El lunes los legisladores Domenech y Lust Hitta pidieron al Presidente Lacalle Pou la destitución del Fiscal de Corte Dr. Jorge Díaz. Tras larga temporada de monolitos, tener parlamentarios con iniciativa propia es un mérito republicano.

Lo celebramos sin tapabocas. Pero el entusiasmo por la independencia personal no debe nunca ahogar la reflexión jurídica. Al contrario: su misión es empujarla.

Apareció como antecedente que en 2003 Jorge Batlle removió al entonces titular Dr. Óscar Peri Valdés junto con mi firma ministerial. El ejemplo no puede calcarse. En el régimen anterior, el Fiscal de Corte integraba el cuadro del Ministerio de Educación y Cultura. Todos los Fiscales encarnaban una independencia técnica que bien respetaron los gobiernos democráticos, pero mantenían un lazo funcional que los ligaba a las normas comunes a los funcionarios de la Administración Central.

En cambio ahora, por la ley 19.843 el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación mantiene ese cargo constitucional pero actúa como cabeza unipersonal de “el Servicio Descentralizado Fiscalía General de la Nación” y por tanto no integra las dependencias directas del Poder Ejecutivo. Ergo: el Presidente no puede destituirlo sin venia del Senado por 3/5 de integrantes.

Establecida esa diferencia, aparece otra: el tinte político-partidario del tema planteado.

A una de las Fiscales que archivaron la denuncia contra el Dr. Carlos Moreira, se le abrió una indagatoria sobre vínculos blancos anteriores a su ingreso al Ministerio Público. Acto que suena arbitrario y con desviación de poder. En contrapartida, se saca a relucir una militancia izquierdista del Dr. Díaz que ya era vox populi.

El caso nuestro fue al revés. Batlle y el suscrito no manejamos argumento político alguno. Actuamos solo por pasión de legalidad. Como el Fiscal de Corte no pudo identificar ninguna norma que lo autorizara a opinar oficialmente sobre materias ajenas a su competencia, a trabajar con determinado jerarca policial en indagaciones reservadas, a instalar una oficina para tipificar delitos leyendo el parte de la comisaría sin oír a los implicados, etcétera, lo separamos del cargo por ilegalidad, abriéndole un sumario en el cual tuvo máximas garantías y no pudo desmentir las imputaciones.

Nos apoyaron grandes ex-ministros -Antonio Mercader, blanco; Yamandú Fau, batllista- y connotados frenteamplistas como Hebe Martínez Burlé y Gonzalo Fernández. En el vendaval de 2003, el tema se politizó. Se nos interpeló. Con el honorable Subsecretario Daniel Bervejillo salimos airosos.

Ninguna intentona logró opacar los principios que nos impusieron aquel acto que firmamos en conciencia, sin cálculos y sin implicancias políticas. Un acto que, según en ese momento me dijo Batlle, “lo hacemos por la legalidad: a mí no me va nada y a usted tampoco, salvo el cargo”.

Hoy hace falta restablecer ese plano de puro Derecho para sopesar el actual colapso funcional de la Fiscalía General, que desborda con mucho el episodio ventilado en estas horas. Lo sabe el foro entero y lo sufre la gran mayoría de los denunciantes. Habrá que saber cuántos males provienen de erratas del manejo y cuántos del nuevo Código del Proceso Penal que, remedando pésimos modelos foráneos, minimizó al Poder Judicial.

Para restablecer una Justicia Penal abierta y plena, midamos todo eso en Derecho. Sin cintillos y sin prejuicios.