El tema de la justificación irregular de faltas de dirigentes sindicales de la educación pública tuvo un nuevo capítulo para la indignación esta semana.

Un capítulo que en una sociedad menos anestesiada ante la prepotencia sindical, y el doble discurso de quienes se erigen en grandes defensores de la educación pública y de los más humildes, generaría una tormenta política de proporciones. Pero aquí queda claro que el futuro de los jóvenes más desfavorecidos solo interesa a algunos para usarlo como arma política menor.

Todo empezó con la sanción a un grupo de docentes que hacían propaganda política dentro de un liceo público en San José. A raíz del episodio, de la sanción natural determinada por las autoridades, y del paro nada natural del gremio para defender lo indefendible, explotó esta otra denuncia. Uno de los docentes, nada menos que vicepresidente del gremio Fenapes, había justificado casi 200 horas de clase a las que faltó, en base a un criterio irregular, que ni siquiera era aceptado por el ex presidente del Codicen del FA, Wilson Netto.

Aclaremos una cosa: no se trata de las horas pagas que un dirigente sindical tiene asignadas para su tarea (que ya son bastantes). Hablamos de casi 200 horas extra que el gremialista no fue a trabajar, y que las autoridades le justificaron para que no fuera a perder ingresos.

Pero el informe publicado este domingo por El País, que gracias a una gestión del diputado Felipe Schipani hace públicas las actas de las reuniones del Consejo de Secundaria donde se analizó el tema, revela cosas todavía más indignantes. No fue solo a ese dirigente gremial al que se le justificaron esas horas de manera irregular, sino que la propia exdirectora, Celsa Puente, reconoce que eso se hizo con “una larga lista” de sindicalistas. Pero la cosa solo empeora.

En medio del debate de los consejeros, el entonces jerarca Javier Landoni expresó que “si se llegara a filtrar esta información sobre las inasistencias, los docentes caerían bajo el escarnio público por ser un tema tan sensible, y es necesario protegerlos”.

Por su parte, la consejera docente Isabel Jaureguy dijo entonces que era un tema “complejo y que los chicos van a perder clase”, pero añadió que “es un dirigente sindical nacional” y por eso entendía que “se deben justificar las inasistencias”.

Si, o sea que los chicos iban a perder clases, pero...bueno... como era “un dirigente sindical nacional”. Las prioridades bien claras, como siempre.

Todo esto es un escándalo mayúsculo, pero hay algo todavía más grave, Y es la reacción de los implicados y de las máximas autoridades gremiales del país. Ya desde que se comenzó a hablar de este tema, la cúpula del gremio Fenapes, y del propio Pit-Cnt, defendieron a capa y espada lo actuado por los implicados en este escándalo. De hecho, la defensa de los gremialistas que hicieron política en sus clases, es parte de las consignas del próximo paro general. Incluso cuando desplazaron a la figura más notoria involucrada, Marcel Slamovitz de su cargo como vicepresidente de Fenapes, se las ingeniaron para decir que era todo un complot de “la derecha” y de la prensa, para perjudicarlos.

Para el informe publicado este domingo, El País buscó la reacción de los consejeros de esa época. Celsa Puente dijo que no puede hablar de política porque ocupa un cargo de inspectora, cosa que no le obsta hablar o escribir de temas políticos a diario. Y Javier Landoni dijo que “no me acuerdo”, y cortó el teléfono. Otros dirigentes gremiales ni siquiera entran al tema, y desvían la discusión diciendo que quienes los apuntan con el dedo “defienden a Alfie”, o hablan de los desaparecidos.

Esto es lo que más debería revolver la sangre de cualquier uruguayo de bien. El país entero hace sacrificios enormes en lo económico, para intentar volcar recursos a la educación pública, para que ésta sea una herramienta que permita a los jóvenes tener una vida próspera y digna. Y estos dirigentes sindicales, los usan para hacer politiquería, y dejando a los jóvenes sin clase. Todo eso amparado por un grupo de políticos “compañeros” a quienes preocupa más proteger a los sindicalistas, que cuidar a los jóvenes que están siendo perjudicados.

Esto siempre se supo por parte de quienes estaban en la interna de la educación pública nacional. Pero pocas veces había quedado expuesto de manera tan flagrante. Y los implicados, no solo no dan la cara y se hacen responsables, sino que pontifican acusando a otros, intentando desviar la atención de sus acciones inmorales. Está en toda la sociedad uruguaya, el no permitir que estas cosas queden impunes.