala la resolución del MEF que tiene fecha 23 de febrero y fue divulgada ayer.

En el caso del operador inmobiliario, la multa corresponde al 70% del monto que cobró por la operación que fue de US$ 127.049, sin IVA. Para fijar esa suma Economía consideró que no valoró adecuadamente el riesgo de la venta dado el significativo valor de la operación, el nivel de riesgo de lavado en el sector, la ubicación del terreno y el origen de los compradores. Como atenuante consideró que no participó en todas las etapas de la operación.

La resolución que trata la situación del escribano no fue publicada en Presidencia. No obstante, por medio de un comunicado, el MEF informó del monto de la sanción.

El Banco Central inició la investigación en junio de 2013 luego de publicada la información en El Observador y divulgada en el programa argentino Periodismo para Todos que conduce Jorge Lanata. En ese momento el entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo anunció en el Parlamento que se actuaría "con todo el rigor sancionatorio".

El abogado del escribano planteó que está "absolutamente convencido" de que el profesional "actuó con la debida diligencia, con los elementos con que se contaba al momento de la operación". En tanto, la defensa del operador inmobiliario señaló que intervino sólo en la etapa precontractual, que su cliente era el vendedor, que la venta se realizó por transferencia bancaria, y cuestionó que no se haya hecho lugar a las pruebas que pidió.

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