Si bien Uruguay trabaja en un proyecto normativo para establecer el delito de corrupción privada, la carencia del mismo se entiende como una “deuda” que el país tiene desde el 2006. De concretarse esa normativa, traería beneficios a nivel internacional, aunque preocupa cómo se llevará a cabo a nivel local.

En el lanzamiento de la segunda edición del Programa +G, de LSQA y la Liga de Defensa Comercial (Lideco), sobre la gestión del cumplimiento y gestión antisoborno en las organizaciones, hubo un panel en el que se trató el proyecto de ley en el que trabaja desde hace un año la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) para combatir la corrupción privada y la mirada “maniquea” al momento de juzgar a unos u otros.

Según explicó uno de los expositores del panel, el director ejecutivo de Pacto Global Red Uruguay -iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)-, Felipe Filomeno, en 1996 la Organización de los Estados Americanos (OEA) exhortó a regular la corrupción en el sector público, para que luego la Convención de la ONU contra la Corrupción integrara a este delito en el sector privado a la exhortación, en 2003. Uruguay ratificó la convención en el 2006, pero no reguló expresamente la corrupción en el sector privado.

En tanto, destacó que el país ocupa posiciones de privilegio en rankings internacionales, como en el Índice de Percepción de la Corrupción 2022 que ocupa el lugar 14 a nivel mundial. Por esto, de tener una regulación en materia de corrupción del sector privado, daría un “salto” y mejoraría aún más su posición.

En este sentido, luego del evento explicó a El País que ven a la situación de Uruguay como “muy positiva”, ya que si bien hay delitos que no están tipificados por la carencia de esta normativa, la regulación que se tiene actualmente ubica “a Uruguay en un escalafón alto”.

Respecto al proyecto de ley que está en proceso, Filomeno señaló que uno de sus puntos claves es la prevención de este delito. A su vez, explicó que desde el sector privado, en sus participaciones para el desarrollo de la normativa, señalaron la necesidad de capacitación en el tema y en las herramientas a utilizar.

Según Filomeno, otro punto que se puso sobre la mesa fue la participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la cadena de valor y de suministro.

En este sentido, explicó que el reto en la prevención no se encuentra solamente en cómo cumplen las multinacionales con la normativa, sino que también se requiere de un “conocimiento muy importante” por parte de las pymes, ya que participan como proveedores. Por esto, Filomeno sostuvo que, cuando una de estas empresas firma un acuerdo, debe saber lo que realmente está firmando.

El experto señaló la necesidad de sistemas de denuncias y sistemas de reparación, ya que en Uruguay se encuentran empresas familiares como también la realidad de la frase “acá nos conocemos todos”, por lo que esto plantea un reto a la hora de denunciar un hecho de corrupción privada.

Por otra parte, en el panel también participó el abogado especializado en derecho penal económico, Jorge Barrera, quien apuntó a que “nadie” puede estar en contra del combate a la corrupción, lavado y delitos conexos, en donde el objetivo todos “lo tienen claro”, sino que le “preocupa” cómo se lleva su combate a la práctica.

Hay una visión “maniquea” del derecho penal, donde se exige mano dura cuando le toca a otro, pero es diferente cuando le toca a uno mismo, opinó Barrera.

En esta línea, sostuvo que el derecho penal no es “siempre la herramienta” a utilizar, ya que en primera instancia se debe analizar si se busca lograr el objetivo o penalizar.

El asunto a determinar, según el abogado, es qué se busca con una ley penal, ya que actualmente se cuenta con la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas), que recibe denuncias en materia de prácticas anticompetitivas, “establece dictámenes y establece sanciones”.

Por esto, si se busca “avanzar un paso más y penalizarlo”, se deben dar “garantías” y pensar cuáles son las conductas que se van a castigar, añadió.

A modo de ejemplo, apuntó a las prácticas contra el lavado de activos, en donde “están llamando” desde un banco para saber cómo se “facturaron o generaron” US$ 4.000. “¿Ese es el combate al lavado internacional?”, cuestionó Barrera.

“Estamos todos de acuerdo con hacia dónde tenemos que ir y los valores. Estamos todos de acuerdo. Eso sí, cuidado porque no hay un derecho penal para unos y un derecho penal para otros. Hay un derecho penal para nosotros y acá hay que ser eficaz en la re- presión del delito, hay que ser eficaz en combatir la corrupción, hay que ser eficaz en defender la libre competencia, pero el día que el costo de eso sea rebajar garantías individuales, habremos perdido como sociedad”, concluyó el abogado.