El Partido Comunista y el MPP, dos expresiones antagónicas de la democracia, salieron al cruce de la decisión presidencial en torno a Venezuela. Cada uno tiene sus motivos para defender el régimen despótico de Maduro.

El gobierno uruguayo abandonó su cómoda postura de espectador (o encubridor) ante la crisis de Venezuela y junto con otros 13 países de la región firmó una carta que expresa preocupación por la situación que atraviesa la hermana República, su compromiso con la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos en el marco de la Carta de la OEA. Reitera que el diálogo y la negociación son la vía idónea para llegar a soluciones duraderas, reclama la urgente liberación de presos políticos y el apego a las disposiciones constitucionales que garantizan la efectiva separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho. Advierte que el grupo de países se mantendrá atento a los sucesos a fin de considerar "los próximos pasos necesarios". Y no descarta aplicar la cláusula de suspensión, aunque considera que "es el último recurso".

Era hora. Todos los informes sobre la situación de Venezuela eran tremendamente alarmantes y creciente la posibilidad de una mayor escalada de violencia, fruto de un pueblo cansado de sufrir penurias para apenas sobrevivir y de un gobierno que se maneja al margen del Estado de Derecho. El gobierno uruguayo hizo lo que debía hacer. El presidente Vázquez asumió finalmente el liderazgo que le confiaron las urnas.

Hace tiempo que la República de Venezuela es cada vez menos República y solo existe una parodia de democracia, donde el Consejo Nacional Electoral, máximo órgano en la materia, es juez, jurado y parte en todas las convocatorias a las urnas; donde el Poder Judicial es cualquier cosa menos independiente; donde no existe la libertad de expresión y de prensa; donde se violan los derechos humanos, se apalean y matan estudiantes en manifestaciones y se apresa sin más a dirigentes opositores. Se estima que hay casi un centenar de presos políticos en Venezuela. Y Maduro ya lo dijo claro: "Quien tenga oídos que entienda, el que tenga ojos que vea clara la historia, la revolución no va a ser entregada jamás (…), gobernaré con el pueblo y en unión cívico-militar". Y vaya si ha tenido que recurrir a los militares (prácticamente la mitad de sus ministros son militares) para mantenerse en el gobierno, porque "su" pueblo es tan escaso como los alimentos o los remedios.

Por hacer lo que debía, el Presidente recibió críticas dentro de su propia fuerza política. El Partido Comunista y el Movimiento de Participación Popular alzaron rápidamente sus voces de indignación. No sorprenden, más bien que estaba previsto. Pero, ¿son esos sectores los más calificados para defender la democracia?

Los comunistas han estado siempre abrazados a regímenes que han asesinado sin misericordia a millones de personas, que han degradado la dignidad humana, han institucionalizado la tortura, han violado toda la lista de los derechos humanos y han sido los grandes responsables de los mayores sufrimientos que recuerda la historia.

El MPP por su parte, tiene su origen en la guerrilla tupamara que practicó en nuestro país los mismos códigos comunistas y que apareció para voltear gobiernos legítimamente constituidos e instalar un régimen estilo Cuba. Que, además, mantiene relaciones comerciales directas con el régimen imperante en Venezuela y está muy interesado en que se mantenga, aunque se arrase con el Estado de Derecho y aloje en sus cárceles a presos de conciencia.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro —el mismo que durante cinco años fue canciller de Mujica— hizo un exhaustivo informe (75 páginas) sobre la situación en Venezuela. Citaremos solo dos párrafos de él que son por demás elocuentes:

— "El gobierno venezolano ha convertido su Constitución en papel mojado; la voz del pueblo venezolano ha sido silenciada y encarcelada, y se han propagado por todo el país la corrupción y el narcotráfico".

—"Hoy en Venezuela ningún ciudadano tiene posibilidades de hacer valer sus derechos; si el gobierno desea encarcelarlos, lo hace; si desea torturarlos, los tortura; si lo desea, no los presenta a un juez; si lo desea no instruye acusación fiscal. El ciudadano ha quedado completamente a merced de un régimen autoritario que niega los más elementales derechos".

Bienvenida la decisión del gobierno uruguayo de plantarse en la vereda de enfrente de este régimen, que se mantenga atento a los próximos acontecimientos y esté dispuesto a tomar decisiones más drásticas. Pero que esa declaración y ese compromiso se cumplan. El círculo se va cerrando en torno al pueblo venezolano y cada vez es más necesaria la solidaridad internacional y la historia recogerá dónde estuvo cada país y cada gobierno en la hora de las definiciones.

EDITORIAL