La sensación que generó la anulación de las condenas a Luiz Inacio Lula da Silva no se ajusta a los fundamentos de la resolución emanada del Supremo Tribunal Federal. 

La sensación es que el juez supremo Edson Fachin encontró inocente al ex presidente y descalificó la investigación y los fallos del Juzgado de Curitiba.

Pero la realidad es que la decisión adoptada por el miembro de la más alta instancia judicial en Brasil se refiere a una cuestión de forma y no al fondo del proceso.

Según la sísmica resolución que sacude la política brasileña, el Juzgado de Curitiba no tenía jurisdicción para juzgar casos que correspondían a Tribunales Federales.

Más allá de las razones esgrimidas por el Supremo Tribunal Federal sobre los instrumentos que recién ahora tiene para pronunciarse sobre ese aspecto del caso Lula, causa estupefacción que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) haya quedado fuera de una carrera electoral en la que tenía las mayores chances de ganar, políticamente desprovisto de derechos políticos durante tres años y encarcelado durante un año y medio, para que ahora se dé cuenta el Poder Judicial que el ex presidente había sido juzgado en el lugar equivocado.

Es más fácil pensar que la realidad política hace que la Justicia busque la forma de remedar el estropicio cometido por el ex juez Sergio Moro.

Sobran razones para ver encarnizamiento por parte del juez que lo condenó. En esta columna se sostuvo desde un principio que los fundamentos de sus fallos parecían mostrar más convicciones personales que elementos probatorios.

A eso se sumó la inaudita aceptación por parte de Sergio Moro de la porción de poder que le ofreció el hombre que llegó a la presidencia gracias a esos fallos.

Las encuestas coincidían en señalar a Lula como el mejor posicionado para ganar la presidencia en las urnas del 2018, cuando los fallos de Sergio Moro lo dejaron fuera de la contienda. Ergo, fue el juez de Curitiba quien allanó el camino que depositó a Jair Bolsonaro en el Palacio del Planalto. A renglón seguido, como si le diera lo que le correspondía, Bolsonaro entregó a Sergio Moro el súper-ministerio que produjo la fusión de los ministerios de Justicia y de Seguridad.

Tanto la lógica como la ética evidencian el carácter aberrante que tiene el hecho de que el juez que encarceló a Lula favoreciendo al candidato ultraderechista, luego haya aceptado la suculenta porción de poder que le ofreció el beneficiado por aquella condena.

Pero hubo más revelaciones oscuras: la publicación de las conversaciones telefónicas en las que Moro instruía a los fiscales sobre los pasos que debían dar en sus acusaciones contra Lula.

Esas escuchas fueron la evidencia de que el juez de Curitiba coordinaba el accionar de los fiscales, algo absolutamente ilegal.

Aunque la anulación de las condenas es por una cuestión jurisdiccional y no por el cúmulo de opacidades del proceso, la sensación es que la Justicia admitió que esas condenas fueron injustas y tuvieron una finalidad política.

Posiblemente, el juez supremo que se pronunció liberando a Lula y restituyendo su derecho a ser candidato a lo que quiera, es una muestra de que el Poder Judicial actúa ahora porque la imagen de Bolsonaro naufragó en la pandemia por su pavorosa ineptitud y su monumental irresponsabilidad.

Falta ver qué impacto tendrá en el escenario político. No se puede descartar que termine beneficiando a Bolsonaro, por la polarización furiosa que causaría una candidatura de Lula.

En definitiva, es probable que el gobernador paulista, Joao Doria, tenga mejores chances en el marco de un choque de la centroderecha contra la derecha extrema y agresiva que expresa el presidente.