ENFRENTAMIENTO

El 2022 comenzó con un nuevo capítulo en la “guerra del puerto” de Montevideoque, entre otros aspectos, implica la extensión por 50 años de la concesión de Terminal Cuenca del Plata (TCP, la única especializada en contenedores). Esta “guerra del puerto” involucra al gobierno, a la empresa belga Katoen Natie y a la de capitales chilenos y canadienses Montecon.

El pasado 1° de febrero, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC) -un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- emitió una resolución en la que admitió la denuncia sobre el acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie, que había realizado Montecon.

El programa En Perspectiva de Radiomundo divulgó ayer la resolución -que lleva la firma de los tres comisionados de la CPDC: Natalia Jul, Alejandra Giuffra y Daniel Ferrés- y que establece “la pertinencia de la denuncia presentada por Montecon”, aunque desestimó el pedido de la empresa del “cese preventivo” del contrato y “la adopción de medidas cautelares”.

La decisión de Defensa de la Competencia se tomó luego de que el pasado 21 de enero el subsecretario del MEF, Alejandro Irastorza firmara -como ministro interino- una resolución a través de la cual el Ministerio dejaba sin efecto la decisión de la CPDC de iniciar la investigación sobre el acuerdo portuario, según había informado La Diaria.

En ese momento la resolución del MEF generó múltiples críticas entre analistas económicos especializados en temas de competencia de mercado, como también desde la oposición, quienes cuestionaron la legalidad de la decisión y la falta de autonomía de la CPDC.

En ese sentido, Sebastián Fleitas, economista especializado en temas de competencia, había señalado que “Uruguay debe continuar mejorando la institucionalidad y capacidades” de la oficina relacionada dado que, “pese a su desconcentración técnica, sigue sujeta a jerarquía del MEF y no tiene autonomía financiera”.

Por su parte, el economista e investigador del Departamento de Economía de la Universidad de la República, Marcel Vaillant había criticado: “No se entiende cómo el MEF se anticipa” a la CPDC “antes de que esta estudie” la situación y “le pide revocar decisión. ¿Es esto consistente con el marco jurídico de la ley? Si así fuera, el marco institucional es muy frágil dada la subordinación que implica”, cuestionó Vaillant.

Desde el Frente Amplio, diversos dirigentes señalaron que la revocación de la investigación por parte del MEF desacreditaba a dicha cartera y a la CPDC.

En esa línea, el excoordinador del programa de inclusión financiera del MEF y actual asesor de la oposición en el tema portuario, Martín Vallcorba había calificado la revocación del Ministerio como “preocupante” y había afirmado que la cartera tenía un “conflicto de interés” dado que “firmó los decretos que originan la denuncia”, por lo que “no debería haber intervenido”.

En los considerandos de la resolución, la CPDC explicó que la ley sobre defensa de la libre competencia en el comercio establece que el órgano se expida sobre la pertinencia de la denuncia recibida -en este caso elaborada por Montecon-, y explica que el rechazo de una denuncia “refiere a situaciones donde de forma evidente resulta inviable, esto es que de la pretensión se infiere” de forma clara “la imposibilidad jurídica de la misma”.

En este sentido, la comisión reafirmó que ante esta denuncia es la CPDC el “órgano competente” para investigar, analizar y sancionar las prácticas prohibidas por la normativa de defensa de la libre competencia, y que el hecho de que la actividad portuaria esté regulada no es un obstáculo para la aplicación de la ley.

La aclaración de la CPDC refiere a que la normativa actual establece una única excepción en relación a la potestad de la comisión, la cual es conferida solamente cuando se trata de órganos reguladores especializados, tales como el Banco Central, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones.

“No es posible entender que cada sector de actividad que tenga una entidad que lo regula, queda fuera del ámbito competencial de la omisión”, argumentó la resolución y ratificó que las “prácticas denunciadas se enmarcan en la normativa de defensa de la competencia”.

Asimismo, la comisión señaló que la denuncia elaborada por Montecon “cumple con todos los requisitos formales” establecidos en la ley y que por tanto, “los actos y prácticas puestos en conocimiento” del órgano “resultan suficientes para dar inicio a la investigación”, por lo que la denuncia es “pertinente”.

Según la normativa, los denunciados -Poder Ejecutivo, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Administración Nacional de Puertos, Katoen Natie y TCP- tendrán un plazo de 15 días a partir de la fecha de la resolución de la comisión para examinar el expediente y ofrecer sus pruebas.

La denuncia de Montecon señala, entre otras cosas, que el acuerdo alcanzado entre TCP y el gobierno el pasado 25 de febrero de 2021 constituye un “pacto colusorio” que fue realizado con la “intención, finalidad y efecto de excluir competidores del mercado en favor de TCP” y que “limita” e “impide” la competencia actual.

Los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara, presentaron ayer una ampliación de la denuncia penal en Fiscalía por “graves delitos contra el patrimonio público y la entrega del Puerto de Montevideo hasta el año 2081 a la multinacional belga Katoen Natie Group”, según informaron desde el Frente Amplio (FA). En septiembre de 2021, la bancada de senadores del FA presentó una denuncia penal por el acuerdo alcanzado entre el gobierno y Katoen Natie para la extensión de la concesión de la Terminal Cuenca del Plata (TCP, integrada en un 80% por Katoen Natie y en un 20% por la Administración Nacional de Puertos). En rueda de prensa, Carrera dijo que la concesión establecida “se basaba en el argumento de que a partir de que se instaló la empresa en el país, se había incumplido algo que la empresa tenía que se llamaba una preferencia”.

“Esto no era cierto, y es la base de nuestra denuncia”, afirmó Carrera. Añadió que el plan de negocios que la empresa presentó en 2001 “acredita que regía el régimen de libre competencia y que se comprometía a respetarlo”, además de competir con los muelles públicos.

Ante esto, Katoen Natie publicó un comunicado en el que rechaza los dichos de Carrera y Bergara sobre que TCP “acreditó” en su plan de negocios de 2001 que regía en el Puerto de Montevideo “el régimen de libre competencia” y, además, “se comprometía a respetarlo”. En ese sentido, el comunicado expresó que en el “Estudio de Mercado y Proyección de Tráfico”, elaborado en marzo de 2001, no hay “acreditación” o “compromiso” alguno, sino una evaluación sobre la futura actividad de la terminal especializada “que aún no existía”. El comunicado de la operadora portuaria dijo además que “causa estupor que legisladores (...) empleen los informes que se encuentran bajo escrutinio judicial a efectos de promocionar intereses empresariales privados contra una empresa en la cual el Uruguay es accionista”.