Nuestro país se ha destacado siempre por el compromiso de largo plazo con la estabilidad política y económica independientemente del gobierno de turno. En los rankings internacionales Uruguay ocupa los primeros lugares en democracia, transparencia y control de la corrupción.

Pero además, hemos tenido una política económica estable, prudente y hemos mantenido una alta apertura comercial y de inversión. Porque todos los gobiernos entendieron que un país como el nuestro precisa de inversión extranjera para un desarrollo sostenible, sumado a la necesidad de volvernos menos dependientes de la volatilidad de productos básicos que compra China.

Pero también es cierto que Uruguay puede y debe mejorar sus esfuerzos para estimular aún más la inversión productiva y atraer inversión, así como apoyar la expansión de empresas uruguayas en el exterior.

Aún más en el contexto actual. Apoyado por condiciones externas favorables, entre 2004-2014 tuvimos alto crecimiento económico, reducción de la pobreza y elevadas tasas de inversión. Pero des-de entonces, tenemos desaceleración económica y caída de la entrada de capitales a nuestro país. Y a eso se suma la pandemia, con un escenario de mayor competencia por la atracción de inversiones.

Todo este combo, deja Uruguay en esos “momentos de la verdad” donde no se puede quedar quieto. Y toda la telenovela de Uruguay XXI no ayuda. No podemos quedarnos con el relato de ser los prolijos de la región y dándonos ciertos lujos de inestabilidades institucionales. Porque hay otros que son más atractivos que nosotros, con mercados más grandes, más mano de obra, menos caros y con institutos de promoción de inversiones y exportaciones de primer nivel.

Desde que asumió el gobierno, la institución, pero más grave aún, las funciones que históricamente desarrolló Uruguay XXI están en un nivel de indefinición que se vuelve preocupante. Para que el país logre un desarrollo socioeconómico sostenible se requieren reformas de la política de inversión y mejoras del clima empresarial. A modo de ejemplo, cualquiera que haya hecho un trámite en este país, entenderá a lo que me refiero. Pero no lo decimos solo los uruguayos, lo dice la OCDE: los procedimientos administrativos engorrosos, la obtención de permisos de construcción y registro de propiedad siguen siendo un obstáculo para hacer negocios en Uruguay. Según el mismo informe, carecemos de una base legal general y una solución institucional para hacer cumplir las prácticas regulatorias de manera uniforme.

Nos tenemos que concentrar de una vez por todas en una agenda y un plan de largo plazo que incluya reducir los costos de establecer y operar una empresa, actualizar el marco político e institucional para la promoción de la inversión y el comercio, hacer mejor uso de las tecnologías de la información y orientar mejor los esfuerzos de promoción de la inversión a través de un monitoreo continuo y evaluaciones ex post de intervenciones públicas. Sea Uruguay XXI o quien sea, pero alguien se tiene que ocupar. Es una agenda que no puede seguir esperando a resolver internas políticas, afinidades personales o lo que sea que la esté trancando. No podemos seguir esperando.