El País publicó el domingo pasado la noticia de que una primera mirada a fondo a los números del Mides, realizada por las nuevas autoridades, confirmaba un panorama de total descontrol del manejo de los fondos públicos. 

Pero casi tan ilustrativo como esta información, fue todo lo que pasó en los días siguientes.

Según explicó el domingo a El País el director de Secretaría del Mides, Nicolás Martinelli, los auditores encontraron una fuga de casi $ 10 millones por el impago de alquileres de refugios que debían efectuar las ONG, y unos $ 4 millones en multas por incumplimiento de Uruguay Trabaja con el BPS. Esto además de un panorama caótico en el manejo de inmuebles involucrados en el Programa Nacional de Discapacidad.

El esquema funcionaba de la siguiente manera: el Mides transfería dinero a estas ONG para pago de alquileres de los locales donde funcionaban los refugios. Estas no pagaban nada, y los dueños de los locales no se quejaban, porque se cobraban a través de una garantía expedida por el ministerio de Vivienda.

O sea que el contribuyentes uruguayo pagaba dos veces por el servicio. Esto ocurrió por lo que se sabe hasta ahora, al menos durante 15 meses, y no fue un problema con una organización, sino que había más de una decena involucradas en esquemas similares. Otro detalle que explica mucho del asunto, la Unidad de Auditoría interna del Mides, creada en 2013, nunca se había puesto en marcha hasta el cambio de gobierno.

La reacción de los exjerarcas fue furibunda. La diputada Ana Olivera no negó que los hechos hubieran ocurrido, pero aseguró haber puesto al tanto a las nuevas autoridades, a la vez que atacó ferozmente al diario por brindar la información, y dijo que si le toca ir a un juzgado, no se amparará en sus fueros. Igual que Manini Ríos. Por otro lado, un programa radial de humor matinal, en vez de profundizar en semejante denuncia, optó por cuestionar la ética de El País, sugiriendo que últimamente ha publicado demasiadas noticias. Hasta no hace mucho, a eso se dedicaban los periodistas, y se los juzgaba de acuerdo a si eran verdad o no. Pero vivimos tiempos raros en la profesión.

Quien probablemente puso el dedo en la llaga fue el ministro Pablo Bartol, que no solo afirmó no tener documentos advirtiendo sobre esta situación de caos administrativo, sino que señaló que “da la impresión que era un esquema armado”. Por su parte, el director Martinelli advirtió que habrá más auditorías, que luego de 3 años de ausencia, la Auditoría General de la Nación, volverá a inspeccionar los números del ministerio, y que “el Mides no cogobernará con las ONG”.

Para explicar a qué se refiere Martinelli con esto, y el propio Bartol con lo del “esquema”, es bueno recordar otra investigación publicada por El País en febrero de 2019. Cuando a los programas de humor radial matinal no les llamaba la atención que se hiciera periodismo.

Allí se contaba la historia de la Asociación Civil Eusebio Vidal, un grupo de militantes del Partido Comunista de San José. “Nosotros estábamos trabajando en una ONG en pos de abrir una radio comunitaria, cuando nos llamó el Mides y nos planteó que nos teníamos que hacer cargo de un refugio. Aceptamos sin ningún conocimiento. Le pedimos orientación al Mides y nos dijeron que tuviéramos ‘sentido común’”. Eso dijo el señor Hugo Gutiérrez, directivo de la radio/refugio ante la Justicia en un juicio iniciado por los empleados del lugar, molestos porque se les retenía el 7% de sus ingresos para financiar esa radio del Partido Comunista.

Lo que revela esta situación es que el Mides era hasta hace poco un verdadero relajo en materia administrativa. Pero que, además, se asignaban tareas sensibles como atender a gente sin hogar, a personas sin ninguna preparación ni apoyo, y con la intención de financiar causas políticas afines a la ideología de la cúpula del ministerio. ¿O usted cree que si eran dirigentes de Cabildo Abierto quienes querían tener una radio, les hubieran dado un refugio para atender?

Esta es la primera olla que se destapa de un tema muy serio que amerita investigarse a fondo. El vínculo del Estado con una flotilla de ONG que han proliferado en estos años, y que están en su mayoría lideradas por figuras cercanas al anterior gobierno. Que recibían millones de dinero público, de los cuales no rendían cuentas a nadie. Y que después, ante cada causa que el Frente Amplio buscaba imponer, siempre acompañaba la firma de decenas de estas organizaciones, con lo cual daba la sensación de ser cuestiones con masivo apoyo social. Eso sí, todo pagado por el ciudadano de a pie, fuera del partido que fuera.