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El Banco de Previsión Social (BPS) presentó su planificación de inspecciones para el próximo año que incluye operativos de fiscalización “rastrillo” (al barrer) y otros utilizando “inteligencia fiscal”.

El Banco de Previsión Social (BPS) informó su plan de trabajo para 2019, que incluye la realización de más de 10.000 actuaciones de fiscalización e inspecciones en todo el país.

Según el acta de la última reunión de directorio, se proyectan hacer "3.995 operativos masivos (llamados rastrillo), 395 por distintos mecanismos de fiscalización interna, 2.090 por inteligencia fiscal o selección de casos y 3.722 por denuncias de trabajadores, de empresas o de terceros". Se aclara que queda "un pequeño margen para actuaciones a demanda".

Además, el BPS prevé en materia de fiscalización interna "14.570 actuaciones, que incluyen determinaciones tributarias de origen no asociado a inspecciones, cierre de obra de construcción", entre otros.

A su vez, continuará avanzando en la utilización "de elementos de inteligencia fiscal a través del sistema Sisca (solución integral de selección de casos a fiscalizar) que analiza modelos de riesgo usando más de 600 variables de diverso tipo". El año pasado, el presidente del BPS, Heber Galli, había explicado que con este método se indaga "qué zonas geográficas o qué giro de actividad inspeccionar", y se detectaron irregularidades en el 70% de las fiscalizaciones efectuadas.

El BPS informó los resultados del operativo de fiscalización durante la temporada 2017-2018, donde se realizaron más de 2.000 actuaciones "de diverso tipo". De ese total, hubo 232 inspecciones "por selección, con un resultado de 75% de irregularidades detectadas"; también 16 por denuncias con 69% de anomalías y 1.747 operativos preventivos masivos, con 48% de detección de hechos irregulares.

El organismo destacó que con estas actuaciones se logró regularizar la situación de 2.300 trabajadores y más de 3.800 personas "quedaron debidamente registradas".

La zona con mayor nivel de sanciones fue Maldonado, siendo el 52% del total de 1.235 actuaciones en el departamento, seguido por Rocha con 50% de las 418 inspecciones, y Canelones con 58% de los 434 casos investigados.

El 38% de las irregularidades detectadas fueron por subdeclaración, 27% por ocultamiento de personal, 17% por mora, 10% por empresas no inscriptas en BPS, y 8% correspondió a otro tipo de irregularidades.

En total, con las inspecciones en la temporada se generaron deudas por cerca de $ 24 millones, de los cuales $ 4 millones ya fueron pagos y resta la homologación de otras deudas que suman casi $ 7 millones.