SITUACIÓN

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La inflación continúa batiendo marcas en Argentina. El índice del 7,4% registrado en julio fue el más elevado para un mes desde abril de 2002. Ese ritmo de suba generalizada de los precios se mantendrá sin mayores variaciones en agosto, según el consenso de las consultoras.

En ese marco, la apuesta del ministro de Economía, Sergio Massa, pasa por empezar a cambiar la tendencia con, al menos, una leve desaceleración a partir de septiembre. Sin embargo, ni siquiera ese modesto objetivo está asegurado.

“Hay varios factores que impedirán una desaceleración importante de la inflación en los próximos meses: el tipo de cambio real no podrá seguir apreciándose, seguramente habrá algo de recomposición salarial por la pérdida de poder adquisitivo que se dio entre marzo y agosto, y a eso se sumará el aumento de las tarifas de los servicios públicos. El piso de la inflación para los próximos meses será del 5%, con lo que prevemos un 95% para todo el año”, dijo a El País el economista Guido Lorenzo, director ejecutivo de la consultora LCG, en Buenos Aires.

Luego de meses de fuertes tensiones con el kirchnerismo duro que se oponía a cualquier actualización de las tarifas de electricidad y gas, el exministro de Economía, Martín Guzmán, había logrado lanzar en junio pasado un esquema de segmentación por el que solo el 10% de la población del área metropolitana de Buenos Aires, aquella que cuenta con mayores ingresos, iba a perder los subsidios para comenzar a pagar la tarifa plena.
Apenas dos meses después, la profundización de la crisis derivó en un ajuste que finalmente será mucho más duro. En las próximas semanas el 30% de los usuarios recibirá boletas de gas con incrementos cercanos al 100% y de electricidad con subas superiores al 200%. Además, quienes superen los topes de los consumos bonificados también deberán pagar la tarifa plena por el excedente.

Sin margen, Massa apeló a esa poda de los subsidios –ahora sin cuestionamientos por parte del sector que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner- como vía para mantener vigente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ese pacto estableció para este año un déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) equivalente al 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB). No obstante, transcurrida la primera mitad del año el rojo se proyectaba por encima del 3% del PIB. Para cambiar esa dinámica y alcanzar la meta, durante el segundo semestre el gobierno debería reducir el gasto público un 8% en términos reales, con lo que serían necesarios otros recortes además de los subsidios.

“Descontadas las partidas que ajustan por ley, como jubilaciones y asignaciones sociales, el resto de los componentes del gasto, como transferencias a las provincias, gastos de capital y remuneraciones del sector público, deberían caer más de 20% en términos reales para cumplir con la meta de déficit fiscal. Es difícil que se llegue a eso”, dijo Lorenzo.

En todo caso, las señales de ajuste fiscal no solo están dirigidas al FMI, sino también a los mercados. La abundancia de pesos tras la mega emisión realizada por el Banco Central en los últimos meses para financiar al Tesoro y sostener la cotización de los bonos contrasta con la severa escasez de dólares que se agravó tras la salida de Guzmán. En julio y lo que va de agosto el stock de reservas netas del Banco Central (BCRA) cayó en más de US$ 2.000 millones.

Si bien las reservas brutas en el BCRA suman US$ 37.000 millones, ese stock incluye préstamos como un swap (canje) de monedas con China, más los encajes de los depósitos privados. Descontados esos ítems, las reservas netas, aquellas que constituyen el verdadero poder de fuego para intervenir en el mercado, se achican a unos US$ 2.000 millones, el equivalente a unos 10 días de importaciones.

El panorama es aún más sombrío si se descuentan los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI y las tenencias de oro. En ese caso, las reservas estrictamente líquidas ya están en terreno negativo.

Ante eso, la principal urgencia de Massa pasa por reconstituir al menos un stock mínimo de reservas que le permita evitar una devaluación desordenada impuesta por el mercado. No obstante, hasta ahora hubo más anuncios que medidas concretas para incentivar la oferta de dólares.

Además del ingreso en las próximas semanas de US$ 2.000 millones por préstamos de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y CAF-Banco de Desarrollo, el nuevo ministro de Economía adelantó que hay un acuerdo por el que compañías cerealeras, petroleras, mineras y pesqueras acelerarán la liquidación de exportaciones en el corto plazo. El objetivo es obtener por esa vía unos US$ 5.000 millones extra entre agosto y septiembre. Sin embargo, aún no se especificaron cuáles serán los incentivos para que ese adelanto de liquidación efectivamente se concrete.

Mientras el esperado ingreso de dólares sigue demorándose, el presidente del BCRA, Miguel Pesce, señaló el miércoles pasado que ya se está utilizando el swap de monedas con China mediante la conversión de parte de los yuanes a dólares. En medio de esas urgencias, Massa enfrenta la difícil tarea de encauzar cuanto antes la economía argentina para evitar una espiralización aún mayor de la inflación en los próximos meses.

“La posibilidad de que baje la inflación está atada a que el gobierno implemente un plan anti inflacionario que por ahora no existe. Hasta ahora, la estrategia del nuevo ministro es hacer anuncios aislados que van en la dirección correcta pero que serían mucho más fuertes si formaran parte de un plan”, dijo a El País Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires.

“La incógnita es si Massa tendrá el suficiente volumen político como para llevar adelante un plan de medidas fiscales, cambiarias, monetarias y de ingresos coherentes con una meta de inflación mucho más baja. El desborde inflacionario impone un tratamiento de shock si se quiere evitar recaer en la hiperinflación”, afirmó.

Reducir esos niveles de inflación cuando al mismo tiempo tiene que aplicar un fuerte aumento de las tarifas de los servicios públicos y no dejar atrasar aún más el tipo de cambio oficial, es el triple desafío que enfrenta Massa.

La "carrera" de suba de precios en la región

Venezuela y Argentina son los líderes de un sprint en que el primero "pierde"

Es el mayor problema económico de la Argentina, que golpea más a los que menos tienen, profundiza la pobreza y obstaculiza el funcionamiento de cada instancia. Detrás del 71% de inflación acumulado en los últimos 12 meses en el país se agazapan los múltiples desequilibrios de la macro local, que ubica al país entre las naciones con mayor suba de precios en el mundo.

En julio, el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec) marcó un 7,4% de suba de precios, el dato mensual más alto desde 2002, y confirmó la tendencia al alza que ya contemplaban las estimaciones privadas para el año.

El caso de Brasil fue, posiblemente, el más resonante en la región en materia de inflación: el mes pasado, el índice de precios arrojó una caída del 0,68%, el primer registro de inflación “negativa” luego de 25 meses consecutivos en alza. Con ello, la inflación en 12 meses se desaceleró a 10,07%.

En Bolivia, la inflación no es un problema. La medición mensual de julio fue de 0,39% y el dato acumulado en 12 meses escaló a apenas 2,04%.

En Chile, la dinámica inflacionaria acelerada es uno de los principales factores detrás de la caída en la imagen del presidente Gabriel Boric, que asumió el cargo el 11 de marzo pasado. El 1,4% de incremento en el IPC en julio elevó al 13,1% el registro interanual, la mayor marca en 28 años.

En el caso de Paraguay, julio tuvo una suba de precios del 0,7% y una inflación interanual del 11,1%.

En Uruguay el aumento de precios en julio fue de 0,77% y en los últimos 12 meses la inflación se aceleró a 9,56%, lejos de la meta oficial que desde septiembre es de entre 3% y 6%.

El dato de Venezuela también fue inferior a la Argentina. El país, que en los últimos años sufrió un colapso socioeconómico, con hiperinflación y recesión durante seis años consecutivos, tuvo un alza de precios de 5,3%, según la estimación del Observatorio Venezolano de Finanzas.

Más allá de ese dato, la inflación interanual de Venezuela llega al 139%, uno de los peores registros del mundo que, sin embargo, luce como un alivio tras la híper disparada en 2017 y el 686,4% que tuvo el país en 2021, según las mediciones del Banco Central de Venezuela.

[CON INFORMACIÓN DE LA NACIÓN / GDA]