Es un error esperar que los partidos nuevos marquen sus votos para recién después buscar coincidencias.

Será discutible cómo entró en política el ciudadano Manini al otro día de dejar la Comandancia del Ejército y será extraño que el señor Novick tenga un Partido de la Gente al que le falta gente, pero uno y otro salieron a la palestra recogiendo inquietudes públicas no prescindibles. Es de orden atenderlos y entenderlos.

Un diálogo serio sopesa razones y no votos. Máxime en tiempos de decadencia que no se resolverán armando puzzles poselectorales sino afirmando principios antes y después de las urnas. ¡Y vaya si la República tiene pendientes cuestiones de principios!

Un ejemplo: en la agenda electoral no aparece cuánto se ha venido corroyendo la legalidad y minimizándose a la persona. A nadie parece importarle la cantidad de desconfianzas y muros que, en nombre de abstracciones como “la sociedad” o “el sistema”, jibarizan la ley y ahogan al individuo.

Un penoso caso lo ofrece el régimen penal vigente. En el Parlamento lo votaron todos. Y todos le metieron cirugías y hasta le armaron aparatos ortopédicos, convirtiendo a la Fiscalía de Corte en un Servicio Descentralizado y suprimiendo Fiscalías civiles para aumentar las penales.

Se desguazó el tradicional imperio de los Jueces al transferir a los Fiscales el poder de indagar, pero este, salvo en casos excepcionales, se viene aguando en un compañerismo cibernético, o a lo sumo telefónico, con unas Comisarías que hoy no son ejecutivas sino administrativas y están en buena parte en manos de pasantes. Se formó una tierra de nadie, donde el Fiscal no tiene medios para estar en todas partes y debe ser a la vez esclavo de la computadora, las audiencias y las diligencias de prueba.

Aunque nada informático puede suplir a la mirada de un Magistrado en alerta espiritual ni al compromiso personal del funcionario con la función, nuestro proceso penal, y también civil, está anclándose progresivamente a la informática administrativa, hasta llegar a vericuetos kafkianos. Denunciado un delito, el sistema demora 10 días -y a veces 30- en definir qué Fiscal se encargará del asunto. Si el denunciante quiere ser oído, el Fiscal fija una audiencia sin expediente para dentro de otros 20, 30 o más días, con lo cual la inmediatez se desvanece y la víctima queda mucho más desprotegida que antes.

Estos males no son tema de entrecasa para nosotros los abogados. Afectan los principios del Derecho, es decir, de todos. Muestran que el nuevo Código le habrá hecho el gusto a las recomendaciones internacionales, pero montó un método absurdo y sin medios, mientras el Uruguay pasa vergüenza en la crónica policial del mundo con récords como 900 kilos de cocaína escondidos en Parque del Plata y 4.500 kilos camuflados en soja embarcada de Montevideo hacia Hamburgo.

A todo esto, una paraplejia culposa obtuvo el perdón penal porque el jugador de fútbol involucrado pudo pagar 800.000 dólares, con lo cual se derogó el Código Penal por un “acuerdo” y se atropelló la igualdad ante la ley.

Es que en Derecho y en otras áreas, a la sensibilidad le está ganando la impersonalización de los sistemas, que amordazan la libertad creadora de los profesionales atándolos a formularios que deben escribir apurados y bajo estrés.

Esos tópicos -¡del ser humano de carne y hueso!- no figuran en la campaña electoral, pero son cruciales para lo que vendrá.