Nelson Larrañaga
Nelson Larrañaga

Educación y huelga

El sindicato de docentes de enseñanza secundaria de Montevideo anunció un paro de 24 hs. para el 12 de marzo. Esta huelga breve se motiva en su oposición al contenido de un Anteproyecto de ley en proceso, que incluye cambios en la enseñanza pública.

El efecto que produce es que los jóvenes en ese día no recibirán educación. Veamos las normas y cómo se puede componer este conflicto entre estos dos derechos (huelga y educación).

La Constitución reconoce el derecho de huelga. Como cualquier derecho, debería ser ejercido en forma ponderada, respetando el derecho de los demás. Según la Constitución, los servicios públicos no pueden detenerse. Las diferencias entre las partes deben ser compuestas en órganos bipartitos, sin que se interrumpa el servicio.

Ante la huelga, está el derecho de los jóvenes a recibir horas lectivas. Hay un interés general en proteger la educación, como un bien público y social, en tanto permite el desarrollo integral de los educandos. La clave del ascenso social de la persona está en la calidad y cantidad de la educación que recibe.

La educación es un derecho humano fundamental. Pertenece a toda persona en forma indisoluble. Está reconocido en la Constitución. Ante un paro, el gobierno está obligado a asegurar la continuidad educativa. En la mesa están, los derechos de huelga y educación, y la obligación del gobierno de mantener los servicios educativos.

¿Cómo armonizamos el ejercicio de estos derechos?

Los derechos humanos deben poder ejercerse, al menos en el núcleo que los identifica. Los docentes pueden hacer huelga y los educandos tienen que recibir horas de clase. No puede haber exclusiones: un derecho no puede bloquear el ejercicio de otro derecho, y más cuando ambos tienen rango constitucional.

El derecho de huelga no puede ejercerse sin antes haber agotado las etapas de diálogo. Activar los medios de prevención y solución de conflictos es clave para evitar medidas, que causen efectos negativos en la población.

Si se agotó el diálogo y no hay acuerdo, el gobierno debe garantizar el ejercicio de los derechos en cuestión. Ambos se deberían poder ejercer, aunque no plenamente. Los servicios públicos se prestarán con menor intensidad, y los trabajadores podrán ejercer la huelga, aunque algunos no, porque tendrán que trabajar para cumplir con los servicios mínimos que deberán prestarse.

El Comité de Libertad Sindical de la OIT menciona a los servicios públicos de importancia trascendental. Estos servicios, si bien no son esenciales en sentido estricto, por su alta importancia social para el país, y los efectos dañinos que causa la huelga a la población, justifican la imposición de un servicio mínimo. En particular, el Comité afirmó que no es contrario a los principios de libertad sindical, el establecimiento de servicios mínimos en los servicios de educación.

En consonancia con esto, la Ley pone a disposición del gobierno un instrumento para intervenir ante este tipo de medidas que provocan la interrupción de los servicios públicos, y en particular, de los servicios de educación. El Ministerio de Trabajo está obligado a resolver los servicios mínimos que deberán ser mantenidos.

Entonces, ¿qué debería hacerse ante el paro de los docentes?

La lógica indica que el sindicato debería reflexionar y suspender la anunciada medida, que se resolvió sin haber iniciado el diálogo con el gobierno electo. Una dinámica componedora aconseja negociar, acercando sus propuestas alternativas a la reforma de la educación. Un no rígido a la reforma, impide lograr el objetivo de conciliar intereses.

Si luego de agotado el diálogo, el sindicato insiste con el paro, el gobierno está obligado a disponer servicios mínimos. Esta medida es la que garantiza la continuidad educativa. Hay un interés general en proteger a los educandos (jóvenes), que son los perjudicados por el paro.

El nuevo gobierno asume el desafío de cambiar la cultura de paros recurrentes en la enseñanza, que impiden el ejercicio del derecho a la educación. Según el Derecho que expuse, los trabajadores pueden ejercer la huelga y los jóvenes recibir educación, aunque ambos lo actuarán en menor medida. Todos ceden algo en aras de la concordia nacional.

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