No me incomoden, estoy muy ocupado preparando mi próximo error". Es-ta frase de Bertolt Bretcht es aplicable a los que se resisten a aceptar la decisión judicial que culminó en Brasil con la prisión de Lula da Silva imputado de corrupción. Para no repetir ese equívoco es necesario pensar.

En primer lugar, el sistema brasileño debe ser entendido; gobierno, autoridad y poder han sido siempre conceptos diferentes; en el Brasil el poder descansa sobre tres pilares: las Fuerzas Armadas, la Cancillería y la influyente Federación de Industrias de San Pablo. La identidad lusitana brasileña tiene origen monárquico, personalidad imperial y formación diplomática portuguesa. Se resume en un nacionalismo de espíritu custodiado por sus Fuerzas Armadas y por la estructura productiva de su mercado interno; de modo que, todo lo que para el resto de América tiene lectura en blanco y negro, en esa tierra de Vera Cruz hasta su exótico colorido contribuye a diluir los radicalismos.

En segundo lugar, eso explica por qué lo político y su relación con los factores de poder tuvieron otra evolución. El Partido de los Trabajadores asumió el gobierno en el 2007 aliado políticamente con el PMDB, que aportó a la fórmula presidencial a José Alencar como Vicepresidente de Lula da Silva y a Michel Temer de Dilma Rousseff .

El milagro brasileño durante su historia se produjo tantas veces como se desvaneció. Otros gobiernos, incluso los de Lula, aprovecharon tiempos de precios internacionales favorables que permitieron que la economía brasileña dispusiera de enormes recursos que se fueron gastando al tiempo que se postergaban cambios estructurales que aseguraran la estabilidad macroeconómica; en otras palabras, una y otra vez, se aplicó la mágica y letal receta de recaudar como capitalista y gastar como socialista indisciplinado.

En tercer lugar, también tienen explicación las razones por las que ni Lula da Silva, ni Dilma Rousseff hicieron una revisión de la violación de los DDHH durante la dictadura. Tan así, que el único ministro que continuó en el gabinete cuando asumió Rousseff fue Nelson Jobim. Este se desempeñó co-mo Ministro de Defensa desde el 2007 al 2011 y supo ser también Ministro de Justicia hasta 1997 en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso; luego, fue miembro y Presidente del Tribunal Federal de Brasil. Jobim, un connotado jurista, fue el primer ministro de Defensa de la democracia que convivió armónicamente con la cúpula militar contando con el respaldo de Lula da Silva. El exitoso ministro, luego de un desencuentro lateral con Rousseff, fue sustituido por el excanciller Celso Amorim, provocando gran malestar en las Fuerzas Armadas

La designación de Amorim continuó el proceso de ruptura de los pilares de poder iniciado en Itamaraty por Marco Aurelio García y Samuel Pinheiro Guimaraes, de estrecha relación con personajes autoritarios co-mo Ahmadineyad en Irán, los hermanos Castro en Cuba, Chávez y Maduro en Venezuela; todos ellos, ganados de un sentimiento anti EEUU, que al embriagarse de ideología totalitaria fragilizaron el valor de la democracia que decían defender. Amorim dejó el Ministerio y continuó hasta ahora cuestionando e interpretando las expresiones de altos oficiales.

En cuarto lugar, es claro que el problema terminó siendo la corrupción y no la ideología. Lo saben el Frente Amplio y el Pit-Cnt que intencionalmente no hacen mención a que los exministros de Lula, Palloci y Mantega fueron procesados y destituidos por corrupción; y que igual destino tuvieron José Dirceu, José Genoino, Delubio Soares y José Vac-cari Neto, integrantes de la cúpula del Partido de los Trabajadores condenados, además, a varios años de prisión por asociación para delinquir.

En consecuencia, el rol de las Fuerzas Armadas del Brasil merece un análisis aparte más allá de las declaraciones del Comandante del Ejército que sorprendieron a muchos inadvertidos. Guante de seda en puño de acero; un recurso conocido en la historia brasileña, ya que las Fuerzas Armadas brasileñas son la columna vertebral de la geopolíti-ca luso-brasileña y de la defensa de los recursos naturales de ese territorio terrestre y marítimo de enormes dimensiones. Algo que pronto entendió Jobim y aceptó Lula.

En quinto lugar, no corresponde hablar de "golpe de estado" y de ruptura institucional. Lo cierto es que el centro de la lucha institucional se ubica entre los Partidos Políticos y la Justicia. Los primeros, aportan las víctimas en el marco de la actuación de jueces y Tribunales ajustada a la Constitución; y la segunda, ante esa mancha de humedad que contamina el edificio moral del Brasil, cumple con independencia su función como un poder del Estado. Para decirlo con mayor claridad: todos los procesados enfrentaron el peso de la justicia porque el poder los corrompió.

Por último, no puede ignorarse que la institucionalidad brasileña encontrará el tradicional "jeito" con el que ha superado tantas crisis que muchos ignorantes de su historia vieron como terminales; por eso cabe insistir que los asuntos internos de cada Estado no admiten la intervención de terceros, menos cuando la moral pasa a un segundo plano frente a la posición ideológica.

En conclusión, en el Uruguay también debemos reflexionar. Lo sucedido en Brasil requiere acordar posiciones de Estado que nos identifiquen como garantía de la seguridad jurídica y del respeto a principios que nos han distinguido en la comunidad internacional.

Lamentablemente, los gobiernos del Frente Amplio, inmersos en la charlatanería de la tierra prometida, no aceptan que es lo mismo robar con la mano izquierda que con la derecha; más aún, pretenden ignorar que los que pagan son los que trabajan y los que hablan en nombre de ellos terminan en la cárcel. ¿golpe de Estado? ¡Por favor!