El próximo gobierno asumirá en condiciones sensiblemente mejores de las que le tocaron a la actual administración. Si se miran los datos económicos o sociales estamos mejor que en 2019 no solo en datos de coyuntura sino también respecto a las reformas estructurales pendientes que se encararon. Esta situación nos permitirá soñar con nuevos objetivos que hasta hace poco nos parecían imposibles y ponernos en camino hacia un nuevo estándar de vida para todos los uruguayos, si es que tomamos las decisiones correctas en octubre y noviembre.

En términos económicos es indudable que estamos mucho mejor que cuando comenzó el gobierno de Luis Lacalle Pou. La creación de 80.000 puestos de trabajo en los últimos cuatro años contrasta con la destrucción de 60.000 que se experimentó en el período anterior. El número de personas trabajando se encuentra en su máximo histórico, así como el número de trabajadores registrados en el BPS. La informalidad también ha descendido cuatro puntos, un dato significativo que permite una mayor cobertura previsional y de salud para más personas. El salario real se encuentra 3% por encima del que se alcanzó en 2019, lo que ha permitido un salto formidable de la masa salarial, al tiempo que se alcanzó el mayor ingreso de los hogares en medio siglo.

Estos datos de la economía se han alcanzado con datos de la macroeconomía significativamente mejores que los que dejó el último gobierno del Frente Amplio. Hemos mejorado la calificación del país en todas las empresas calificadoras de riesgo y por primera vez en la historia tenemos el menor riesgo país de América Latina. Esto se traduce en una mayor confianza en el país, más llegada de inversiones y un menor pago de intereses que permite volcar más recursos en otras áreas como salud, educación o vivienda. El descenso de la inflación a menos de la mitad de lo que era en el gobierno anterior también es un enorme logro del actual gobierno que se traduce en una mayor estabilidad de nuestra moneda y un salto en el poder de compra de trabajadores, jubilados y pensionistas.

La reducción de impuestos aprobada el año pasado que determinó que un gran número de trabajadores, jubilados y pequeñas empresas están pagando ahora menos impuestos, marca un punto de quiebre respecto a los tres lustros frentistas en que la presión fiscal se incrementó sustancialmente para financiar el despilfarro de recursos públicos que se fue entre velas prendidas al socialismo y gestiones malas y oscuras en las empresas públicas.

Pero los logros económicos no son los únicos, también se ha cambiado significativamente el enfoque de las políticas sociales centrándose en la superación personal y no en perpetuar la pobreza para explotarla electoralmente, como confesaban que lo hacían jerarcas de los gobiernos anteriores. Además de un aumento sustancial en el monto destinado a transferencias sociales debe destacarse que se destinó en la rendición de cuentas de 2022 un incremento anual de 50 millones de dólares para la primera infancia, y un monto récord para inversión en asentamientos, lo que está permitiendo mejorar la calidad de vida de decenas de miles de personas. En materia de seguridad, el gobierno de Lacalle Pou será el primero desde 1985 que termina con menor número de delitos que el que comenzó, un logro muy sensible para todos los uruguayos.

La reforma de la seguridad social marca un hito en términos de mayores derechos para trabajadores y jubilados, al tiempo que permitió mejorar la sustentabilidad del sistema. Mientras que el último gobierno del Frente Amplio declaró que era una reforma indispensable pero que no lo hacía para no asumir los costos políticos, la presente administración hizo lo que debía hacer por el bien del país, algo que finalmente la gente valora más que los engaños populistas. La transformación de la educación también es un logro excepcionalmente positivo. No puede desdeñarse que ya está mostrando cómo comienzan a mejorar indicadores que antes nos ponían en la cola del continente, como el egreso de educación secundaria.

En definitiva, el país comenzó un nuevo camino hacia el desarrollo que se someterá a votación en noviembre de este año cuando se tenga que elegir entre seguir avanzando o retroceder al 2019 con mayor radicalización. Elegiremos entre seguir mejorando la economía, el empleo, la educación y la primera infancia o al reparto de recursos entre compañeros, soltar presos y justificar lo injustificable. Afortunadamente, el pueblo uruguayo tendrá la palabra.