EDITORIAL

La información publicada por El País sobre el infierno de los hogares de reclusión de menores desnuda la hipocresía del partido de gobierno y la importancia de la prensa para la salud de un sistema democrático.

El informe publicado el pasado fin de semana por Qué Pasa fue demoledor. Gracias a datos obtenidos mediante un pedido de acceso a la información pública, los periodistas del diario lograron mostrar a la ciudadanía el verdadero infierno que se vive en los centros de reclusión de menores. La información consiguió que las autoridades debieran responder públicamente por los hechos, e incluso anunciar que se cerrarían algunas de estas instalaciones, verdaderos centros de tortura en pleno siglo XXI. Pero eso no alcanza.

Primero porque la reacción de las autoridades ha estado lejos de lo ideal. Parece mentira que la información sobre los sumarios y actuaciones reglamentarias contra funcionarios de estas reparticiones, incluso tras el video conocido hace algunos meses, deba ser extirpada mediante pedidos de acceso a la información. ¿Por qué no se difunde ese tipo de información por iniciativa propia de los poderes públicos? ¿A quién se protege? ¿Qué se busca tapar?

Un comentario al margen corresponde hacer aquí sobre el rol de todo ese entramado burocrático que ya incluye unos tres organismos para tutelar los Derechos Humanos y que al parecer no sabía nada de todo esto. Cuando le digan que proponer bajar el costo del estado es recortar beneficios sociales, piense en estas decenas de políticos cobrando sabrosos salarios y que se enteran de estas cosas por el diario.

En segundo lugar, porque esto muestra el nivel de hipocresía galopante que domina a la fuerza de gobierno y a sus estamentos aliados. No pasa día sin que algún funcionario, diputado, miembro de impoluta ONG compañera, no saque la corneta hablando de los derechos humanos. Eso sí, siempre referido a temas de hace medio siglo. Pero cuando se trata de las cosas aberrantes que están pasando hoy, tras 13 años de gobierno del Frente Amplio, en las cárceles, en los centros de menores, ahí parece que no hay nada que decir, no hay nada que hacer, todo marcha fenómeno.

Este nivel de hipocresía llegó a su punto más alto en ocasión del plebiscito de la baja de la edad de imputabilidad, cuando todo el gobierno, y sus grupos satélite como la comisión del No a la Baja, lanzaron una campaña sangrienta acusando a cualquiera que estuviera en la vereda de enfrente de ser un desalmado pichón de Videla.

Es bueno recordar dos cosas; que en ocasión de aquella campaña, uno de los grupos que apoyó el No a la Baja con gran fervor fue el de los funcionarios del INAU, particularmente su sindicato, el mismo que sistemáticamente ha protegido a quienes han cometido estos abusos. Y también es bueno recordar que todos los principales dirigentes que impulsaron el No a la Baja, hoy ocupan cargos en el gobierno del Frente Amplio.

La baja de imputabilidad tenía muchos defectos, pero si algo aportaba positivo era la creación de un organismo completamente nuevo, por fuera del esquema actual que a todas luces se encuentra podrido. Quienes tanto se opusieron a ello, y ahora ostentan cargos públicos, deberían dar la cara y hacer algo para corregir este drama. Eso si es que en algún momento les importó un pepino la suerte de sus queridos "colibríes", y no fue todo una pantalla para dar el salto a la vida política.

Por último, este hecho vuelve a mostrar la importancia de tener una prensa viva y dinámica, que cumpla el rol de contrapeso del poder estatal. En especial en tiempos en que las mayorías propias del oficialismo le han otorgado un nivel de soberbia tan grande, que ya ni se gastan en aparentar preocupación por temas que no sean de su pequeño interés electoral. ¿Alguien cree que las principales figuras políticas de estos años no saben lo que pasa en estos centros? ¿Alguien cree que no hubo recursos en estos 13 años para mejorar esta situación? El problema es que eso no da votos, entonces los recursos se fueron en ALUR, en la Comisión para el Puerto de Aguas Profundas, en la regasificadora...

Ahora bien, la culpa no es solo de los políticos, porque en este país la dirigencia es fiel representante de la sociedad. Es la sociedad uruguaya la que está enferma, y tolera con pasividad que ocurran este tipo de cosas, debido a la furia que provoca la escalada delictiva que se enfrenta. Solo así se entiende que después de un incendio que mató a 12 personas en una cárcel, no haya habido ni una renuncia, ni una sanción, ninguna responsabilidad pública. O que las cárceles uruguayas tengan el nivel de muertes que tienen hoy sin que pase nada.

Este nivel de violencia de la sociedad respecto de quienes cometen delitos, solo nos rebaja a todos como conjunto. Y todos vamos a pagar las consecuencias.