Es indudable que la crisis hídrica que afecta el sur del país, incluida la capital, es un tema excluyente y si se sigue a través de los medios periodísticos hasta es posible verla como un relato dramático en el cual el porcentaje de agua disponible en Paso Severino ha ido midiéndose centímetro a centímetro. Pese a que en estos últimos días la “cota” ha subido pero la potabilidad no, el asunto ha cobrado ribetes delictivos con las consecuencias jurídicas y administrativas que generó una de las bombas de humo que un integrante del gremio estatal accionó en el recinto de la sede de OSE, el pasado 13 de junio. En ese momento estaba reunido el directorio para abrir las ofertas presentadas para el proyecto Arazatí, vinculado al agua potable y su generación. Según declaró en un programa televisivo Federico Kreimerman, representante de la Federación de Funcionarios de OSE y sospechado de haber accionado la bomba, el uso del artefacto fue aprobado por el sindicato. Según trascendidos se habrían utilizado ese día 30 bombas de humo, tres de las cuales dentro del edificio.

Esto hay que analizarlo desde una perspectiva que abarca el panorama entero y no solo el patético episodio de presionar a un ente estatal con recursos de barbarie. Sabemos que el directorio del ente no se integra por generación espontánea: es designado de acuerdo al resultado electoral que determina su composición en términos de mayorías y minorías en función del voto ciudadano a los partidos que compiten. Ignoro el sistema que rige para designar o elegir al conglomerado gremial que representa a los funcionarios de OSE, pero es de toda evidencia que sus posibles reivindicaciones no debieron apelar a la invasión de un edificio público para impedir que una cúpula directriz sesione cumpliendo sus cometidos, regulados por el funcionamiento democrático. Más allá de las derivaciones que el hecho pueda tener en la justicia, el sentido común indica que el accionar del gremio -o quienes en ese momento lo representaban- excedió todos los parámetros.

Lo anterior sirve para aquilatar el grado de crispación y confusión mental que la sequía y la consecuente crisis en el suministro de agua para casi el 60% de los usuarios, ha traído a ciertos actores políticos y gremiales. Que el tema se ha politizado, no quedan dudas, porque la penuria hídrica se ha convertido en un territorio de disputa entre gobierno y oposición. Sin embargo, gritar “devuélvanos el agua” o responsabilizar al Poder Ejecutivo actual de la crisis que se vive se parece mucho a un berrinche adolescente o a la emulación de aquella famosa exclamación italiana “¡Piove, governo ladro!”. La expresión nació en el norte de Italia bajo la ocupación austriaca. Los campesinos, gravados en base a la cosecha, sabían que en la vendimia lluviosa con una cosecha más abundante habría un consiguiente aumento de impuestos. De ahí el uso de maldecir al gobierno cuando llueve. Pero la lluvia, como la sequía o los terremotos -sin alusión al sismo del otro día en Canelones- son fenómenos incontrolables y de los que no puede responsabilizarse a nadie.

En tal sentido, el debate sobre la sequía y la calidad del agua que ingerimos, ha tenido episodios con lágrimas que no fueron producidas por el humo y actitudes que denotan un perfilismo tan obvio como oportunista. A eso se le suman las desgraciadas declaraciones del presidente argentino, diciendo sin escrúpulo alguno que si en Montevideo se abre una canilla, el agua no sale. Se trata del mismo personaje que algún representante de la izquierda vernácula definió como un político clase A.

Ya comenté en este espacio que la casi nula inversión pública en obras que sirviesen para mejorar el acopio de agua potable dependiente de una única fuente, es un debe de varios gobiernos del país, en especial los 15 años frentistas, con Eleuterio Fernández Huidobro clamando en el desierto para que escucharan sus advertencias sobre lo que sucedería si no se encaraban inversiones al respecto. Pero antes también hubo imprevisión, porque el agua no trae votos.

Hace 64 años padecimos en el país las inundaciones de abril de 1959, el desastre natural más importante del siglo XX en Uruguay. Entonces gobernaba el Partido Nacional, que había triunfado en las elecciones de 1958. El sistema de gobierno todavía era el Colegiado, y ante la gravedad de la situación, la política quedó involucrada y el costo inicial de la crisis lo debió pagar el gobierno con su ejecutivo plural. No obstante, la naturaleza de las acciones emprendidas, que incluyeron Medidas Prontas de Seguridad e intervención del Ministerio de Defensa para que el Ejército colaborase, sumado a la campaña solidaria que se desarrolló para ayudar a los damnificados, terminó por galvanizar al gobierno hasta que el desastre terminara. Además del desborde de las aguas en lugares habitados, el gran peligro fue la posibilidad de que la represa de Rincón del Bonete cediera ante la presión de la crecida del lago.

Otra consecuencia de aquel desastre climático fue la intervención de los militares, que salieron por primera vez de los cuarteles desde que terminara la revolución de 1904. Ese hecho para muchos fue preámbulo de lo que después iba a suceder por motivos y finalidades muy distintos.

Volviendo al presente, hoy no se puede negar que el cambio climático que padece el mundo entero y que Latinoamérica sufre aumentado por el aporte de los fenómenos naturales del Niño y de la Niña, condicionan la existencia y los factores del clima. Se vaticinan sequías, lluvias extremas, inundaciones periódicas y, de continuar el aumento de la temperatura promedio del planeta, océanos que subirán su nivel en pocas décadas si no se toman medidas.

Si lo de 1959 fue un episodio puntual y acotado a nuestra penillanura sin cumbres ni abismos, lo que ahora sucede excede lo territorial. Si antes no se tomaron medidas para prevenirlo, es importante que ahora se tomen. No solo para lo inmediato sino para lo que a la larga sobrevendrá, porque por más humo que se eche, eso no puede taparse.

Tal vez la mirada más lúcida sobre el tema es asumir de una buena vez que hay asuntos en el país que lamentablemente no forman parte de una visión nacional y entran dentro del esquema de las disputas partidarias. Para superar esto hay que lograr acuerdos políticos que vayan más allá del gobierno de turno. El agua y su carencia o desborde no puede ser botín electoral.