EDITORIAL

El estigma de US$ 800 millones

No existen antecedentes en el país de una pérdida tan cuantiosa como la registrada en Ancap: 800 millones de dólares es un dineral, aquí y en cualquier parte del mundo. Basta pensar todo lo que se podría haber hecho con ese dinero y todo lo que se habría evitado.

Las distintas denuncias y causas judiciales por Ancap fueron las grandes protagonistas de este año 2017. A los informes de los distintos partidos en la comisión investigadora del Senado se agregó el tema del uso de las tarjetas corporativas por los directores. Y no solo de Ancap, sino también de ALUR. Un total de 32 indagados pasaron por el juzgado del Crimen Organizado a cargo de la jueza Beatriz Larrieu, quien junto al fiscal Luis Pacheco llevaron adelante una minuciosa investigación judicial que entra en un "impasse" por la Feria Judicial mayor.

Que quede claro: Ancap subsistió y llegó al 2017 porque es una empresa pública (y sus directores cuestionados solo pueden ocupar esos cargos porque es empresa pública). Si fuera privada habría entrado de cabeza en un proceso de quiebra. Sus números eran escandalosos. El endeudamiento de la empresa rondaba los US$ 2.000 millones, cinco veces su patrimonio. Un patrimonio que en 2012 era de US$ 1.151 millones y apenas alcanzaba los US$ 441 millones tres años más tarde cuando se instaló la investigadora. Pero, gracias a su carácter estatal y monopólico logró seguir funcionando: se le votó una capitalización de US$ 622 millones que todos los ciudadanos pagaron por ajustes fiscales, aumentos de tarifas públicas y un desesperado hurgar e inventar gravámenes en cuanto rincón de la actividad se presentara. Mientras el precio de los combustibles caía a mínimos casi increíbles, aquí se congelaba o aumentaba. Había que tapar un agujero de US$ 800 millones.

El tema de las licitaciones fue el buque insignia de las denuncias sobre Ancap. Hay licitaciones que debieron hacerse y no se hicieron, sino que se adjudicaron determinadas (y millonarias) operaciones en forma directa. Allí está el contrato de Ancap con la empresa holandesa Trafigura para una triangulación en el refinamiento de petróleo con Ecuador. Esas operaciones superaron los US$ 700 millones y Ancap cobró US$ 6 millones. Y allí está la contratación de Exor, una empresa de servicios que actuó como intermediaria entre Ancap y la venezolana Pdvsa.

Pero también están las licitaciones del rubro inversiones para la construcción de diversas y costosas instalaciones del plan estratégico de Ancap que diseñó Daniel Martínez cuando fue su presidente, y que Raúl Sendic puso en marcha. Todas, absolutamente todas las obras licitadas tuvieron cuantiosos sobrecostos que superaron y en mucho el precio de la oferta inicial por la cual les fue adjudicada. ¿Para qué se llama a licitación si después el costo no se respeta? Veamos solo un par de ejemplos.

—La planta desulfurizadora de Ancap estaba estimada en US$ 90 millones; se terminó pagando US$ 421 millones. Casi cinco veces más. A eso hay que sumarle la fiestita bastante cara de su inauguración: US$ 360 mil (estaba previsto US$ 73 mil).

—La planta de bioetanol en Paysandú. Se trata de una obra de ALUR, ese hijo del Ancap populista, muy habilidoso para moverse en las penumbras de lo público y lo privado. Tras un proceso bastante engorroso se le adjudicó a la española Abengoa por US$ 82 millones (había terminado empatada con la empresa Praj de origen indio, pero se descartó con el extraño argumento de "temas de diferencia cultural y lejanía"). El costo real fue de US$ 147 millones, prácticamente el doble. Este no es un tema terminado en la indagatoria judicial, porque aún debe declarar nuevamente (la vez anterior lo hizo por escrito) el ex director general de ALUR y actual senador del grupo de Sendic, Leonardo de León, y el exgerente Manuel González.

—La planta de cemento y cal en Treinta y Tres. La inversión estimada era de US$ 45 millones. Su costo fue de US$ 120 millones. Se multiplicó por tres.

Quedan también otros temas "menores" (para los montos de Ancap). La contratación y los gastos de la agencia de publicidad y en publicidad, especialmente intensos en la campaña electoral, algunas importaciones que omitieron pagar impuestos y todo lo relativo a las "generosas" tarjetas corporativas. También queda el informe de un equipo multidisciplinario con especialistas del Banco Central en Lavado de Activos que trabaja en la órbita de Crimen Organizado y que solicitó el fiscal Pacheco.

Lo positivo de este episodio puede encontrarse en el funcionamiento del muy republicano principio de separación de poderes en todo su esplendor: una actividad desarrollada en la órbita del Poder Ejecutivo fue investigada y denunciada por el Poder Legislativo en uso de sus facultades de contralor, y el tema pasó para su dilucidación al Poder Judicial, que tendrá la última y definitiva palabra. La Justicia desplegó una ímproba tarea para el esclarecimiento de las responsabilidades que podrán caber, y sobrellevó con mucho esfuerzo y dedicación las dificultades derivadas de su escasez de recursos. Vaya el reconocimiento.

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