El Instituto de Derechos Humanos del Poder Legislativo está dando que hablar. Por un lado, se han levantado voces que lo critican. Por el otro lado, aparecieron quienes se han escandalizado por esas críticas y ven en ello toda clase de intenciones aviesas.

Conviene reflexionar para que el asunto no se agregue a las simplificaciones agresivas con las que se atacan ciegamente, diariamente y a propósito de cualquier cosa los dos territorios de la política nacional.

Lo que ha levantado críticas son algunos de los fallos o pronunciamientos de ese Instituto. Quienes lo defienden argumentan que, habiendo sido este Instituto creado con votación unánime de todos los partidos, no debería haber objeciones desde ningún lado. Pero no hay fundamento para escandalizarse ante las críticas: los mismos fallos de la Justicia ordinaria, que han de ser acatados por todos, pueden ser criticados con fundamento. Aunque una institución sea perfectamente loable, la gestión de sus miembros puede merecer crítica: son humanos, tendrán rachas de aciertos y otras de desaciertos. La opinión sobre dicho Instituto está directamente ligada al prestigio, ganado o perdido en la gestión. En lo personal le perdí algo de respeto cuando se pronunció contra la decisión del Presidente de la República de no conceder la cadena de radio y televisión al Pit-Cnt que la solicitaba.

No es de recibo la indignación hacia quienes critican a este Instituto. Caen ellos en confusión, como si la crítica a la gestión del Instituto conllevara un menosprecio por los derechos humanos. Velar por el respeto hacia los derechos humanos no implica necesariamente valorar la gestión o aún la existencia del Instituto en cuestión.

En nuestro país existe una arraigada creencia respecto a que, cuando algo se considera importante, el paso siguiente necesario es crear una institución que lo dirija y lo represente. Como el asunto de los derechos humanos cobró una centralidad, tan dolorosa como reprobable, durante los años de la dictadura, en la sociedad uruguaya ha quedado una sensibilidad, explicable y justa, al respecto. En consecuencia y fieles a la vieja costumbre nacional se han creado direcciones o instituciones de derechos humanos en casi todas las dependencias oficiales. Existe una repartición encargada de los derechos humanos en el Ministerio de Educación y Cultura. De eso estoy seguro: sospecho que no es en el único Ministerio. También sé que existe en la Intendencia Municipal de Montevideo: sospecho que en otras intendencias también. El Pit-Cnt también tiene una secretaría de derechos humanos. Según la vieja creencia nacional cuantas más instituciones haya mejor cuidados y respetados estarán los derechos humanos. Como resulta obvio esto es una clara superstición (y una ocasión, nunca desperdiciada, de colocar algún amigo en planilla).

Los derechos humanos son un asunto más de cultura que de instituciones, se preservan mejor con educación que con burocracia, son inherentes a la persona: no se ganan por buena conducta ni se pierden por la mala. El Instituto de Derechos humanos del Poder Legislativo debería enfocarse hacia una tarea pedagógica más que judicial o semijudicial de emitir aprobaciones o reprobaciones: debería considerarse a sí mismo más como una cátedra que como un tribunal (ya que como tal no ofrece todas las garantías). Hay varios aspectos a mejorar.