Presidencia de la República, en forma confusa, viene anunciando la realización de un acto para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman. Da la impresión que ni el propio Poder Ejecutivo sabe a ciencia cierta lo que pretende hacer el 21 de marzo. Se anunció primero que se pedirá "perdón" en nombre del Estado uruguayo en reunión de los tres poderes en la Asamblea General donde Mujica hablaría. Hay cuestiones formales, que no son menores, y que parece desconocer el Ejecutivo y otras de fondo que se deberían aclarar. Pero además hay cosas del destino que, con honestidad, no se pueden obviar.

Lo primero, lo formal, es que salvo al inicio de las sesiones ordinarias, 1º de marzo, el Presidente de la República para concurrir a la Asamblea General debe solicitar la autorización de la misma. No puede como titular del Poder Ejecutivo ordenar al Poder Legislativo organizar ningún acto, ni puede hablar por él. Son poderes independientes. El Poder Legislativo dicta leyes que obligan al Ejecutivo, pero la inversa no existe. Para que participe la Asamblea General de un acto debe ésta resolverlo y no Mujica. Tampoco la sala, que es sede del Poder Legislativo, es un ateneo de conferencias de prensa que se alquila para eventos. Es la sede de la soberanía popular.

Segundo, lo sustancial. Hemos opinado en otras circunstancias sobre las particularidades de algunos organismos internacionales que le piden a Uruguay lo que no se animan a pedirles a países grandes. Valientes con los chicos y arrodillados con los poderosos.

El Presidente Mujica planea dar cumplimiento al dictamen de la Corte Interamericana en el caso Gelman. Suponemos que no pedirá perdón, que no es lo que dice el fallo. Ese es un acto que roza lo confesional y solo puede brotar del alma de las personas individualmente. No es el caso de los Estados que son organizaciones complejas que toman decisiones encuadradas al Derecho. Reconocer en nombre del Estado lo que sucedió es otra cosa. Aquí hubo un presidente electo que con las FFAA dio un golpe de Estado, violando la Constitución a la que estaban obligados y juramentados respetar. Se llevaron por delante la ley y con ello los derechos individuales. Esto no es más que la realidad objetiva. La representación del Estado uruguayo la ejerce el Presidente de la República, puede él por mandato constitucional hacerlo sin pedir permiso a nadie ni requerir otras presencias. Si las quiere tener debe solicitar respaldo explícito y dar a conocer a los demás partidos lo que va a decir. No somos los parlamentarios de la oposición una claque calificada que hace de platea del presidente sin saber qué va a decir.

No debería, si pretende ayudar en un proceso difícil, poner a las Fuerzas Armadas en el banquillo de los acusados 40 años después, eso no agrega. Él y su ministro de Defensa son su mando superior y alcanzaría. Las humillaciones dejan secuelas. Si la imagen que quiere dar es la de ayudar a superar una herida que nos duele a todos, entonces está bien que ordene a los comandantes estar, pero también que "reconozca" que la historia dice que la Constitución fue violada por las FFAA y que él también atentó contra ella. Los votos que lo llevaron a la presidencia de la República no lo absuelven de una verdad triste de la que él también fue responsable. Si no, el "reconocimiento" será hemipléjico.