EDITORIAL

Las pérdidas de Ancap llevaron al senador Lacalle Pou a plantear a su bancada la creación de una investigadora. En el Senado, el FA aceptó a regañadientes con la inclusión de una cláusula: “no hay presunciones de irregularidades o ilicitudes”.

Está claro que el presidente Vázquez se quedó sin agenda, tan claro como que su respuesta a esta afirmación es decir simplemente que la oposición no tiene agenda. Pobre argumento. Confunde roles y lo hace a conciencia.

La principal obligación del partido de gobierno es gobernar, para eso tiene el poder y para eso debe tener ideas y proyectos que llevar adelante. La oposición, que además no es un partido sino varios, podrá apoyar o no lo que estime conveniente y donde haya coincidencia, pero su principal obligación es controlar al gobierno. Todos coincidimos con que el poder corrompe y mucho poder corrompe bastante más. Alguien debe ocuparse de poner límites y denunciar los excesos.

En el escenario político uruguayo la denominada oposición (Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, Unidad Popular, Partido de la Gente) ha jugado un rol fundamental en este aspecto, pese a que aun juntos deben batirse en minoría. El partido de gobierno, el Frente Amplio, tiene mayoría automática en el Poder Legislativo y no es muy afecto al democrático control de las minorías.

El Partido Nacional es la principal fuerza de oposición por mandato popular. Y vaya si ha cumplido con esa tarea. Pero como no tiene un movimiento sindical "compañero" que decida paros y paralice el país con sus denuncias o sus reclamos, se mueve exclusivamente —y es lo correcto— en el ámbito parlamentario y muchas veces sus planteos no trascienden de esas centenarias paredes. Decenas de llamados a comisión, ministros interpelados, innumerables proyectos de ley presentados. Solo en materia de seguridad fueron treinta.

Ha sido implacable en los negocios de Pluna (los US$ 137 millones gastados en aviones, el remate y su aval trucho, etc.) con el exsenador y actual intendente de Colonia Carlos Moreira a la cabeza que terminó con los procesamientos del Ministro de Economía y el Presidente del Banco República. En los del Fondes y Venezuela (Rodrigo Goñi y Jaime Trobo apoyados por Gonzalo Mujica), en ASSE (Martín Lema y el diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio), en la Regasificadora (Pablo Abdala), pero sin lugar a dudas —por ahora al menos— que lo de Ancap fue lo más importante.

La acumulación de pérdidas del ente comienzan en 2011, luego de la puesta en marcha del Plan Estratégico aprobado en 2007 cuando el presidente de la petrolera era el actual intendente de Montevideo Daniel Martínez. En 2011 fueron US$ 95 millones; en 2012 US$ 15 millones; en 2013 US$ 168 millones; en 2014 US$ 323 millones y en 2015 (ya con la investigadora en marcha) US$ 199 millones. ¿Qué hubiera pasado si no se instalaba la Investigadora y la información de las obras, los negocios y las pérdidas hubiera quedado en el ámbito exclusivo del partido de gobierno, el Frente Amplio? ¿Los hubieran hecho públicos igual?

Con esos números y tras una reunión con Diego Labat, director blanco en el organismo, el senador Lacalle Pou planteó en la bancada parlamentaria la urgente necesidad de impulsar una comisión investigadora. El planteo en el Senado corrió por cuenta de Álvaro Delgado y recibió el unánime apoyo del Partido Colorado y el Partido Independiente. Las pérdidas gigantescas y la presión parlamentaria llevaron a que el FA terminara votando la Investigadora, aunque con el agregado de que "no hay presunciones de irregularidades e ilicitudes", lo que llevó a Lacalle Pou a dejar bien claro en sala que "sí tenemos presunciones". La comisión investigadora quedó conformada por Marcos Otheguy, Marcos Carámbula, Ruben Martínez Huelmo y Daisy Tourné por el Frente Amplio, el nacionalista José Carlos Cardoso (luego Jorge Saravia), el colorado Pedro Bordaberry, el independiente Pablo Mieres y el también nacionalista Álvaro Delgado (sin voto) en su carácter de denunciante. Tuvo un plazo de 120 días (el Partido Nacional había pedido 180) para trabajar.

La actuación de la oposición fue seria y responsable y pese a algunas dificultades y trabas para el funcionamiento de la comisión, cada uno de los partidos elaboró su informe que terminó en la correspondiente denuncia penal. La "ausencia de presunciones" del FA se transformó en una exhaustiva investigación judicial, que no ha terminado, pero tiene ya una primaria acusación del fiscal del crimen Organizado Luis Pacheco. Y, además, inició el camino que terminó —hecho histórico— con la caída del Vicepresidente de la República.

Actuando siempre en minoría, no es fácil para la oposición hacerse notar. Pero lo ha hecho y ha cumplido con su obligación. Las fallas vienen por el otro lado y esas sí que se sienten, sobre todo en los bolsillos y a fin de mes.