EDITORIAL

Los datos del mercado de trabajo siguieron mostrando una marcada involución, que a esta altura debería preocuparnos a todos, en especial al equipo económico que no ha hecho nada por revertir esta situación.

El gobierno tomó una serie de medidas sobre el final del año que estamos despidiendo que generan preocupación por su impacto en el presente y en el futuro del país. Desde las subas de tarifas, a la mala solución para los cincuentones, pasando por la no apertura del corralito de las mutualistas en el verano, son medidas que en su conjunto afectan la ya deteriorada competitividad del país, comprometen la sustentabilidad fiscal en el mediano plazo y cercenan libertades de los ciudadanos.

Comencemos por la primera en orden cronológico. El aumento de subas de las tarifas públicas anunciado por el Ministerio de Economía y Finanzas constituye un nuevo mazazo sobre las empresas y sobre las familias uruguayas. Que el propio anuncio para todas las empresas lo haya hecho el Ministerio de Economía, demuestra dónde recae la responsabilidad de la decisión que nada tiene que ver con el desempeño y las finanzas de cada empresa pública.

Aquí se presenta un dilema que históricamente el Uruguay no ha sabido resolver y se relaciona con qué es lo que pretendemos de las empresas públicas: ¿que ofrezcan buenos servicios? ¿A precios bajos? ¿Que sean eficientes o fuentes de empleos públicos? ¿Que fijen sus tarifas en base a sus costos o en base a las necesidades de recaudación del Estado? ¿Que tengan un gobierno político o una gestión profesional? Lo cierto es que con especial énfasis hemos visto en los gobiernos del Frente Amplio empresas que han practicado un clientelismo abierto, que han tenido pérdidas cuantiosas que llevaron, por ejemplo a Ancap, al borde de la quiebra de la que se salvó por una recapitalización y que condujo al cierre de Pluna.

En enero, la voracidad fiscal del gobierno lleva a que las empresas estatales vuelvan a ser parte de la política fiscal y no a que apuntalen la competitividad del país que viene cayendo en picada. En lo que va de los gobiernos el Frente Amplio, el gasto público casi se ha duplicado en términos reales y eso exige un incremento incesante de la recaudación por todos los medios disponibles, también las empresas públicas. En momentos en que tenemos récord de destrucción de puestos de trabajo en la economía y de empresas en concurso, deberían instrumentarse iniciativas que mejoren la competitividad. Entre ellas, menores tarifas de energía eléctrica y combustibles, pero el gobierno hace exactamente lo contrario.

Los datos que se conocieron recientemente de la evolución del PIB y del mercado de trabajo, no fueron buenos. Se constató que la economía creció gracias al aumento del consumo mientras cae la inversión y todos sabemos que eso no es sostenible. Los datos del mercado de trabajo siguieron mostrando una marcada involución, que a esta altura debería preocuparnos a todos, en especial al equipo económico que no ha hecho nada por revertir esta situación.

Otro tema vinculado a las finanzas del Estado y a la economía política desplegada por el gobierno, es la solución dada al problema de los cincuentones. Por tozudez se decidió instrumentar una mala solución, que es peor para los jubilados y más cara para el Estado, que otras disponibles que fueron planteadas desde la oposición. Cuesta creer que la forma en que se toman las decisiones en el gobierno lleve a que se descarten las mejores soluciones desde un punto de vista racional para priorizar el acuerdo con los sectores más retrógrados del gobierno. Como pasa siempre, más allá de los discursos, Astori una vez más terminó cediendo y consagrando una solución que sabe que es mala para el país. No debe extrañarnos: la trayectoria política del ministro de Economía ha sido siempre votar en contra de lo que cree para seguir ocupando algún cargo y así lo recordará la historia, en ese rol nefasto de validar permanentemente un daño enorme al país a consciencia.

Por su parte, el cierre del corralito mutual que impedirá a las personas cambiar de prestador de servicios de salud como venía ocurriendo cada año, es un nuevo recorte a las libertades más básicas. Ahora, quien quiera cambiarse, deberá justificarlo como si se tratara de un juicio, como si la opinión del usuario sobre dónde prefiere atenderse no fuera razón suficiente. Aquí se ve en toda su dimensión los peligros de un sistema de salud controlado por el Estado en donde las personas terminan siendo tratadas como ovejas y no como sujetos de derecho. No termina bien el año para el gobierno y, por lo tanto, tampoco para el país. Porque esta sucesión de medidas equivocadas ya la estamos pagando en desempleo, cierre de empresas, baja de la inversión y caída de expectativas sobre el futuro del país.