Las elecciones departamentales, que debieron ser diferidas para el próximo mes de setiembre, se van a celebrar con el país (y el mundo) golpeado por una crisis tan importante que hasta escapa a una adecuada estimación.

El gobierno nacional, como es sabido, ha tenido que postergar o modificar sus planes y las decisiones económicas a las que se había comprometido en la campaña electoral.

La gente en general ha tenido que cambiar hábitos y ajustar presupuestos familiares. Los empresarios y productores se han visto obligados a postergar inversiones, en el mejor de los casos, o a achicarse y endeudarse en otros.

En este panorama, que es reflejo de la cruda realidad, el Congreso de Intendentes le ha planteado al gobierno central que no recorte ni un peso de lo que desde allí se reparte hacia las intendencias departamentales. Cuando todo el mundo se está apretando el cinturón lo que se oye de parte de los intendentes departamentales no es el compromiso de ajustar, de gastar mejor para gastar menos.

No señor: a mí que no me saquen nada, que no me toquen nada.

Como es sabido el Poder Ejecutivo tomó rápidamente la ejemplar medida de rebajarse los sueldos altos para volcar ese ahorro a los gastos extraordinarios generados por la crisis sanitaria. No se han visto medidas similares a nivel de los gobiernos departamentales.

Se ha escuchado el argumento de que la insistencia en que no haya recortes en lo que la OPP distribuye entre las intendencias se sustenta y se justifica en el propósito de que no decaiga la cantidad de obras que los gobiernos municipales hacen en beneficio de sus habitantes, ahora más necesitados que nunca.

Lo que deberían mostrar los intendentes (tanto los que aspiran a la reelección como los que aspiran a serlo por primera vez) es cuánto más cuidadosos y eficientes se comprometen a ser en el manejo de las respectivas comunas y cuán hábiles son para hacer lo mismo por menos.

En tiempos de José Mujica los intendentes del interior se dejaron embagayar y entregaron parte de las autonomías departamentales cuando se comieron la pastilla de que era absurdo un régimen en el que cada una de las diecinueve intendencias fijara precio para la patente de los autos.

Se accedió a la patente única emparejando intendencias que se administraban bien, no tenían deudas y cobraban patente baja, como San José (intendencia blanca) con otras como Tacuarembó (también blanca) donde la patente era cara y se debía hasta la luz a la UTE. Se emparejó y se centralizó.

Los intendentes o candidatos a intendentes que ahora están en campaña electoral deberían darse cuenta de cuáles son las circunstancias actuales y cuánto han cambiado; antes convenía mostrarse como el más hábil conseguidor de auxilios de parte del gobierno central, ahora será tomado más en cuenta el candidato que prometa ser más cuidadoso.

La virtud que se buscará en estas elecciones municipales para decidir a quién darle el voto no será la habilidad pedigüeña (o la conexión privilegiada) sino la austeridad, la buena administración y el sentido de realismo sobre el momento que vive el país y la colaboración en una lucha que es común a todos los uruguayos.