El tono que usó Lula no es acorde con la gravedad de lo que ocurre en Nicaragua, pero al menos dijo lo que otros presidentes que se auto-perciben progresistas callan de manera ensordecedora.

El ex presidente de Brasil le recomendó a Daniel Ortega “no abandonar la democracia” y preservar “la libertad de expresión” y la alternancia en el poder, señalando incluso como positivo que el próximo gobierno de Nicaragua fuese de otro signo político.

La cantidad de muertos que dejó la represión a las últimas protestas en Mangua, la ola de exiliados nicaragüenses que inundó Costa Rica, la cantidad de presos políticos y la razia que encarceló aspirantes a competir con Ortega en la próxima elección presidencial, amerita un tono más enérgico que el utilizado por líder centroizquierdista brasileño. Pero en el marco del silencio que mantienen los gobernantes y dirigentes de la izquierda en la región, lo que dijo Lula da Silva tiene un gran valor.

El ex líder metalúrgico que podría vencer a Bolsonaro y volver a la presidencia en la próxima elección, está anunciando a su país y a la región sus diferencias con las autocracias y los regímenes que perpetúan el poder de un líder o un partido.

Resulta enigmática la dificultad para condenar a regímenes de izquierda que violan Derechos Humanos de manera tan evidente como brutal y sistemática. La portación de discurso y simbología con carga ideológica les permite contar con la complicidad de dirigencias izquierdistas a regímenes calamitosos, como el cubano y el venezolano, así como a déspotas inescrupulosos que mantienen la economía capitalista pero persiguen ferozmente a sus opositores, como Daniel Ortega. Pero esa actitud deplorable no se ve sólo en la izquierda.

Los países del Grupo de Lima guardan silencio sobre lo que ocurre en países gobernados por derechistas que están avasallando el Estado de Derecho. En Guatemala, el presidente conservador Alejandro Giammattei está desactivando los dispositivos anticorrupción con que cuenta el sistema judicial. Valiéndose de la fiscal general Consuelo Porras, expulsó sin causa al titular de la Fiscalía Especial contra Impunidad, Juan Francisco Sandoval, quien impulsaba investigaciones sobre corrupción que podían conducir hasta el mismísimo jefe de Estado.

A pesar de haber sido ejemplar la acción de la justicia contra la corrupción que terminó encarcelando a un presidente, Otto Pérez Molina, y una vicepresidenta, Roxana Baldetti, se volvieron sistemáticos los ataques desde el poder a la Comisión Interamericana Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y evidentes las proscripciones, como la que excluyó de la última elección presidencial a la ex Fiscal General Thelma Aldana.

Ahora, fue expulsado injustamente del cargo Juan Francisco Sandoval, quien además huyó del país buscando protección en Estados Unidos, convencido de que en Guatemala su vida corría peligro.

Paralelamente, en El Salvador crecen las señales de probable persecución política contra la dirigencia del izquierdista frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Por casos de corrupción en el gobierno de Mauricio Funes que ya habían sido juzgados, varios ministros del posterior gobierno del FMLN han sido detenidos y se ha librado una orden de captura contra el ex presidente Salvador Sánchez Cerén.

No es difícil sospechar que el actual presidente salvadoreño está detrás de esta posible persecución judicial porque, desde que llegó al poder, Nayib Bukele se colocó por encima del sistema de leyes, arremetiendo contra todo lo que obstruya su deriva autoritaria.

La lentitud de la OEA para dar centralidad a los casos de Guatemala y El Salvador, contrasta con la estridencia de los pronunciamientos contra el autoritarismo de regímenes izquierdistas. También aturde el silencio de los gobiernos centroderechistas respecto a Colombia, donde se han vuelto sistemáticos los asesinatos de dirigentes campesinos, defensores de Derechos Humanos y ex guerrilleros que firmaron la paz.

Desde hace años funciona en Colombia una maquinaria de asesinar, a la que los sucesivos gobiernos no han enfrentado de manera decidida y total.

El silencio que los líderes de centroderecha mantienen frente a estos casos, resta credibilidad a sus denuncias y condenas a las violaciones de Derechos Humanos que se cometen en Venezuela, Nicaragua y Cuba con la complicidad deplorable de gobiernos y dirigencias que se auto-consideran progresistas.