Redacción El País
La empresa constructora Balsa y Asociados, que cuenta con tres proyectos de barrios privados, se presentó de forma voluntaria a concurso de acreedores ante el Juzgado Letrado de 2° Turno, confirmó El País con fuentes judiciales.

El proyecto incluye los emprendimientos "La Juana", "Pilar de los Horneros" y "Carlota", todos barrios privados ubicados en el departamento de Canelones.

El pasado viernes el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), en un comunicado que calificó como "grave y urgente", informó del "envío masivo al desempleo del entorno de unos 400 trabajadores por parte del proyecto inversor Balsa y Asociados".

Este miércoles, Balsa y Asociados envió un comunicado dirigido a "clientes, trabajadores, proveedores e inversores" y al que tuvo acceso El País.

La misiva dice lo siguiente: "Por la presente queremos informarles que en el día de ayer y a los efectos de preservar los emprendimientos 'Pilar de los Horneros' (Desarrollo Verde SAS), 'La Juana' (Chamery SA) y 'Arenas del Cabo' (Arenas del Cabo SAS y Verde Cuidado SAS), se solicitó el concurso voluntario de las mismas y del Sr. Juan Martín Balsa Cadenas. La medida persigue la protección judicial a fin de permitir la continuidad de las empresas".

"Asimismo, esto permitirá un ámbito reglado que consulte todos los intereses involucrados y con amplia garantía para todas las partes. En este marco concursal, estaremos trabajando en el diseño de un camino equilibrado, y orientado al cumplimiento de los emprendimientos y compromisos", añade.

La carta, firmada por Juan Balsa, cierra con lo siguiente: "Comprendemos la preocupación que la situación genera a ustedes y en la opinión pública, y esperamos ampliar la información a medida que avance el proceso de concurso".

Según detallaron a El País fuentes vinculadas al proceso, el hecho de que la empresa se presente a concurso de acreedores no implica que deba cerrar. "La ley lo que busca es tratar de mantener la empresa funcionando, ya sea a través del cumplimiento del convenio de pago y en otros casos de la venta en bloque (de esta)", detallaron.

Al tratarse de un concurso voluntario, la empresa se declara insolvente y con base en la ley 18.387 contará con un período de 60 días para que los acreedores verifiquen los créditos que tienen a cobrar de esta. Pasado este período, la empresa podrá negociar el pago a los acreedores.

El efecto que este proceso pueda tener en los que invirtieron su dinero para comprar los inmuebles dependerá de si la empresa puede o no mantener y terminar la construcción de los barrios. "Si no pudiera mantener, dependerá del grado de avance de las obras" lo que determinará la negociación con cada comprador.