LOS QUE VIVEN DE LOS RESIDUOS

El Toro avanza manso por Guayaquí y frena en la esquina con Alejandro Chucarro, en Pocitos. Es martes y falta un rato para las once de la mañana. Julio baja rápido de un salto, saluda al portero de un edificio y se pone a revolver un contenedor. Cartón, sobre todo cartón, es lo que más busca y también “cosas para vender en la feria”. Plástico no, porque ya sabe que no da plata. Tiene 21 años, lleva un sombrero marrón, tapabocas por la pera y una campera roja de esas tipo chaleco. Arriba del carro está su tío Juan Rodríguez, de 55 años, mirada recia y buzo gastado de GAP.

El Toro, un caballo a manchas blancas y marrones de unos ochos años, se conoce el camino de memoria. Cada calle, cada esquina. Tiene “las herraduras nuevitas y come todos los días”, dicen ellos a coro. “Si no como yo, no come él”, cuenta Juan y, mientras busca un cigarrillo, explica que no le dan “requeche”, sino ración preparada.

“El Toro va solo”, insiste el carrero y cuenta el recorrido de cada día. Arrancan un rato después de las siete de la mañana desde Camino Maldonado y Libia, allá en Jardines del Hipódromo. Bajan hasta el Mercado Modelo, Propios, Rivera y luego se meten en Pocitos. “Ahora agarramos derecho para abajo, subimos para arriba, bajamos otra vez y llegamos al fondo de Punta Carretas, damos toda la rotonda y nos vamos yendo”, dice Juan. Él también tiene el circuito grabado en su cabeza, aunque no conoce el nombre de la mayoría de las calles.

Cada día vuelven a su casa cerca de las dos de la tarde, después de vender lo recolectado en algunos depósitos. Allí sacan unos 600 pesos. Hacer el mismo camino jornada tras jornada les permite conocer a vecinos y comerciantes de varios lugares por los que pasan.

—Juntamos cartón. Hacemos la de nosotros, tranquilos —dice Julio.

—La cosa está dura ahora. Hasta los domingos tenés que salir —acota Juan, quien lleva una vida arriba del carro, más de 30 años.

Pero no siempre fue carrero. De joven, en la década de 1980, trabajaba en panaderías como maestro confitero.

Recuerda aquella época con algo de nostalgia:

—La panadería Santa Victoria, la Toja, la del Centro...

—¿No extraña el trabajo de panadero?

—No es que no extrañe: es que no hay laburo. Con 55 años no consigo laburo.

—¿Y qué pasa si se cruzan con algún inspector de la intendencia?

—La intendencia jode por los caballos pero si me sacan el caballo me muero de hambre. Y a robar no quiero salir. Yo estuve preso y él también —dice y señala a su sobrino—. Y ya estamos viejos para estar presos.

Juan estuvo en el penal de Libertad y Julio en el Comcar. No quieren volver. Cuentan que no le faltan el respeto a los vecinos porque de alguna manera viven de lo que ellos dejan. "Tengo que laburar para llevarle la comida a mis seis hijos", dice el hombre mayor, mientras se lleva el pucho a la boca. “Si nos llaman para dar algo, paramos. Si no, seguimos de largo”, insiste. Su sobrino camina unos metros y va al próximo contenedor, repleto de cartones, aunque no es uno de esos para tirar materiales reciclables. A trabajar.

Carlos Sacramento vive en el barrio 1° de Mayo, al lado de Capitán Tula y Colman, bastante lejos de Pocitos y bien en el norte de Montevideo. Tiene 27 años y se crio arriba de un carro, aunque eso no le impidió estudiar en la UTU de Arroyo Seco. Su historia es bien distinta a la de sus colegas de Camino Maldonado y Libia: él es uno de esos nuevos viejos carreros, uno de los que tuvo que volver a la calle por la pandemia.

“El que fue carrero, siempre vuelve al carro”, dicen los clasificadores. Y ese es su caso. Hasta junio pasado trabajaba en una empresa que hace comida para hospitales y escuelas y, tras cuatro años como empleado, lo despidieron por recorte de personal. Ahí era ayudante de cocina y de limpieza. Pelaba verduras y limpiaba pisos. “Era su gran apuesta, pretendía progresar”, cuenta su madre, Patricia Gutiérrez, quien preside la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (Ucrus), que dice agrupar a unos 4.300 afiliados en todo el país.

“Yo no tuve otra que volver a la calle”, cuenta él. Todos los días sale con un carro “a tracción a sangre”, esto es, tirado a mano. El carro a caballo no lo tiene más: lo había vendido cuatro años atrás. Dice que “la calle no da para tantos clasificadores” y que se choca “mil veces” con las mismas personas. A veces sale con su hijo Byron, de siete años, mientras que Romina —la grande, de 10— se queda con la abuela.

Casos como el de Carlos Sacramento son cada vez más habituales. “Es horrible la gente que ha vuelto a la clasificación por la pandemia", dice Gutiérrez, su madre. La directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo (IMM), Mercedes Clara, tiene la misma impresión y dice a El País que la pandemia incrementó el número de personas que salen a la calle a buscar residuos “como estrategia de sobrevivencia”. Y agrega: “La emergencia sanitaria visibiliza nuestra fragilidad colectiva, exacerba las desigualdades y nos exige tomar partido”.

En esto no hay muchas diferencias. Todos los que están vinculados al tema —ya sea los propios clasificadores, las autoridades de la IMM y los representantes de la oposición en la capital— admiten que las consecuencias económicas del COVID-19 han provocado en el último año un aumento de las personas que se dedican a la clasificación de basura en forma informal, ya sea con carritos tirados a caballo, en bicicleta, moto o a pie. Hay menos changas y una caída del trabajo estable y eso se siente.

Además, se ha dado un aumento de los ingresos con carros a caballo a algunas zonas del sur de Montevideo, como Pocitos y Punta Carretas, donde habían dejado de entrar. Eso lo confirma Andrés Abt, el alcalde del municipio CH: “Hay un crecimiento de carritos en esta zona", afirma pero dice que el control le corresponde a la IMM. “Si ellos actúan, a nosotros no nos notifican”.

Desde la IMM afirman que “la política es aplicar la reglamentación existente”, que prohíbe el transporte de residuos por particulares, y controlar que se cumpla. Pero en la práctica la comuna siempre ha tenido cierta tolerancia con los carritos.

En Pocitos el ingreso no está limitado pero un decreto de 1990, cuando Tabaré Vázquez era intendente, prohibió la circulación de carros a caballo por la rambla. Lo mismo sucede en 18 de Julio, Avenida Libertador y Avenida Italia. Desde las cinco de la mañana y hasta las ocho de la noche tampoco pueden circular por Agraciada, General Flores y 8 de Octubre.

Además, desde 2014 está prohibido el ingreso de carritos a la Ciudad Vieja y, en los hechos, con el sistema de contenedores herméticos también Centro y Cordón quedan por fuera del circuito.

“Están arriesgándose (a entrar a Pocitos) porque no hay nada en otros lados”, afirma Gutiérrez. “Nos tiraron a la periferia: ¿qué podés sacar de pobres contra pobres?”, pregunta la presidenta de Ucrus. Y Juan Carlos Silva, un clasificador que durante muchos años fue presidente del sindicato, también sostiene que muchos se animan a ir otra vez a zonas donde los habían sacado “por la propia necesidad, es algo cíclico”.

Silva ya no tiene carro: con su familia se reconvirtió y montó una empresa de recolección de residuos comerciales. Ahora intentan entrar en los residuos industriales. “Dejamos el carro de caballo”, dice por teléfono, mientras carga combustible en una estación de servicio. “Tuvimos que aprender: no teníamos ni idea de cómo depositar un cheque o hacer una tarjeta de crédito que nos piden los clientes”, dice.

El aumento de clasificadores también ha provocado algunos choques con la Policía. Ucrus denunció abusos policiales sobre todo durante los primeros meses de la pandemia. Para limar asperezas, este jueves la directiva del sindicato de clasificadores se reunió con el jefe de Policía, Mario D’Elía. Según dice Gutiérrez, les prometió que no habrá más requisas de carritos, salvo los carros de supermercados “porque los están robando”.

¿Cuántos personas salen cada día a buscar la basura que los demás tiran? No hay una cifra clara. El último censo fue realizado en setiembre de 2018 por la Facultad de Ciencias Sociales en conjunto con la IMM: fueron relevados 1.058 clasificadores en la capital, de los cuales el 80% eran hombres (ver aparte).

Pero Gutiérrez, la presidenta de Ucrus, dice que ese fue un “censo trucho, un tapaojos para la intendencia” y que la cifra real es mucho mayor. “Mucha gente que tenía carros no se fue a censar” porque la administración de Daniel Martínez no hizo la “propaganda” suficiente, afirma.

En Ucrus sostienen que la última cifra en la que se puede confiar es la del censo de 2011, cuando se contaron unos 9.000 clasificadores en todo el país.

En pocas semanas, mientras tanto, el gobierno de Luis Lacalle Pou lanzará el primer registro nacional de clasificadores, a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Será una oportunidad para tener una idea aproximada de la situación actual.

Esta iniciativa es una consecuencia de la ley de gestión integral de residuos, promulgada en setiembre de 2019. Allí se establecía la creación, en un plazo de seis meses, de un registro de clasificadores. Pasó más tiempo del esperado y, ahora sí, la idea es presentarlo públicamente a fin de mes, ya que “está todo casi pronto, solo queda ajustar cosas informáticas”, dice el director de Empleo, Daniel Pérez.

¿Cómo se implementará? Los clasificadores deberán ir a registrarse a los centros públicos de empleo y se coordinará para habilitar puestos en oficinas del Mides y en las intendencias, para “generar la mayor cantidad de puntos”. Entre otras cosas, les preguntarán por su núcleo familiar, la formación, la forma en que trabajan y qué hacen con lo recolectado. La información se cargará online y la idea, explica Pérez, es crear una base de datos para poder aplicar políticas y permitir el acceso a instancias de capacitación.

La IMM, por su parte, quiere intensificar el proyecto de reconversión por el que se entregan motocarros a cambio de caballos, iniciado a mediados de 2017. El plan viene más lento de lo esperado: hasta ahora hay 32 personas con motocarros pero la intendenta Carolina Cosse pretende llegar a las 100 unidades entregadas. Además, afirma la directora Clara, en la agenda está la mejora de las condiciones de trabajo en las cuatro plantas de clasificación que hay en la ciudad, así como en la usina de Felipe Cardozo, donde una cooperativa de 80 clasificadores opera en un predio cercano al relleno sanitario. Como no existía un control (“Felipe Cardozo es Saigón”, ilustra un clasificador), la IMM iniciará en abril obras de cercado perimetral del predio.

Clara, la directora de Desarrollo Social, defiende el rol de los clasificadores y dice que su tarea histórica “es recuperar lo que damos por perdido, reconocer el valor de lo que descartamos, ver la vida que late en lo aparentemente muerto”. Afirma que su aporte al cuidado del ambiente “es invalorable” y se trata de un oficio “que como sociedad no hemos sabido reconocer ni valorar”. Más bien, “muchas veces los hemos visto como un problema, y son parte de la solución”.

Ahora, ¿es posible prohibir la circulaciónde los carritos, como se ha planteado muchas veces? “Es viable si incluimos al clasificador como un trabajador ambiental que pueda desarrollar su tarea en condiciones más dignas y eso se logra con la cooperación de todos”, responde Clara. El carro y el caballo, la bicicleta o el carro de mano “son las herramientas del clasificador para recolectar en los contenedores”, dice. Entonces, en su proyecto esa prohibición será posible si hay una correcta preclasificación de la basura en los hogares, por lo cual “la recuperación, la reparación y el reciclaje será viables”.

En cambio, el diputado del Partido Nacional Gastón Cossia, veterinario y activista por el bienestar animal, cree que hay que prohibir en forma radical a los carritos y lamenta que los automovilistas con sus obligaciones “deban convivir con estos vehículos que son impunes”. De hecho, en 2016 presentó en el Parlamento un proyecto que nunca fue tratado, para prohibir la tracción a sangre en las calles.

Para Cossia, hay una “connivencia” entre Ucrus y la intendencia, que “hace la vista gorda por un malentendido concepto de solidaridad”. El diputado sostiene que, además, hay “un circuito de explotación” por parte de empresas que arriendan carros y caballos a personas que salen a trabajar a la calle.

En la misma línea, el alcalde Abt —también del Partido Nacional— dice que hay que sacar los carros de la ciudad y para eso cree que debe haber más plantas de clasificación (“en la gestión de Martínez se planteó la incorporación de los clasificadores en cuatro plantas pero en la realidad solo funcionaron dos y más o menos"), mejorar el plan de motocarros y disponer más plantas de transferencia cerca de los lugares de disposición final para que los recicladores vayan ahí a recuperar el material.

Fernando Roglia vive en José Bergamín, una calle de pedregullo en un extremo de Peñarol. Es una zona de casas humildes pero dignas frente a una cañada y con campo todo alrededor. Roglia, de 45 años y una historia oscura atrás, sale a recibir a El País mientras de fondo suena un repetitivo reguetón. “Acá dejás una bici en la calle y al otro día sigue ahí”, cuenta. Es un barrio tranquilo, dice.

Hoy empezó el día bien temprano: salió en el carro por el barrio a buscar “una tarrina” para darle a los animales. Entonces muestra un balde con restos de diferentes frutas y verduras algo fermentadas. De allí comerá Chueca, la yegua, y una chancha que tiene allá en el fondo cuyo nombre no recuerda muy bien. “Sé que los gurises le pusieron un nombre”, dice Roglia, de ojos claros, remera deportiva, tapabocas, cadena en el cuello y una larga cola en el pelo.

En la vuelta hay un par de perros y gallinas. Revolotean algunas moscas. También hay un bolsón con botellas de vidrio por las que —dice— no sacará más de 70 u 80 pesos (el valor del vidrio está en baja, parece), un par de piscinas de esas de plástico y una cama elástica para niños.

Acá vive junto a su mujer Jenny, sus hijas Daniela y María (de 26 y 24 años), sus yernos y los nietos Noel y Johan.

Es necesario ir dos décadas hacia atrás en el túnel del tiempo para entender la historia de este reciclador que no es de los que nació con el carro. “La vida me fue llevando por varios caminos hasta que llegamos acá”, dice Roglia y cuenta que de chico era “un joven más o menos normal que intentaba enganchar laburitos por ahí”. De hecho, fue lustrador de una mueblería que tenía su padre pero en un momento se separó de su pareja y quedó en la calle. Ahí todo se complicó. “Estuve en la maldita pasta base, llegué a pesar 45 kilos y dormí unos cuantos años en la baldosa, como se le dice", cuenta hoy.

Entonces tuvo suerte: conoció a Jenny y esa fue su salvación. Ella era recicladora en aquel entonces y le enseñó a meterse en el mundo de la clasificación de basura: “Yo no sabía ensillar, no sabía nada y todo lo aprendí con ella”.

A Roglia no le quedó otra opción. Como a muchos otros. “Si vivís en el cante, salís en el carro o vendés porro”, dice él y se queda corto.

El año pasado hizo el curso para el motocarro y entonces le cedió a un vecino los “levantes” grandes que tenía. Pero el vehículo no llegó, a pesar de que sacó la libreta: aún espera y dice que en la gestión pasada de la IMM “hubo cosas que no funcionaron bien”. Por “códigos” no reclamó recuperar el circuito a este vecino. “Hasta mi mujer casi me dice que me vaya”, dice un poco en broma y un poco en serio. “Ahora yo soy el mantenido”, se ríe. Ella trabaja en una empresa de limpieza y viven con su sueldo.

Con esta realidad, lo que más hace ahora es buscar cosas que luego vende en las ferias, desde libros viejos a repuestos y ropa. “Lo que sea vendo: pongo una sábana y tiro todo arriba”, relata. Hay semanas que saca 300 pesos y otras que no vende nada. “Pero en la próxima entrega de motocarros estamos ahí adelante”, dice y esboza otra sonrisa. Sabe que va a ser duro cuando deban entregar a la Chueca, la compañera de tantas batallas. Jenny ya le dijo que ese día no quiere estar.

Volvemos a Guayaquí y Chucarro, en Pocitos. Juan y Julio también cuentan que están “moviendo los trámites” a ver si la IMM al final les da un motocarro como sueñan. “Viene lento, relento. Les dan a muy pocos”, dice Juan. Y resalta las cosas buenas de pasarse al vehículo motorizado: “Trabajás para la intendencia y tenés un sueldo fijo que eso te sirve... son como 30.000 pesos.  Cuanto más laburás, más ganás. Te dan la motito, es un beneficio”. Ellos están anotados hace tres años y todavía esperan. Quien dice, quizá este año se les da.

Plan de reconversión laboral

"Vamos camino a que haya 100 motocarros"

A fines de 2017 la administración de Daniel Martínez empezó a aplicar un plan de reconversión laboral: entregó seis motocarros a seis clasificadores a cambio de que dieran sus caballos. Tres años después ya son 32 motocarros entregados, aunque el plan avanza más lento de lo previsto. La intendenta Carolina Cosse pretende llegar a 100 motocarros. “Vamos camino a eso”, dice la directora de Desarrollo Social, Mercedes Clara.

Y agrega que este plan se proyecta “como una ruta de salida” para mejorar las condiciones de trabajo de los clasificadores y avanzar hacia una ciudad más limpia. Además, valora la inclusión de un actor “históricamente excluido y discriminado”.

¿Cuánto cobran? Existen dos líneas de trabajo. Por un lado hay 21 personas que se constituyeron como empresas y cobran en función de la cantidad de servicios. Tienen un ingreso semanal mínimo acordado de 7,2 unidades reajustables, esto es 9.295 pesos al valor de hoy. Cumplen con sus aportes y asumen costos vinculados a seguros y los generados por el vehículo. Pero también pueden hacer trabajos propios fuera de hora.

Y, por otro lado, hay 11 motocarros manejados por expresos, quienes cobran los laudos establecidos en el consejo de salarios del sector.

Desde Ucrus, la presidenta Patricia Gutiérrez tiene una visión algo crítica de lo hecho hasta ahora: “El programa está lindo pero la intendencia está lenta. Ahora con Carolina (Cosse) trabajamos mejor”. A su juicio, Martínez “no tenía ganas de cambiar 100 motocarros”.