EDITORIAL

La denuncia penal son 106 páginas donde aparecen muchas veces las palabras “ilicitud”, “irregularidades”, “desviación y abuso de poder”, “arbitrariedades” y también “pérdidas millonarias”.

A mediados de semana, los representantes de cuatro partidos de la oposición que integraron la comisión investigadora de Diputados por el tema de la Regasificadora-Gas Sayago presentaron denuncia penal ante la Fiscalía de Corte para que se indague sobre presuntos ilícitos a lo largo de su gestión. Pablo Abdala, Amin Niffouri y Mario García (Partido Nacional), Walter Verri (Partido Colorado), Daniel Radío (Partido Independiente) y Eduardo Rubio (Unidad Popular) firmaron el documento a la Justicia. Son 106 páginas donde aparecen muchas veces las palabras “ilicitud”, “irregularidades”, “desviación y abuso de poder”, “arbitrariedades” y también “pérdidas millonarias”.

Gas Sayago, una empresa de naturaleza privada pero cuyo único accionista es el Estado a través de UTE (80%) y Ancap (20%) quedó instalada en marzo de 2011: su objetivo era construir una planta regasificadora e incorporar el gas natural a la matriz energética uruguaya. Cerró sus puertas (aunque quedaron varias ventanitas abiertas) en febrero de 2015, pero -según apuntó el diputado Pablo Abdala- en el balance de Ancap de 2018 figura una pérdida de 20 millones de dólares. El abrupto final de la planta dejó sin trabajo a unos 700 operarios y afectó a más de 300 empresas nacionales de distintos porte y tamaño y de los rubros más variados.

Cabe recordar que la inversión alcanzaba los 1.125 millones de dólares y UTE y Ancap se constituyeron en “fiadores ilimitados, lisos y llanos” de la obra. Además, el Estado otorgó una “garantía soberana” en caso de que se incumpliera “cualquiera de las obligaciones garantizadas”, firmada por el presidente Mujica y su ministro de Economía, Fernando Lorenzo. Se había solicitado a la empresa naviera japonesa MOL la construcción del buque tanque más grande del mundo (¡sí señor!), de 345 metros de largo por 55 metros de ancho, con una capacidad de almacenamiento de 263.000 metros cúbicos, que sería arrendado por Uruguay. La capacidad total de producción de la regasificadora sería de 10 millones de metros cúbicos de gas diarios y se podrá ampliar hasta 15 millones de metros cúbicos si la demanda lo requería.

La regasificadora, según explicaba la “intelligentzia” frenteamplista iba a satisfacer la demanda uruguaya (10% de su producción que Petrobras se lo creyó), en tanto el 90% restante se exportaría a la región, sobre todo a la Argentina kirchnerista, por un mínimo de 10 años.

La utopía o el mamarracho de Mujica -que llegó incluso a ser “prioritario” para el presidente Vázquez- duró poco, pero costó hasta el momento unos 200 millones de dólares de dinero extraído de los bolsillos patrios. El dinero voló, pero quedaron como testigos las obras a medio hacer y los pilotes herrumbrados hundidos en el agua convirtiéndose en chatarra, mientras pasan los días y crece el pasivo ambiental, del que nadie se hace responsable.

Pero, además dejó una secuela sospechosa de corrupción, el principal motivo de la denuncia penal. La aparición y presencia de la brasileña OAS, una empresa investigada en el marco del “Lava-Jato” que llevó a la cárcel al mismísimo Lula, genera muchas dudas y controversias. “La aparición de OAS en los contratos -dice la denuncia- representó, según el criterio de los suscriptos, un indicio claro del favoritismo con el que contó dicha empresa, mucho más que una casual coincidencia”. OAS fue una de las 18 empresas y consorcios que se presentaron al llamado a licitación para la obra. De acuerdo a un informe de la gerencia general de Gas Sayago, elevado al directorio con fecha 25 de octubre de 2013, la empresa brasileña “no cumplía” con la totalidad de los requisitos mínimos exigidos, y presentó “antecedentes incompletos”. Sin embargo, dice la denuncia, fue preseleccionada por Gas Sayago junto a otras cuatro que se encontraban en la misma situación y, a la postre, resultó ganadora de la licitación.

La regasificadora y su costo multimillonario pasan a engrosar la lista de las nefastas “aventuras empresariales” del FA emprendidas obviamente con plata ajena perteneciente a los ciudadanos uruguayos. Allí está Ancap a la cabeza, y también Pluna, el Fondes, ASSE, los negocios con Venezuela y antes los casinos municipales. Pero ahora, además, hay que incorporar los juicios planteados desde afuera por la mala gestión de los gobiernos frenteamplistas: la demanda de Aratirí por US$ 3.536 millones y la de US$ 332 millones que presentó la coreana Hyundai contra UTE por “incumplimiento” y “conflictividad inusitada” (de los 917 días laborables que tuvo la obra, en 340 se “sufrieron medidas disruptivas”) en la construcción de la planta de ciclo combinado de Punta del Tigre.

Todo ese dinero quemado sale del bolsillo del votante. ¿Se va a insistir o vamos a cambiar?