Hay temas de estos días con tela para cortar. Ejemplo: si Bonomi endilgó a la oposición el robo en la casa de su Jefe de Policía de Montevideo, con más razón deberíamos atribuir la tragedia de la pobre chica adicta que terminó decapitada, al legalizador del cannabis, Mujica.

Hay temas de estos días con tela para cortar. Ejemplo: si Bonomi endilgó a la oposición el robo en la casa de su Jefe de Policía de Montevideo, con más razón deberíamos atribuir la tragedia de la pobre chica adicta que terminó decapitada, al legalizador del cannabis, Mujica.

Otro: al acudir presto al llamado de Vázquez con el Partido Colorado en pleno velatorio electoral, Amado repitió la hazaña de cuando, con Magurno enfermo e indefenso, logró la colaboración de familiares y amigos con el pretexto de homenajearlo en un libro… y terminó denostándolo bajo el título “El Padrino”. ¡Vaya si podríamos escribir sobre esos temas de este entretiempo político, silente y gris por la falta de debates entre los postulantes porque hay un empecinado que no se enfrenta!

Pero más que todo eso —pasajero— debe estremecernos la decisión, adoptada por ASSE, de suspender por 30 días al urólogo Dr. Gerardo López Sacchi, imputándole falta grave por haber declarado sin autorización que dos pacientes del Hospital de Canelones fallecieron por falta de camas en el CTI. La sanción quedó sin efecto al advertirse —tarde y mal— que el galeno tenía fueros gremiales que lo habilitaban. Pero ni siquiera esa reculada atenúa la entidad del asunto, ya que agravia a los médicos y a la ciudadanía entera que, tan luego en temas sagrados de vida o muerte, se le entregue al gremialista un certificado A y se amordace al resto con un certificado C.

Salió al cruce el Dr. Antonio Turnes, mentor de la cultura histórico-filosófica de la medicina nacional. Mostró que la sanción viola la Constitución y olvida que el Código de Ética Médica —ley 19.286— declara que “El médico tiene responsabilidad en la calidad de la asistencia tanto a nivel personal, como en promoverla a nivel institucional”, “tiene derecho a ejercer su profesión con autonomía e independencia, de manera digna y libre de toda forma de coacción” y “es su deber exigir las condiciones básicas para que ella sea garantizada … así como reclamar ante los organismos competentes si persisten las condiciones insuficientes en las instituciones.” A lo cual agregamos: el médico tiene prohibido silenciar conductas que bordean el delito de omisión de asistencia.

Pues bien. En régimen republicano el máximo de los “organismos competentes” es la ciudadanía, que no se expresa sólo como cuerpo electoral cada cinco años sino como opinión pública que debe dialogar fuerte buscando lo razonable día por día, sin adormilarse en ningún líquido amniótico que la distraiga del primer deber propiamente humano: pensar.

La cuestión es de los médicos, pero también de todos los funcionarios que -dictaminantes o no- oyen, ven y juzgan. Más aún: es de todos nosotros, que hoy enfrentamos el dilema de reconstruir la razón en debates abiertos o resignarnos a vivir acantonados en la sumisión a estatutos-mordazas, con apariencia legal, que promueven el silencio en vez de acicatear la libertad creadora.

El médico no puede ser el punto de encuentro de la prohibición de hablar con el recetario controlado, el protocolo preformado y el horario rígido, igual que el abogado no debe ser el obediente que justifica dislates del jefe. Cada uno debe conservar la libertad de decir lo que piensa, sin eludir su compromiso con el prójimo y con la opinión pública. Y así debe ser, ¡porque cuando nos diagnostican o defienden precisamos hombres fuertes y libres y no prisioneros de conciencia!