UNA PLANTA COSTOSA
Senador del FA y el exejecutivo indagados por costo de la planta de etanol.
El expediente del caso Ancap tiene 2.720 hojas. Ello obligó a la jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, a solicitar a su oficina actuaria que se forme una segunda pieza.
En un oficio fechado el martes 7, la magistrada formalizó la citación del expresidente de ALUR, Leonardo de León —hoy senador de la Lista 711—, para que declare sobre el uso que le dio a las tarjetas corporativas de esa empresa y sobre eventuales sobreprecios pagos en la construcción de la planta de etanol de Paysandú.
La citación de De León, quien declarará como indagado, se efectivizará luego de que la jueza reciba informes pedidos a la Junta de Ética y Transparencia (Jutep) y a un equipo multidisciplinario. De León cuenta con fueros parlamentarios y podrá testificar por escrito. También declarará en calidad de indagado el ex gerente general de ALUR, Manuel González. Este será interrogado acerca de su participación en la suscripción de seis adendas (agregados) o contratos modificatorios celebrados entre ALUR y la española Abengoa, constructora de la planta de etanol.
En el escrito, al que tuvo acceso El País, Larrieu solicitó una serie de informes a la Junta de Ética y Transparencia (Jutep) y un equipo multidisciplinario —compuesto por el Banco Central y la Secretaría Antilavado, entre otros organismos— sobre negocios de Ancap.
Larrieu también se refirió en su escrito a la denuncia penal del Partido Independiente realizada en octubre pasado sobre el uso de las tarjetas corporativas por parte de De León.
El Partido Independiente señaló que De León utilizó las tarjetas corporativas de ALUR gastando en cuatro años un total de US$ 60.000. "Varios de esos gastos en el exterior se realizaron en ocasiones en que no se encontraba en viaje oficial de la empresa, con lo que resulta al menos difícil de explicar la razón por la cual han sido utilizados dichos medios de pago", señala el escrito al que tuvo acceso El País.
Bienes.
Por otro lado, Larrieu pidió a la Junta de Ética y Transparencia el informe solicitado por el fiscal Pacheco sobre el contrato firmado entre Ancap, Petroecuador y la empresa holandesa de intermediación Trafigura, acusada de corrupción en varios países. La magistrada ordenó que se envíe a la Junta los contratos y acuerdos transaccionales entre esas empresas y las denuncias del Partido Nacional y Unidad Popular sobre los negocios de crudo entre Uruguay y Ecuador. También ordenó que se envíe a la Jutep las declaraciones realizadas en la sede por los gerentes de Ancap, Nunzia Spagna (Comercio Exterior) y José María Pastorino (Negocios Energéticos); del ex- representante de Trafigura, Nicolás Simian y de todos los integrantes del Directorio del ente.
Larrieu ordenó que ALUR le envíe, en forma urgente, un informe sobre si la empresa cuenta con una reglamentación respecto del uso de las tarjetas corporativas y, en caso afirmativa, proporcionarla. Pacheco había solicitado a Larrieu que enviara dicho oficio a ALUR.
La magistrada también exigió a ALUR que informe sobre qué integrantes de la empresa tuvieron acceso al uso de tales tarjetas y los períodos en los que Leonardo de León gozó de licencia especial o reglamentaria, con o sin goce de sueldo, entre los años 2011 y 2015 inclusive. Una vez que el Juzgado reciba esa información, será remitida al equipo multidisciplinario designado por Larrieu.
La magistrada habilitó a la Jutep a que abra los sobres que contienen las declaraciones juradas de Sendic y del senador De León y que luego le envíe un informe sobre las mismas.
Crudo.
En agosto de este año, el Partido Independiente entregó en el Juzgado Especializado de Crimen Organizado informes de auditorías internas de Ancap sobre compras de petróleo realizadas en 2015 y 2016
"Quedó en evidencia que existían fuertes debilidades en el control de los procedimientos de control de crudo y que era parte de la denuncia que hicimos hace ya un tiempo", dijo el líder del Partido Independiente, senador Pablo Mieres.
Ayer, Mieres y su abogado Pablo Donnangelo presentaron en el Juzgado de Crimen Organizado un escrito de 20 páginas que contenía los resultados de una auditoría efectuada en 2016. Estos señalaban que las anomalías en las compras de petróleo recién se solucionaron en el correr de este año.
La semana próxima definen juicio político.
Aunque está pendiente un pronunciamiento de la bancada del Partido Nacional al respecto, el diputado Pablo Iturralde aseguró a El País que sigue con la intención de promover un juicio político contra el senador Leonardo De León por el uso de la tarjeta corporativa en la época en que presidió Alcoholes del Uruguay (ALUR), una firma subsidiaria de Ancap. La semana próxima, si no hay definición en su partido, el legislador llevará el escrito que preparó con su fundamentación jurídica a la presidencia de la Cámara de Representantes pidiendo el inicio formal del procedimiento. En caso de ser votado el juicio en el plenario de la Cámara, el procedimiento pasará al Senado donde se instrumentará el juicio, de acuerdo con lo que establece la Constitución. En el escrito, al que accedió El País, Iturralde sostuvo que De León con los gastos personales que hizo con la tarjeta corporativa de ALUR "se apropió" en su "beneficio de dineros públicos". Considera que se debe "juzgar la probidad" del senador oficialista que es hombre de confianza de Sendic. Para el legislador "un Senador de la República no puede ser deshonesto, no puede ser corrupto, no puede ser quien se benefició a merced de la hacienda pública". Al considerarse a De León como funcionario público, en el escrito que presentará el legislador se reproduce el artículo 153 del Código Penal (CP) que se refiere al delito de "peculado". El diputado Iturralde ya ha hablado del tema con los coordinadores de las bancadas blancas Alianza Nacional y Todos, Pablo Abdala y Gustavo Penadés, respectivamente.
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