Además de un inmenso talento artístico, Luis Brandoni tiene una historia como actor, como sindicalista y como persona que certifican la calidad de sus intenciones. 

No actúa por ambición de poder ni lo mueve otra razón que no sea su preocupación por la salud de la democracia. Pero eso no implica que tenga razón en todo lo que dice y hace.

Tiene gran parte de la razón sobre las amenazas autoritarias que acechan la institucionalidad. Pero puede no tenerla al convocar a concentraciones masivas en tiempos de pandemia. El sólo hecho de que esas movilizaciones puedan generar escalada de contagios, las invalida hoy como instrumento de protesta, aunque sean justas y legítimas las razones para protestar.

El desafío de las dirigencias políticas de Argentina, oficialista y opositora, es encontrar la razón en común que tuvieron tantas miles de personas en distintas ciudades del país para mezclarse en las calles en plena pandemia. Y también aceptar las paradojas que implica movilizar multitudes en una situación como la que impone el virus.

Algunos marcharon contra la cuarentena, pero parece claro que fue el intento de imponer una reforma judicial lo que más indignación generó. Ocurre que, por más evidentes que sean las patologías de la Justicia y la necesidad de reformarla, el sentido común percibe que si Alberto Fernández le dio prioridad a ese tema en el peor momento de la pandemia y de la crisis económica, es porque su objetivo es dotar a su vicepresidenta del blindaje de impunidad que la resguarde de los procesos por corrupción.

Podrán dar mil explicaciones, pero imponer ahora una reforma judicial y poner al frente del consejo asesor al abogado de Cristina Kirchner, no puede ser leído de otro modo que como una operación de impunidad.

Atacar la cuarentena en plena pandemia exhibe más demagogia “libertista” (manipulación con fines políticos de un valor crucial como la libertad) que crítica responsable. En cambio la reforma judicial, en este momento y con Carlos Beraldi como diseñador principal, no tiene otra lectura posible que no sea la de una operación para salvar a los acusados kirchneristas de corrupción, empezando por Cristina.

Fue la gota que colmó un vaso que comenzó a llenarse con el intento fallido de expropiación de Vicentín. La maniobra para estatizar la empresa cerealera, generó la sensación de que el presidente actuaba empujado por el kirchnerismo y su voluntad de autosatisfacción ideológica. Y en la reforma judicial, la sensación es que actúa por presión de Cristina para clausurar los procesos por corrupción.

La suma da como resultado un presidente gobernado por su vicepresidenta. Esa parece la razón del enojo de gran parte de la sociedad. La indignación es contra Cristina y, de manera indirecta, contra un presidente al que se percibe como un títere de la mujer más poderosa de la Argentina.

Que las razones para la indignación sean válidas, como de hecho ocurre, no significa que la movilización del 17 de agosto haya sido un acto responsable. No lo fue. El sólo hecho de que exista el riesgo que concentraciones de ese tipo provoquen escaladas de contagios, desaconseja convocarlas.

Esta es la paradoja de la protesta. Aciertan los que denuncian la reforma judicial, pero no es acertado concentrar multitudes si existe riesgo de causar brotes de Covid19. Por eso en la oposición quedó expuesta la división entre una dirigencia que hace demagogia “libertista”, y otra que critica lo que debe criticar, sin cometer actos irresponsables ni manipular valores cruciales como la libertad.

En la vereda de la demagogia “libertista” no está Brandoni, al menos de manera consciente, aunque haya sido el principal convocante del “banderazo”, sino Mauricio Macri y Patricia Bullrich, entre otros. Y en la vereda de la oposición responsable están Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y los dirigentes radicales que han empezado a acelerar su distanciamiento de Macri.