Si malo es lo presente, el futuro pinta peor. Lo más preocupante es el peso que quedará para las generaciones venideras, que tendrán que hacerse cargo de la deuda externa más alta en la historia del país.

La defensa del interés nacional y de los valores republicanos se resume en un sistema político creíble, un sector público fuerte y un gobierno respetado. En primer lugar, la credibilidad del sistema hace a la plena vigencia del Estado de Derecho, al armónico funcionamiento de los Poderes del Estado y a la estabilidad macroeconómica. Para ello se necesita de partidos políticos sólidos con dirigentes formados y disciplinados capaces de gobernar con la mínima transparencia de gestión a todos los niveles institucionales.

En segundo lugar, un Estado fuerte no significa una burocracia asfixiante ni monopolios públicos que eliminen la competencia con el argumento que con ellos se defiende la soberanía de un país. Alcanza con un Estado orientador, regulador y garante; que permita que el mercado se desarrolle atrayendo inversiones privadas preservando la competencia, evitando posiciones dominantes. Sobre todo, en economías como la nuestra en que el pequeño y mediano empresario representan más de la mitad del Producto Bruto Interno con una tasa de empleo superior al 70%.Y que por otra parte, en la aplicación de las políticas públicas pueda sustraerse a la presión de intereses sectoriales y corporativos que reclaman recursos sin someterse a ningún tipo de evaluación de los resultados.

En tercer lugar, un gobierno respetado es aquel que ejerce la autoridad en el marco de la Constitución, aplica su poder coercitivo de acuerdo a las normas y exhibe un pudor institucional que permite que los gobiernos no afecten al sistema excitando el descreimiento y el enojo colectivo.

Todo lo expuesto, que parece teórico, es el trípode que sostiene el funcionamiento de un Estado moderno y democrático. Si no funciona con esos pilares básicos, la suerte de un país y de su gente solo dependerá de los acontecimientos externos que incidan sobre el destino de su economía.

Afortunadamente, un cambio se percibe en la opinión pública que ha comenzado a darse cuenta del chavismo rioplatense que inundó las cabezas de las administraciones frenteamplistas. Al punto, que censura agriamente a un Vicepresidente viajero que se atreve a opinar sobre la mejor manera de gobernar el país, mientras las jerarquías de Ancap desfilan en los juzgados tratando de responder por las decenas de millones de dólares que se perdieron en la orgía política en que la introdujo.

También debe tomarse en cuenta que la sorpresa y la indignación empiezan a despertar a una ciudadanía hasta ahora anestesiada, cuando hasta los revolucionarios favorecidos por una amnistía en el pasado, en plena democracia decidieron financiar su fuerza política robando bancos mientras que sus representantes en el Parlamento reclamaban ampulosamente por Verdad y Justicia.

La conclusión es que los gobiernos del FA han comprometido los tres aspectos mencionados. Deterioraron la fuerza de las instituciones haciendo del derecho una mascarada al servicio de una ideología anárquica y autoritaria; utilizaron al Estado y las empresas públicas como instrumentos de un clientelismo político que no supo de límites en el gasto público y fracasaron obteniendo resultados impresentables en educación, seguridad y salud pública.

Más grave aún es el peso que dejarán a las generaciones venideras, que tendrán que hacerse cargo de la deuda externa más alta en la historia del país. Y deberán soportar nuevos ajustes fiscales que se sumarán a los impuestos que hoy pagan, entre ellos, un IRPF que castiga a los que trabajan más y no a los que ganan más.

A pesar de todo eso, el equipo económico maneja números e inventa creativos power point sin explicar las carencias de una infraestructura de transporte que exhibe rutas nacionales y vecinales intransitables, vías ferroviarias destartaladas y compañías de aviación que en su aterrizaje forzoso terminaron con altos funcionarios procesados, impulsados por el Poder Ejecutivo de la época.

Esa es la realidad pura y cruda. Y sin embargo el Pit-Cnt, rebosante de recursos extraídos a los trabajadores, exige profundizar políticas que en Cuba, Venezuela y Nicaragua, entre otros ejemplos, nos muestran lo peor de los regímenes populistas tanto en su corrupción como en la violación de los derechos humanos de sus habitantes.

Para volver a un sistema creíble, un Estado fuerte y a gobiernos respetados, el aluvión de la voluntad popular, expresada en las urnas, deberá sumarse a una alternativa de poder con capacidad de enfrentar la herencia económica, social y ética que los gobiernos frenteamplistas nos dejarán. Y eso ya depende de la oposición.

EDITORIAL