Guillermo Hernández Montevideo

SEGUIR Ricardo Reilly Salaverri Introduzca el texto aquí Se habla de una grieta en el país. Nuestra República fue una isla en América Latina desde la afirmación de su Estado de Derecho y noble legislación social, aproximadamente a partir de comienzos del siglo XX, tras inevitables conflictos civiles sucedidos luego de la emancipación de España. Ello nos hizo distintos de la desastrosa realidad que impera promedialmente en América Latina. Las ideas anarquistas primero (1870), y después las marxistas-leninistas, socialistas, comunistas prosoviéticas, y terroristas de mediados del siglo, jaquearon sostenidamente todos los valores de respeto de la convivencia y los derechos humanos de los demás. Nuestro rumbo cambió. Y, penosamente la pérdida de los valores que consagra el art. 7º de nuestra Constitución, nos hizo conocer un asalto terrorista de las instituciones que derivó a un gobierno de facto establecido por la clarinada del caos. Restablecida la democracia (1985) los embates de lo que hoy es un sector chavista mayoritario que decide en el Frente Amplio, avanzan en la destrucción del orden público, la educación y los dictados de la civilización, basada en el diálogo inteligente para resolver conflictos naturales en la vida social y en el ejercicio aceptado de las instituciones democráticas. Así es que estamos en la grieta. ¿Cómo no tenerla si antes que educar y orientar, se ha fomentado el odio entre los que peor viven y el resto de la sociedad, si los centros de estudio públicos siguen siendo barricadas del caos y el clamor de reclamos laborales aceptables pasa a ser simplemente ejercicio abusivo de los derechos sindicales que la Constitución consagra? ¿Cómo no tenerla si se practica el odio de clases; si hay quienes buscan circunstancias conflictivas, no para resolver las diferencias de género, de color de piel, del uso libre de la estupefacientes, y de cualquier otro tema, y lo que hacen es avivar el choque de grupos de distinta raíz, para alzarlos, sin respetar regla alguna, contra lo establecido? ¿Cómo puede concebirse que no haya grieta si en vez de curar heridas hay una masa de agitadores impenitentes que solo quieren agravarlas? Cuando un "sindicalista" de primera línea del Pit-Cnt, principal sector político del frentismo, en ejercicio seguramente de "licencia gremial", fue a la Venezuela de Maduro, —gobierno liberticida y sanguinario que ha arrasado las libertades públicas y destruido económica y socialmente a ese país—, a decirle (¡caradura!) que llevaba, al tirano que tiene sucias las manos con la sangre de un pueblo indefenso, "el saludo del pueblo uruguayo". ¡Cómo no va a haber grieta, salvo que los uruguayos abandonemos definitivamente nuestras vocación humanista y republicana! Así es que el Uruguay, con la triste compañía de unos pocos estados latinoamericanos insignificantes, es el único que universalmente no ha expresado con contundencia su repudio al despotismo chavista en curso. ¿Se precisan muchas más explicaciones para saber que hay entre nosotros quienes fomentan la grieta nacional entre la libertad de los republicanos y el atropello permanente de los fascistas disfrazados de socialismo? Los abusos de las minorías organizadas están amparados: la administración nacional "progresista" instalada en 2005, ha poblado con cargos políticos toda la administración pública y semipública con "dirigentes" sindicales, amigos y parientes. La Nueva Burguesía. La de los impuestos y el acomodo. Y el crimen incontenible.

SEGUIR Andrés Oppenheimer Introduzca el texto aquí El gobierno de Donald J. Trump ha hecho lo correcto al denunciar duramente el autoritarismo de los presidentes izquierdistas de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, pero debería hacer lo mismo con el presidente derechista de Honduras. Desafortunadamente, Estados Unidos se ha demorado mucho en responder —y lo ha hecho muy débilmente— a las irregularidades generalizadas en las elecciones del 26 de noviembre en Honduras, que tanto el presidente Juan Orlando Hernández como su rival Salvador Nasralla —líder de una coalición de izquierda— afirman haber ganado. Peor aún, los Estados Unidos no han denunciado las maniobras anteriores de Hernández para postularse para la reelección, cuando la Constitución hondureña se lo prohibía. ¿Por qué debería Trump criticar a un autócrata que es amigo de Estados Unidos?, se preguntarán algunos. La respuesta es que, haciendo la vista gorda a un autócrata de derecha, Estados Unidos pierde autoridad moral para denunciar a los autócratas de izquierda. "El silencio y la pasividad de la administración Trump al pasar por alto estas irregularidades generan todo tipo de sospechas de que Estados Unidos tiene una doble moral en cuestiones de democracia y derechos humanos", fueron las categóricas palabras de José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización de derechos humanos Human Rights Watch. "Es un cáncer que destruye la credibilidad de los Estados Unidos. Permite a los gobernantes autoritarios decir que Washington toma sus decisiones en forma selectiva, según sus intereses políticos". Juan Orlando Hernández tiene una relación cercana con el jefe de gabinete de Trump, el general John Kelly, desde los días en que Kelly era el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos en Miami. El presidente hondureño es visto por los funcionarios del gobierno de Trump como una especie de dictador benigno, un líder de un país pobre que ha logrado reducir la tasa de homicidios del país, que es una de las más altas del mundo. Hernández también es visto entre los asesores de Trump como uno de los pocos aliados sólidos de Estados Unidos en América Central, donde Nicaragua y El Salvador son gobernados por ex guerrilleros marxistas que, obviamente, son aliados de Venezuela. Pero no se puede negar que Hernández ha acaparado prácticamente todos los poderes en Honduras, en forma parecida a la que lo han hecho los gobernantes izquierdistas de Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Puso a allegados suyos en la Corte Suprema y el Tribunal Supremo Electoral, y cambió las leyes para poder postularse para un nuevo mandato de cuatro años, en contra de lo que permitía la Constitución. Las recientes elecciones hondureñas supervisadas por el Tribunal Supremo Electoral controlado por Hernández fueron tan turbias que la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) se fue sin emitir un veredicto. En un informe del 6 de diciembre, la misión de la OEA dijo que esas elecciones se vieron empañadas por una "falta de garantías y transparencia", y una "acumulación de irregularidades, errores y fallas sistémicas". El TSE misteriosamente interrumpió el conteo de votos cuando Nasralla ganaba por 5 puntos porcentuales, con el 57% de los votos contados. Luego, varias horas después, los resultados del TSE empezaron a mostrar a Hernández achicando la diferencia. Y más tarde, Hernández ganaba por el 1,5% de los votos. Nasralla, un ex conductor de televisión cuyo principal apoyo político es el ex presidente Manuel Zelaya, un aliado del régimen venezolano que también trató de perpetuarse en el poder, calificó los resultados electorales como un fraude. Hubo violentas protestas en las calles que dejaron al menos cuatro muertos, incluida una adolescente y numerosos heridos. ¿Cuál fue la reacción o qué dijo Estados Unidos a todo esto? Muy poco. Luego de varias declaraciones llamando a la calma, la vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo más de una semana y media después de las elecciones: "Estamos trabajando con autoridades y líderes políticos hondureños para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas allí". Fue una declaración sumamente blanda, especialmente comparada con las justificadamente duras denuncias del Departamento de Estado contra los abusos electorales de regímenes izquierdistas. Para ser creíble, el gobierno de Trump debe entender que no hay tal cosa como un dictador bueno. Aliarse con autócratas de derecha es moralmente incorrecto, socava las acertadas críticas a los dictadores de izquierda y, tarde o temprano, repercute en contra de Estados Unidos.

Dice que no tiene dinero para pagar alimentos y medicinas. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, la chavista Delcy Rodríguez, dijo ayer domingo que su país no tiene cómo pagar alimentos y medicamentos que se encuentran en embarcaciones en las costas, tras el decreto que firmó el viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplicando nuevas sanciones. "Teniendo nosotros barcos en la costa cargados con medicamentos y con alimentos, Venezuela no tiene cómo hacer el pago de esos bienes esenciales para la población venezolana. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo financiero contra el país", dijo Rodríguez en una audiencia que realiza con la Comisión de la Verdad de la ANC. La excanciller indicó que con el decreto que firmó Trump el viernes "se acaba de formalizar el bloqueo financiero contra Venezuela" que, según dijo, pretende llevar al país "a una cesación de pagos internacionales para agudizar la agresión económica contra el pueblo venezolano". El viernes, Trump firmó una orden ejecutiva por la que prohíbe las "negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal", en las primeras sanciones al sistema financiero venezolano. La medida prohíbe también las "negociaciones con ciertos bonos existentes del sector público venezolano, así como pagos de dividendos al Gobierno de Venezuela". VENEZUELA