La información que ha salido a luz en los últimos meses sobre los errores, y horrores, cometidos por la Delegación de nuestro país en el seno de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) desde el 2009, 

debería hacernos pensar seriamente sobre la forma en que se ha encarado nuestra política exterior en el escenarios más importante para el Uruguay. Si la geografía es la madre de la historia, entonces el Uruguay -la antigua Banda Oriental (aunque algo retaceada)- es el hijo de su ubicación en el umbral de la Cuenca del Río de la Plata y en el punto de contacto entre las dos grandes placas tectónicas coloniales: el imperio español y el portugués.

A partir de esa realidad, hemos acumulado a través de mucho tiempo y a considerable costo -dentro de poco se celebrarán tres siglos del principio del proceso fundacional de Montevideo- conceptos básicos que fueron condensados por Luis Alberto de Herrera en su “Uruguay Internacional”, publicado en 1912, y que deberían orientar nuestra política exterior. En realidad, no hay mucho para innovar. El problema es que, a veces, parecería que olvidamos esas líneas directrices. Así parece haber sucedido en el caso de CARP. En este punto es importante recordar que la Delegación de nuestro país en ese organismo no es un ente autónomo, independiente, sino un instrumento de la Cancillería de quien debe depender. Por lo tanto, las omisiones, o acciones discutibles, que haya tenido la representación uruguaya en CARP, forman parte de la política exterior de nuestro país y son de la responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Río de la Plata es el punto central de la política exterior del Uruguay. Siempre ha sido así. Este curso de agua es un espacios limítrofe complejo, alberga ecosistemas compartidos, contiene vías esenciales de comunicación marítima y fluvial, tiene una variedad de recursos económicos y es un ámbito de cooperación entre los dos ribereños.

La realidad es que la política del Estado uruguayo en CARP desde el 2009, fracasó en dos áreas temáticas estratégicas: los errores elementales cometidos en las gestiones para la profundización del Canal de Acceso al Puerto de Montevideo y las inexplicables omisiones en el asunto del emisor subacuático que está construyendo Argentina. En un caso se desconocieron los vitales intereses de nuestro país en asegurar la modernización y el eficiente funcionamiento de su principal puerto; en el otro, se olvidaron los deberes (y, aún más importante) los intereses que tiene el Uruguay en tutelar el medio acuático del Río de la Plata y de su franja costera.

Esas omisiones no se debieron a la falta de instrumentos jurídicos o de instituciones idóneas.

El Uruguay ha tenido la sabiduría de construir una estructura de tratados que protegen sus principales intereses marítimos y fluviales. En el caso del Río de la Plata tenemos el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, suscrito en 1973, con la República Argentina que define principios básicos en materia de navegación y puertos, y protección del medio acuático. El acuerdo también creó dos comisiones binacionales de carácter permanente con amplios cometidos y competencias. Sin embargo, parecería que estos instrumentos no han sido utilizados en forma sistemática y seria.

Los medios están, el problema es político.