ENTREVISTA

Si algo inquieta a la región son las elecciones generales de presidente y diputados de Nicaragua que se realizan hoy, en las que el resultado se sabe antes de que abran las urnas. El País entrevistó sobre este y otros temas de la región a José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW) en su visita a Uruguay.

Esta organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos tuvo una reunión de dos días en Punta del Este para tratar asuntos internos. Estaba previsto que Vivanco se reuniera con el presidente Lacalle Pou el miércoles, pero no fue posible por un problema de vuelos. “Una lástima, quedará para otra oportunidad”, dijo Vivanco.

-Nicaragua tiene elecciones este domingo, ¿cómo ve HRW la situación y cuál será el rol de la organización ante esos comicios?

-La situación que nos encontramos en Nicaragua demuestra la consolidación de una dictadura latinoamericana más.

Esta no es una especie de dictadura con fachada democrática, acá ni siquiera hay fachada. Hay una dictadura que se ha terminado por consolidar.

Ortega se propuso llevar adelante un proceso electoral con candidato único y para no correr el más mínimo riesgo, decidió en los hechos secuestrar a los siete potenciales candidatos presidenciales que podían derrotarlo, con cargos inventados y sin el debido proceso. Ni siquiera permite el ingreso de periodistas o corresponsales extranjeros el domingo 7. Tampoco hay observación internacional posible. Es algo escandaloso.

Lo más grave es que esto se ha producido en cámara lenta y en tiempo real. Esta experiencia demuestra también el fracaso de nuestra región, que no ha sido capaz de frenar el plan abusivo de un dictador, que piensa aferrarse al poder de por vida. Esto es revelador del estado de la democracia en la región.

-¿Cómo la región podría frenar la situación sin incurrir, por ejemplo, en injerencia en asuntos internos?

-Me refiero a que los valores democráticos se defienden. Pero en la región hay gobiernos liderados por autócratas populistas, no dictadores aún pero sí populistas autoritarios, empezando por Bolsonaro, siguiendo por Andrés López Obrador, Bolivia no lo hace mejor. Argentina dos veces se ha abstenido de condenar a Nicaragua en la OEA. Ni qué decir Maduro, que es un dictador, o Centroamérica con gobiernos autoritarios y jefes de Estado que, si bien elegidos democráticamente, ejercen el poder con miras a conservar el poder en sus manos. ¡Qué se puede esperar de una región dirigida en gran medida por esta clase de líderes! Aspirar a que la región pueda frenar los planes de Ortega de eternizarse en el poder, es ingenuo.

-¿Está hablando de una profunda crisis de las democracias en América Latina?

-Sí, ya con Bolsonaro y López Obrador, en Brasil y México respectivamente, dirigiendo las dos primeras economías latinoamericanas, que tienen un peso enorme en sus regiones, es difícil aspirar a la restauración de la democracia en un país como Nicaragua. Ellos no creen en esos valores, tampoco Castillo en Perú, o Arce en Bolivia.

Acá lo que se requiere son acuerdos fuertes y estrategias para defender el derecho al ejercicio de la soberanía popular en la región. Pero estamos pasando un momento muy delicado en la región, la democracia en riesgo. Es algo nunca visto en América Latina en los últimos 30 años. En Nicaragua, hay un Ortega que ni siquiera quiere salvar las apariencias.

-¿Qué piensa que va a pasar con Nicaragua luego del domingo?

-Si Ortega cree que con estas elecciones va a ganar legitimidad a nivel internacional, está profundamente equivocado. Al contrario, su situación debería ser más precaria luego del 7 de noviembre y toda la comunidad democrática internacional debería entender que se trata de un gobierno de facto y, como tal, que no sea reconocido como un interlocutor legítimo.

Ortega ha cavado su propia tumba. Esto tiene que tener consecuencias jurídicas, diplomáticas, políticas. No podemos seguir haciendo negocios como si nada hubiera pasado. Esto es completamente anormal y debe ser tratado como un régimen de facto.

-En América Latina, ¿se ha hablado de acciones por parte los gobiernos en ese sentido?

-Toda esa discusión está abierta. No creo que va a ser fácil llegar a una posición común al respecto, sobre todo cuando Argentina y México se rehúsan a condenar a ese régimen. Los actores a los que también hay que exigirles una respuesta clara y firme también son las Naciones Unidas, el gobierno de Estados Unidos -que tiene gran peso sobre Nicaragua-, la OEA, la Unión Europea. Si no, Ortega se saldrá con la suya.

-Pasemos a Venezuela, donde el Fiscal Khan de la Corte Penal Internacional (CPI) dio apertura a una investigación formal sobre el caso de Venezuela, ¿qué piensa que pasará de ahora en más?

-Esa es una gran noticia. Es histórico para América Latina, porque es la primera vez que un gobierno latinoamericano es sujeto de una investigación formal por parte de la CPI.

No hay que olvidar que esa Corte lo que hace es investigar las responsabilidades penales individuales de los máximos responsables, no del ejecutor, de quien aprieta el gatillo, sino, por definición, está supuesta a identificar a aquellos que, desde las máximas posiciones, puedan tener responsabilidades en crímenes de lesa humanidad o de guerra.

El mensaje que está enviando el fiscal es que ha llegado él a la conclusión -él, no aún la Corte Penal- de que se han configurado ese tipo de crímenes en Venezuela, con participación de autoridades. Esto es un balde de agua fría para Maduro. La última palabra la tendrán los jueces de la CPI.

-De esa investigación saldrán nombres y apellidos...

-Por supuesto, son investigaciones que tienen nombre propio, donde el que está con mayor riesgo es el propio dictador, Maduro, su ministro del interior, los generales.

-¿Esta situación podría ser disparadora de una negociación para una eventual salida del gobierno venezolano?

-Podría ser un disparador. Yo creo que esto le da un cable a tierra a Maduro. Pero la CPI representa una infraestructura jurídica internacional diseñada para defender derechos humanos, con prisión a quienes violan sistemáticamente los derechos. Las reglas del juego son jurídicas. Las razones por las cuales Maduro ha participado en las negociaciones en México no son de buena fe. Son dos: las sanciones de Estados Unidos y la investigación de la Corte Penal Internacional. Probablemente retome la línea de la negociación para ganar tiempo y mostrar una mejor cara, pero este es un juicio penal. No puede zafar de este proceso que se inició.