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JORGE REBELLA

El superávit fiscal no es un objetivo de principio; pero eso no significa que cualquier situación fiscal sea aceptable. Por ejemplo, hay proyecciones de que este año el PIB de Uruguay evolucione dentro de un rango que va desde una caída del 1% hasta un crecimiento del 2,5%. En ese escenario, cerrar el ejercicio anual con un déficit fiscal equivalente al 2% del producto no constituye una debacle, afirmó el economista Héctor Tajam, diputado del Frente Amplio en representación del Movimiento de Participación Popular (MPP). En diálogo con ECONOMIA & MERCADO, el entrevistado analizó los enfoques de política económica que, a su juicio, podría adoptar el próximo gobierno en caso de asumir el precandidato José Mujica como presidente de la República. A continuación un resumen de la entrevista.

-¿Ha conseguido la economía uruguaya reducir sus vulnerabilidades aprovechando el período de bonanza registrado entre 2004 y 2008?

-Sí. Es un logro que nuestra economía haya recorrido este período de crecimiento sustancial sin haber inflado una burbuja financiera, como sucedió en las décadas del setenta y del noventa. Sin duda, es un tema central ya que coloca al sistema bancario local en una situación relativamente segura frente a la crisis financiera de los países centrales.

En segundo término, el gobierno ha aprovechado los mejores ingresos de los últimos años para enfrentar varios problemas sociales, tales como abatir la alta tasa de indigencia, dar cobertura de asistencia médica a mucha gente que tenía acceso nulo o muy limitado a los servicios de salud, y cumplir con el compromiso de alcanzar una mejor distribución del ingreso mediante la reforma tributaria.

En tercer lugar, se redujo significativamente la vulnerabilidad de la deuda pública al haber sido reestructurada de forma muy importante en cuanto a plazos, moneda y tasas de interés, así como quitarse de encima la condicionalidad sobre la política económica cancelando la deuda con el FMI, que siempre propuso medidas procíclicas.

Cuarto, se aprovechó el aumento de la demanda externa para diversificar los mercados de los productos exportables, con lo cual hoy Uruguay le vende a más de 120 países. Y, quinto, se incrementaron las reservas internacionales del BCU que superan los US$ 7.000 millones actualmente.

-¿Cuál será el principal desafío que habrá de enfrentar el próximo gobierno en el área económica?

-Hay tres elementos que requieren especial cuidado: seguir mejorando la distribución del ingreso, asegurar la provisión de energía y mantener una senda de crecimiento económico que no distorsione la estructura productiva del país. En cuanto a este último punto, siempre nos ha preocupado la industrialización de la producción agropecuaria, pero compruebo que no se ha avanzado en ese sentido, pese al dinamismo creciente que exhibe este sector a partir de la salida de la crisis de 2002. Por ejemplo, la producción de soja se está exportando prácticamente sin ninguna transformación. Tampoco la ganadería ha logrado ir más allá de la instancia frigorífica.

-¿Prevé grandes cambios en la conducción económica del país si el senador Mujica es electo presidente de la República?

-Indudablemente va a haber cambios, pero no serán radicales. Se basarían fundamentalmente en las propuestas del programa del 5º Congreso del Frente Amplio, sobre todo en el capítulo referido al desarrollo económico. También se potenciarían ciertos instrumentos construidos en el actual período de gobierno y que van a dar sus frutos durante la próxima administración, tales como la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley de Educación y la Reforma Tributaria. Por otra parte, la introducción de nuevos enfoques en la política económica va a depender de que la crisis global se agrave o no.

-En el marco de esta crisis global, ¿es conveniente que el gobierno ponga énfasis en incentivar la demanda interna para un mercado de tan sólo 3,3 millones de consumidores?

-Hay que conciliar dos elementos en este tema. Por un lado, Uruguay produce determinados bienes muy por encima de la capacidad de consumo de su población, como son los casos del arroz, carne y soja. Es evidente que esa realidad indica el camino hacia la exportación. Por otro lado, la composición de las cuentas nacionales muestra que más del 80% del PIB corresponde al consumo interno, pese a las reducidas dimensiones del mercado local. Cabe señalar que, desde la crisis de 2002, el consumo interno uruguayo es abastecido aproximadamente en un 50% por productos importados. En consecuencia, existe un espacio que la producción nacional podría recuperar y que podría definir, sobre todo en 2009 y 2010, el nivel de crecimiento económico del país.

Meta fiscal

-En caso de una profundización de la crisis a nivel global, ¿preferiría dejar de lado la meta de superávit fiscal y así poder estimular la producción con recursos estatales para atenuar los efectos del ciclo adverso en la economía uruguaya?

-En realidad, esa meta ya ha sido dejada de lado en la medida que el Ministerio de Economía admite que, probablemente, este año se desvíe de la ruta transitada en materia fiscal desde 2005. Tampoco es factible que se registre un superávit fiscal primario en 2010 ante la previsible baja en la recaudación tributaria y la necesidad de aumentar el gasto público para llevar adelante políticas anticíclicas en el marco de la crisis económica internacional.

-Entonces, ¿no le preocupa que se vuelva a registrar un déficit fiscal primario el año próximo?

-El superávit fiscal no es un objetivo de principio; pero eso no significa que cualquier situación fiscal sea aceptable. Por ejemplo, hay proyecciones de que este año el PIB de Uruguay evolucione dentro de un rango que va desde una caída del 1% hasta un crecimiento del 2,5%. En ese escenario, cerrar el ejercicio anual con un déficit fiscal equivalente al 2% del producto no constituye una debacle. Basta recordar que el resultado de las cuentas del Estado en 2004 fue muy parecido al actual pese a que la economía creció un 11,8% ese año, según las cuentas nacionales con base 1983. Sin embargo, no me conforma ninguna de las dos situaciones. En un contexto de crecimiento económico, los equilibrios fiscales son posibles y recomendables; gracias a ellos el gobierno pudo reducir diversas vulnerabilidades. Pero, cuando la coyuntura cambia y la economía ingresa en un ciclo de baja, no es conveniente apuntar hacia ajustes fiscales en pos de un equilibrio porque esa política no es social ni económicamente beneficiosa.

-¿Tendrá el próximo gobierno que recurrir a un ajuste fiscal para sostener los actuales niveles de gasto público?

-No me parece acertado hablar, como lo están haciendo algunos analistas, de la necesidad de efectuar un ajuste fiscal en 2010 para que la nueva administración comience con las cuentas ordenadas. El año que viene deberán sentarse las bases sobre las cuales se habrá de votar un presupuesto quinquenal, de acuerdo con las proyecciones de crecimiento para ese período. Por lo tanto, tendrán que analizarse las potencialidades de la recaudación, el sistema fiscal que adoptará el nuevo gobierno y las obligaciones en materia de deuda pública. También deberá definirse una reforma del Estado, que asegure su mejor funcionamiento, que genere mayor productividad de los servicios públicos y que, sin aumentos muy grandes del gasto público, pueda cumplir cabalmente su rol de distribución del ingreso que recauda y de agente del desarrollo. Después que se establezcan esos fundamentos se va a programar un presupuesto, siendo factible que se admita un déficit fiscal para 2010, pero que, en base a la proyección del quinquenio, pueda ser neutralizado con las mejoras de la recaudación en los años subsiguientes, como efectivamente sucedió en el período 2005-07. Por otra parte, el nuevo gobierno no va a heredar una situación complicada en matera fiscal ni va a tener las urgencias que enfrentó esta administración cuando asumió en 2005.

Agropecuaria

-¿Qué acciones debería tomar el Estado para que la actividad agropecuaria mantenga su dinámica de crecimiento en el actual contexto económico?

-Hay que llevar a cabo una campaña muy agresiva para mantener y conseguir nuevos mercados para nuestros productos exportables. Además, es importante poner énfasis en una política de acercar conocimientos a todo el sector, como ha insistido Mujica en varias oportunidades. La Cepal sostiene que las cadenas productivas de Uruguay son muy cortas. En el caso de la carne, se comienza en el productor, continúa a través del transportista y llega hasta el frigorífico, que seguidamente exporta los cortes. Este proceso es aún más reducido en los principales productos agrícolas. Por lo tanto, es fundamental que se "alarguen" hacia atrás las cadenas productivas, agregando conocimiento -por ejemplo, incorporando paquetes de biotecnología- y nuevos desarrollos en la etapa intermedia y final.

-¿Se le debería otorgar al agro alguna ayuda financiera especial para enfrentar las secuelas de la sequía?

-Es aceptable dar apoyo financiero a algunos productores, pero otros -como dice Mujica- tienen espaldas anchas. Por lo tanto, habría que aplicar una política diferenciada sectorial y productiva. Un caso muy claro es la lechería que define a un sector con un gran potencial para avanzar en conocimientos y a un producto que es estratégico por su potencial exportador, colonizador y de arraigo de la gente en el campo. La otra diferenciación es con respecto a las categorías dentro de cada sector. En esta coyuntura, se le ha otorgado prioridad al productor familiar, que ha recibido la mayor cantidad de ayuda en forraje, aguadas, subsidios, etc.

-En los últimos años, grandes inversores extranjeros han ingresado a la actividad agropecuaria uruguaya, especialmente en cultivos y forestación. ¿Es partidario de imponer restricciones a la extranjerización de la tierra?

-Sí. Por un lado, es importante que se regule la adquisición de tierras por extranjeros en una franja fronteriza de cincuenta kilómetros. Incluso, los países vecinos cuentan con normas similares. Décadas atrás, este tema fue defendido en el Senado por Carlos Julio Pereira. Actualmente, está muy avanzado el estudio de un anteproyecto de ley sobre esta materia en el Poder Ejecutivo.

Por otro lado, hay condiciones para que se restrinja la propiedad del suelo en manos de extranjeros, ya que la inversión de capitales del exterior en campos, especialmente, para forestación y cultivos, ha tomado una fuerza muy grande. Por ejemplo, la reciente compra de gran parte de las tierras de Ence por Stora Enso y Arauco fue de tal magnitud que se ha creado el latifundio más grande que yo recuerde. Esto me preocupa porque puede ser el comienzo de la aparición de actores que definan el destino productivo del país.

-¿Cómo podría un segundo gobierno del Frente Amplio limitar la propiedad inmueble rural a los inversores extranjeros?

-Se podrían potenciar dos instrumentos legales vigentes. Uno sería la interpretación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible Nº 18.308, aprobada en 2008, que reglamenta algunas disposiciones de la Constitución referidas a que la propiedad privada, si bien está protegida, obedece al interés general. En este caso, puede haber "interés general" en que Uruguay no se transforme en un país de monocultivo. Si se comprobara que la inversión extranjera genera esas condiciones, se debería actuar en consonancia con la legislación. El otro instrumento a potenciar es la Ley de Defensa de la Competencia Nº 18.159, aprobada en 2007, cuyo órgano de aplicación recién se integró, y que podría actuar en estos casos de monopolios privados con clara posición dominante.

-¿Qué opina de la reforma tributaria aprobada en 2007 que introdujo el Impuesto a la Renta a las Personas Físicas (IRPF)?

-El IRPF era un compromiso del Frente Amplio con la ciudadanía. Estoy convencido de que este impuesto tiene que cumplir un rol más importante que el actual. Lo ideal sería continuar sustituyendo los impuestos indirectos si se quiere mayor equidad en el sistema tributario. Por ahora las evaluaciones realizadas indican resultados modestos en ese sentido, quizás influidos por el aumento en la recaudación del IVA, que ha registrado niveles récords como consecuencia del fuerte crecimiento económico de los últimos años.

-¿Ha resultado el IRPF una carga pesada para los trabajadores?

-Se ha avanzado mucho en cuanto al tratamiento de los ingresos del trabajo al haberse aumentado el mínimo mensual no gravado. Incluso este año, para la liquidación de este impuesto, se agregó la opción "núcleo familiar" que grava los ingresos de todos los integrantes de dicho grupo a partir de los $ 27.216, lo cual está bastante cerca del costo de la canasta familiar.

-¿Sería conveniente aumentar la carga impositiva sobre el capital?

-Se ha hablado de gravar las rentas del capital de las personas físicas, fijándose tasas imponibles por franjas como se aplica a los ingresos por trabajo. Pero esta propuesta tiene inconvenientes con las disposiciones legales relativas al secreto bancario. Por lo tanto, no sería de fácil aplicación.

-¿Prevé algún cambio en la tributación de las empresas extranjeras en un segundo período de gobierno del Frente Amplio?

-Más que en la tributación, el programa del FA apunta a que las inversiones extranjeras tengan efectos dinámicos no sólo en el empleo, sino también en las capacidades de especialización de la mano de obra y en la intensificación de I+D. En la construcción de la planta de Botnia, debió haberse obligado a esa empresa a capacitar a los trabajadores uruguayos y no habérsele permitido contratar personal extranjero especializado.

-¿Cómo evalúa al sistema de seguridad social en Uruguay?

-Sin duda este es uno de los problemas más serios de nuestro país debido a su escasa población y su bajo índice de crecimiento demográfico. Con el gobierno del FA, se han mejorado enormemente, en términos relativos, los montos de las distintas prestaciones de la seguridad social, pero aún siguen siendo muy magros para la inmensa mayoría de jubilados y pensionistas. Los pasivos son prisioneros de su propio número porque, cuando un aumento se tiene que multiplicar por 600.000 beneficiarios, las cifras se vuelvan astronómicas. Por esa razón, el BPS ha venido aplicando una política de incremento gradual de las pasividades más bajas. Pero, como estaban tan sumergidas, incluso habiendo sido triplicadas en algunos casos, apenas se ubican por encima de un salario mínimo.

-¿Qué opina del actual funcionamiento de las AFAP?

-Aún no se han visto los resultados positivos de las AFAP. Me opongo, en particular, a este sistema porque se le ha otorgado una concesión a un grupo de instituciones privadas que se limitan a recibir los aportes de los trabajadores afiliados -ni siquiera los recaudan ya que el BPS se los deposita directamente- y a recircular esos fondos mediante su inversión en bonos públicos. Con ese dinero, el Estado cubre parte del déficit de la seguridad social, con una cifra cercana a los US$ 1.000 millones anuales entre asistencia neta e impuestos afectados.

-¿Se ha reducido la asistencia financiera del Estado al sistema de seguridad social con el actual régimen previsional?

-En realidad, la asistencia del Estado se achicó porque la mayor fiscalización del BPS ha logrado afiliar a un número mucho mayor de trabajadores que antes no aportaban al sistema previsional y porque el crecimiento económico ha generado más empleo y mejores salarios. Si se continuara por ese camino, quizás se podría llegar a cubrir el déficit fiscal porque la financiación de la seguridad social progresivamente se ha universalizado. En otras palabras, lo paga toda la población, ya sea mediante el cobro de impuestos indirectos o a través de los ahorros de los trabajadores que circulan desde las AFAP a los papeles públicos.

-¿Ha alcanzado la Ley de Reforma de la Seguridad Social sus principales objetivos?

-Sólo ha cumplido en evitar que los ahorros de los trabajadores puedan ser licuados por algún gobierno, como había ocurrido en varias ocasiones. Para lograr ese objetivo, hubiera bastado con crear un fideicomiso. También se dijo que iba a promover la inversión. Hasta ahora lo que se ha conseguido son algunos negocios muy seguros como el Fondo Lechero y el Fondo Arrocero, lo cual está bien porque las AFAP tienen que cuidar los ahorros de los trabajadores; pero no han estado presentes para la inversión productiva. Tampoco cumplieron en dinamizar el mercado local de capitales como expresaba la exposición de motivos de la Ley Nº 16.713.

-¿No están las posibilidades de inversión de las AFAP muy acotadas por la legislación vigente?

-Si las AFAP invirtieran montos importantes en proyectos productivos nacionales, en ausencia de un financiamiento alternativo, el déficit público ascendería a niveles elevadísimos. Por eso, las administradoras del ahorro previsional tienen que colocar la casi totalidad de sus fondos en bonos del Estado. Si se observa el nivel de endeudamiento público, se comprueba que en moneda nacional ha crecido fundamentalmente por la deuda que tiene el sector público con las AFAP. Incluso la desdolarización de la deuda se debe en buena medida a las colocaciones del ahorro de los trabajadores.

-¿Cuáles serían las modificaciones básicas que recomendaría efectuar al sistema previsional?

-No veo la conveniencia de continuar con las AFAP porque no están justificando el lucro que obtienen. Una posibilidad a considerar es que se vaya sustituyendo el financiamiento de la seguridad social con impuestos de toda la población de tal forma que no se grave tanto al trabajo, es decir eliminando o reduciendo los aportes de los trabajadores y empresarios. Un tercio de las erogaciones totales del BPS se financian con la transferencia de siete puntos del IVA, el Impuesto a la Lotería y el Cofis hasta que fue derogado en 2007.