Un daño irreversible para el país. Así tildaron economistas de los principales think tanks del país a una eventual reversión de la reforma de la seguridad social , que impulsa el Pit-Cnt a través de la recolección de firmas para un plebiscito en esta materia.
El tema fue abordado en el evento “La propuesta de reforma del Pit-Cnt, ¿qué está en juego?”, organizado por la Academia Nacional de Economía (Acadeco), el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) y el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), en el Word Trade Center ayer.
Los panelistas advirtieron de los “graves riesgos” de revertir la reforma de la seguridad social, y afirmaron que la central sindical maneja un par de planteos que pueden resultar atractivos para la ciudadanía, pero que en realidad están basados en visiones oblicuas.
Uno de ellos es topear la edad de jubilación a los 60 años (con 30 años de aportes) y no realizar el aumento gradual hasta los 65 años de edad que establece la reforma actual. “Esto puede ser atractivo para la ciudadanía porque la gente no quiere trabajar más años, pero en realidad compromete las finanzas del Estado. De implementarse, se elevaría el gasto público y por lo tanto los impuestos”, dijo Ignacio Munyo, director ejecutivo de Ceres.
Otro punto que puede resultar atractivo para la ciudadanía -prosiguió Munyo- es la propuesta sindical de que ninguna jubilación ni pensión será menor al valor del salario mínimo nacional. Sin embargo, advirtió que, de concretarse esa equiparación, también subiría el gasto público y se tendría que inducir un “aumento dañino” de impuestos para pagar esos “costos extras”.
En tal sentido, Munyo afirmó que la ciudadanía debe estar bien informada al momento de decidir su voto, ya que hay mucho en juego sobre el futuro del país en ese plebiscito que -según proyecta-, no prosperará, pero “no hay que descuidarse”, afirmó.
El mayor cuestionamiento de la ciudadanía a la propuesta del Pit-Cnt es, según los ponentes, que se confiscarían los ahorros individuales que manejan las AFAP, los que pasarían a ser gestionados sin identificación de titularidad por un fideicomiso del Estado controlado por el Banco de Previsión Social (BPS). Ese punto, que daña la propiedad privada de los ahorros, sí le duele más claramente a los uruguayos -según encuestas- y podría ser decisivo para no apoyar el plebiscito en cuestión.
“La propuesta del Pit-Cnt es una bomba populista”, lanzó Hernán Bonilla, presidente del CED, ya que, a su entender, revertir la reforma de la seguridad social iría a contrapelo del resto del mundo y de las tendencias demográficas, harían al sistema insostenible, tendría altos costos para el Estado y generaría un “daño irreversible” al país. Agregó que, con una eventual “marcha atrás”, se vería afectada la imagen de Uruguay al cambiar las reglas de juego, y se arriesgaría el grado inversor.
“Se darían disrupciones en el sistema financiero, por el tamaño e importancia de las AFAP, que actualmente manejan unos US$ 21.500 millones” (cerca del 30% del PIB), agregó Bonilla.
En números
Munyo calculó que una suba el gasto por mayores pasividades (propuesta por el Pit-Cnt con la equiparación al salario mínimo), significaría unos US$ 1.100 millones (1,5% del PIB). Y el aumento del gasto por bajar la edad de retiro se llevaría US$ 3.000 millones, es decir 4% del PIB (incluido BPS, caja militar, policial y cajas paraestatales).
La propuesta del Pit-Cnt -afirmó- también es onerosa porque “abre las puertas a potenciales juicios, por ejemplo, de los afiliados por confiscación del ahorro individual del fondo administrado por las AFAP, entre otros conflictos.
Las AFAP
“La propuesta del Pit-Cnt es anular las AFAP, cuando es lo que habría que estimular”, dijo Bonilla, y resaltó que, a diferencia de lo que ocurrió con generaciones anteriores, el BPS ya no alcanza.
En esa línea, Gonzalo Zunino, director del Cinve, defendió la multipilaridad del sistema previsional y señaló que las grandes brechas de las comisiones de las AFAP hicieron que mucha gente se posicionara en contra de estas entidades, pero que el problema del lucro no justifica quitarlas, menos cuando los países más avanzados del mundo están apelando al ahorro individual como factor fundamental para el desarrollo.
“La regulación (sobre las comisiones) no fue buena hasta 2018, eso generó desconfianza en la ciudadanía, pero con la regulación actual, a pesar de la concentración existente, el sistema cobra un precio razonable”, afirmó Zunino. “El problema del pilar de ahorro individual y lucro tiene solución reguladora”, insistió.
Tampoco para Bárbara Mainzer, directiva de la Academia Nacional de Economía, la propuesta sindical solucionaría el problema de la sostenibilidad del sistema previsional, sino que lo agravaría.
¿Justicia?
Mainzer procuró desmistificar consignas de la campaña de la gremial, sobre todo la que dice: “Firmá para construir un futuro más justo”.
La economista se preguntó: “¿Es solidario cargar a las futuras generaciones con un peso cada vez mayor (de sostener jubilaciones y pensiones)? Y retomando el planteo del Pit-Cnt de equiparar jubilaciones y pensiones con salario mínimo, afirmó que “debido a los descuentos, las pensiones líquidas resultarían superiores al salario de quien está en actividad, lo que no sería justo”.
Recalcó que la propuesta sindical, que recargaría aún más al Estado y generaría presión fiscal, terminaría recortando recursos para otros fines, como la pobreza en la niñez.
Los economistas destacaron finalmente que, de aprobarse, la propuesta de la central generaría efectos regresivos en la distribución del ingreso, y que las personas de mayores ingresos serían las más beneficiadas, dado que son las que más cumplen los requisitos de 60 años de edad y 30 de trabajo para jubilarse. “Ningún político apoya esa propuesta”, agregó Mainzer.
Kirchnerismo
“Si se aprueba el referendo, nos metemos en la senda del kirchnerismo, un camino que no debemos recorrer porque sabemos cómo termina”, dijo Bonilla.
El 20 de octubre de 2008, el gobierno de Cristina Fernández eliminó en Argentina el sistema privado de pensiones, las que pasaron a ser gestionadas por el sistema estatal Anses. “Esto bajó automáticamente la calificación de riesgo soberano de Argentina (de B a B-, según S&P) y aumentó 520 puntos básicos el riesgo país”, sostuvo Munyo.
