Estoy convencido que el Frente Amplio, convertido a sus cincuenta años en la fuerza política más importante del país, vive horas aciagas. También creo que existen razones ideológicas profundas, coincidentes con la crisis universal de las izquierdas, que explican sus problemas.

Sus ambigüedades para conducirse frente a la pandemia, sin resolver si aspiraba al cierre total de actividades como propuso, o sí, como también planteó, se oponía a cualquier restricción a la libertad de movimiento, son obvios ejemplos.

Al igual que lo es su propuesta de, una “renta básica universal” para compensar los efectos de la pandemia. Un discutido arbitrio de inspiración socialdemócrata, en su momento airadamente rechazado por la izquierda clásica.

El recurso, originalmente planteado en Europa por Robert Van der Veen y Phikippe Van Parijs, motivó una conferencia realizada en setiembre de 1986 en Lovaina.

En ese entonces concitó la atención entre los socialistas democráticos, para poco después ser desestimada por sus “popes”. Erik Olin Wright, Alec Nove. Joseph H. Carens, Jon Elster relativizaron su valor al igual que lo hicieron la mayoría de los marxistas analíticos, alegando que a lo menos en una larga primera instancia, suponía mantener la propiedad privada de los medios de producción y la desigualdad de la renta.

Actualmente, en ámbitos liberales, la propuesta, pese a algún efímero ensayo posterior, se encuentre abandonada. Con esos antececedentes no es de extrañar que la izquierda radical la denostara como un artero subterfugio social demócrata y así lo manifestara repetidamente.

Hoy su doctrina ha cambiado. Simultáneamente, la Ley de Urgente Consideración enfocada a solucionar problemáticas pendientes y mal abordadas por el Frente -Seguridad, Educación, Economía, etc.- resulta cuestionada.

Pese a que fue clave para el triunfo de la coalición gobernante. Sin embargo, no solo la “Fuerza Política” impulsa su derogación, a ella se une un efervorizado cúmulo de movimientos sociales, desde las misteriosas intersociales departamentales como “Ollas por la Vida”, “Crysol”, “Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos”, “Redes pro Cuidados” o “Rebeldía Organizada” hasta, como no, la infaltable Federación de Estudiantes Universitarios.

Lo que sorprende no es tanto la multiplicación de organizaciones sociales, cuando este florecimiento es genuino fortalece la democracia, sino que todas ellas, al unísono, condenen la ley.

Es difícil aceptar, por ejemplo, que todos los miembros de la Asociación de Asistencia Social concuerden con la unánime negativa de la Intersocial de Costa de Oro o con las Red Pro Cuidados. Un resultado además, nada coincidente con la conocida voluntad de las mayorías ciudadanas.

Es más válido pensar que la desaparición del relato central de la izquierda uruguaya, la implosión de su estructurado socialismo clasista, hoy sustituído por vagas promesas populistas, haya propiciado tanto la “renta universal” como este sospechoso florecimiento de etiquetas sociales. En el fondo una muestra de impotencia propositiva.

La ataraxia ideológica no es gratuita.