Alberto Fernández se sumó a los voceros de la teoría conspirativa que busca explicar las situaciones judiciales de ex presidentes.

El lawfare (o guerra judicial) contra gobernantes de izquierda populista, los presenta como perseguidos por magistrados que responden a poderes que quieren sacarlos del escenario político, o bien encarcelándolos o bien obligándolos a exiliarse para evitar la cárcel.

En este enfoque, la primera víctima de esa guerra judicial es la imagen pública de los atacados, porque el objetivo es desacreditarlos. Por cierto, el blanco del complot neoliberal que se vale de jueces, fiscales y camaristas, son los líderes que han gobernado o gobiernan con políticas opuestas a la ortodoxia libremercadista.

Esta teoría, a la que adhirió el presidente electo de Argentina, podría explicar algunos casos, pero no todos. Por ejemplo, la prisión de Lula da Silva siempre dejó dudas. Esas dudas crecieron cuando Sergio Moro aceptó ser “superministro” del hombre al que sus dictámenes contra el líder del PT posibilitaron convertirse en presidente. Y la actuación del juez del Lava Jato que sacó al ex presidente de la campaña electoral cuando las encuestas vaticinaban su triunfo, no fue lo único turbio.

Por su situación, es comprensible (no justificable) que Lula adhiera a la teoría conspirativa. Hacerlo le valió apoyos desde el exterior, porque implica sostener que también Cristina Kirchner y Rafael Correa son perseguidos políticos.

Pero la verdad es que el caso Lula es diferente a los otros. Lo único claro en Brasil, es que existió un sistema de financiación ilícita de la política, que antecedió largamente a Lula, pero él no desactivó. Y no es lo mismo financiación ilegal de la política que enriquecimiento ilícito, que es la acusación que pesa sobre Cristina y sobre su esposo fallecido.

El transfuguismo de Lenin Moreno fue demasiado veloz y alevoso como para creerle todo en relación a las denuncias que mantienen a Correa en el exterior y a su ex vicepresidente Jorge Glas en prisión.

Aún así, el caso ecuatoriano también es diferente al argentino y ponerlos juntos, agregando en el mismo estante a Lula, permite sospechar de una estratagema defensiva a escala regional. Y en esa escala queda expuesta una de sus falacias: no toma en cuenta la cantidad de líderes de derecha y centroderecha que han sido encarcelados, procesados o se exiliaron para evitar la prisión.

El mismísimo país de Correa tuvo presos a los ex presidentes Lucio Gutiérrez y Fabián Alarcón, y procesados o exiliados a Gustavo Noboa, Jamil Mahuad y Abdalá Bucaram.

Gonzalo Sánchez de Lozada no regresó a Bolivia para no ir preso. La larga lista incluye al millonario ex presidente panameño Ricardo Martinelli y a los ex mandatarios guatemaltecos Pérez Molina y Alfonso Portillo. También Jimmy Morales, otro presidente mimado por el empresariado de Guatemala, está acosado por causas judiciales.

Todos son liberales, de derecha o de centroderecha, igual que los presidentes peruanos presos o procesados: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alán García (suicidado cuando lo estaba por detener la policía), Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

Obviar esta realidad tan visible desnuda la falacia que convierte a la visión del Lawfare en una coartada. Aunque las guerras judiciales son como las brujas: no existen, pero que las hay, las hay.