El Banco Central del Uruguay (BCU) publicó ayer un informe sobre el fraude financiero en el país y sus propuestas para combatirlo, a raíz del incremento “significativo” de fraudes sobre cuentas de usuarios financieros.

El documento, que fue elaborado por un grupo de trabajo interinstitucional formado por representantes del BCU, la banca privada y pública y otros agentes del sector financiero; destaca la importancia de la prevención y la detección temprana del fraude, junto con las medidas para mejorar la gestión de riesgos y fortalecer la supervisión financiera, en donde se plantean posibles modificaciones en el bloqueo de cuentas y el secreto bancario.

Entre las propuestas del BCU para combatir el fraude financiero, se encuentran el fortalecimiento de la educación financiera, la mejora continua en materia de detección y monitoreo de fraudes, la creación de una red colaborativa entre las entidades y el desarrollo de un marco legal y/o fortalecimiento del marco normativo aplicable.

En esta línea, al considerarse al cliente como parte del proceso de prevención de fraude, entiende que “a mayor educación se logra una mayor prevención”.

“Los usuarios de servicios financieros y del sistema de pagos juegan un papel importante al mantenerse informados de las amenazas emergentes a través de avisos y recomendaciones emitidas por las instituciones, el BCU y otras autoridades, y tomando precauciones para protegerse”, señala el informe.

En ese sentido se propone que desde las entidades del sistema financiero se genere un plan de educación financiera para el uso de instrumentos, “alineado a la experiencia basada en incidentes”.

A su vez, otra propuesta de acción a realizar entre todos los agentes intervinientes del sistema junto con la Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas, es la creación de un plan de comunicación anual de recomendaciones al público, que contenga alertas y aspectos de protección.

En tanto, para el regulador se plantea que ponga a disposición la información sobre amenazas en un medio de difusión común, como también campañas masivas en medios públicos.

En cuanto a la mejora continua en materia de detección y monitoreo de fraudes, se proponen medidas preventivas y reactivas.

Para la prevención se plantean medidas como la eliminación del uso de enlaces en correos electrónicos enviados a clientes minoristas, períodos de espera para el cambio de contraseñas, el desarrollo de un monitor de fraude, el monitoreo de cuentas, el doble factor de autentificación, entre otros.

A nivel reactivo se propone como medida que “todas las entidades garantizarán una comunicación adecuada con los clientes afectados; brindarán la asistencia e información adecuadas a dichos clientes sobre la protección de sus cuentas, así como el estado de la situación del trámite”.

En tanto, otra de las propuestas del equipo interdisciplinario es la de establecer canales de comunicación, cooperación e intercambio de información entre entidades, es decir una red colaborativa. A su vez, plantea crear un comité de prevención de fraudes, estafas y ciberseguridad compuesto por representantes de la industria y otros agentes.

Por otra parte, desde los agentes del sistema financiero se ha criticado la dificultad que presenta la normativa para actuar de manera ágil ante casos de fraude, para congelar transacciones. Por esto, una de las propuestas del informe trata sobre el “desarrollo de un marco legal y/o fortalecimiento del marco normativo aplicable”.

En este sentido, se reconoce que ante el aumento de riesgos y las nuevas modalidades de fraude y estafa, se requiere de “nuevas herramientas y más efectivas que permitan una acción ágil y coordinada en el sistema financiero y del sistema de pagos”. En esta línea, se buscan adoptar modificaciones para el bloqueo de cuentas y el levantamiento del secreto bancario en casos de fraude.

En la pasada ley de Rendición de Cuentas se introdujo una modificación para el bloqueo de cuentas, en donde solo con la denuncia policial por presunta estafa, extorsión o receptación con prueba del envío del dinero habilitará a la autoridad policial a que comunique a las instituciones financieras que deben inmovilizar los montos de dinero involucrados en la presunta maniobra hasta por un plazo de 72 horas, o 96 horas si la cuenta destinataria fuere extranjera.

En tanto, el proyecto de ley de Ciberdelincuencia, de aprobarse, faculta a las entidades a la no ejecución de cualquier tipo de orden de retiro y/o transferencia de activos brindadas por personas físicas o jurídicas titulares o apoderados de cuentas, cuando hubieren tomado conocimiento, por cualquier medio de comunicación fehaciente, que en la o las cuentas referidas ingresaron fondos de terceros a través de transacciones que le fueran declaradas como desconocidas y no autorizadas por el titular de la o las cuentas de origen de los fondos transferidos.

En relación al secreto bancario el grupo de trabajo propone estudiar una nueva eventual excepción al secreto bancario, para permitir el intercambio de información entre determinadas entidades comprendidas en la normativa sin previa aprobación del BCU.