Tensa transición en Colombia

Uribe da marcha atrás y retira su renuncia al Senado

El expresidente de Colombia fue citado por la Corte por sus supuestos vínculos con grupos paramilitares.

Alvaro Uribe: es el político más popular de Colombia, y mentor del presidente electo Iván Duque. Foto: Reuters
Alvaro Uribe: es el político más popular de Colombia, y mentor del presidente Iván Duque. Foto: Reuters

El expresidente colombiano Álvaro Uribe dio marcha atrás y ahora se quedará con su banca en el Senado. Uribe pidió ayer miércoles al Senado abstenerse de votar su renuncia, que anunció la semana pasada en medio de una investigación penal en su contra.

Uribe, que gobernó entre 2002 y 2010, solicitó al presidente del Senado, Ernesto Macías, que "retenga sin considerar" la carta de renuncia.

A raíz de la denuncia presentada contra Uribe, se levantó una ardua polémica jurídica acerca de qué entidad debía seguir la investigación, puesto que los parlamentarios en Colombia gozan de fuero, por lo que solamente pueden ser investigados por la Corte Suprema de Justicia.

Con su renuncia, se abría la posibilidad de que el caso pasara a la Fiscalía, si bien varios juristas de renombre no se ponían de acuerdo acerca de quién debía tomar el caso, una discusión que el propio Uribe calificó despectivamente como "de leguleyos".

"Por razones de honor nunca ha estado en mi mente que la Corte Suprema deje de conocer el caso para el cual me citan a indagatoria", dijo Uribe en su cuenta de Twitter.

Macías aceptó la petición de Uribe y anunció en redes sociales que se "abstendrá" de tramitar la renuncia.

El pasado sábado Macías aseguró que, tras recibir la carta de renuncia, en el partido le habían pedido a Uribe "que reconsidere su decisión".

El 24 de julio, Uribe, líder y fundador del partido Centro Democrático anunció sorpresivamente su retiro del Congreso tras ser vinculado formalmente ese día a un proceso penal por sus supuestos vínculos con grupos paramilitares.

La decisión de la Corte Suprema, encargada de juzgar a los legisladores, sacudió las filas del futuro oficialismo en la antesala de la asunción de Iván Duque, delfín político de Uribe, como nuevo presidente de Colombia el próximo martes 7.

El partido Centro Democrático justificó el cambio de opinión del exmandatario ante las sospechas de sus opositores de que mediante la renuncia, Uribe pretendía eludir la competencia de los altos gobernantes.

El expresidente, de 66 años, que alcanzó notoriedad con su política de mano dura y radical oposición a negociaciones de paz con las guerrillas izquierdistas, juró para su segundo mandato como senador el 20 de julio tras obtener la votación más alta en las legislativas de marzo.

De haberse concretado su renuncia, la investigación contra Uribe habría sido eventualmente asumida por la justicia ordinaria, donde —a juicio de los críticos del expresidente—, tendría más opciones de presionar a favor de su defensa.

El caso que enreda a Uribe se remonta a 2012. Ese año presentó una denuncia contra el congresista de izquierda Iván Cepeda ante la Corte Suprema por un supuesto complot con testigos falsos. Según Uribe, a través de esa maniobra Cepeda quiso involucrarlo en actividades criminales de los grupos de ultraderecha que combatieron por décadas a la guerrilla y cometieron graves violaciones de derechos humanos.

En un inesperado giro, la justicia no solo se abstuvo de procesar a Cepeda, sino que abrió en febrero una investigación contra Uribe bajo la misma sospecha: manipular testigos contra su opositor.

Ayer miércoles Cepeda criticó lo que llamó un "juego de Uribe" para, por un lado, desviar la atención sobre el asunto de fondo y, del otro, desprestigiar a los magistrados que lo citaron para indagatoria el 3 de septiembre.

La ley sanciona con penas de hasta ocho años de prisión los delitos por los que será indagado Uribe, el político más influyente en Colombia y quien, a través de Duque, logró recuperar el poder para la derecha más crítica del proceso de paz con la guerrilla de las FARC.

Uribe ha alegado inocencia y tendido un manto de sospecha sobre los jueces que, según él, buscan incriminarlo por "presiones políticas" y "periodísticas".

Durante su gobierno, unos 30.000 paramilitares se desmovilizaron y varios de sus comandantes terminaron extraditados a Estados Unidos por narcotráfico.

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