La acusación sostiene que hubo fraude hasta en los datos de pobreza.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil empezó anoche a juzgar en Brasilia la validez de las elecciones de 2014, en un caso que puede costarle el cargo al presidente Michel Temer, acusado de corrupción.

El TSE examina si la fórmula Dilma Rousseff (PT)-Michel Temer (PMDB), que resultó reelecta en esos comicios, cometió abusos de poder político y económico y se benefició de financiación ilegal procedente del megafraude a Petrobras.

Este juicio debe durar hasta el viernes, aunque expertos coinciden en que hay muchas probabilidades de que se alargue por semanas si alguno de los siete magistrados del TSE pide "vista" para suspender el debate y revisar el caso.

Temer asumió la Presidencia el año pasado, tras la destitución de Rousseff por el Congreso, acusada de manipular las cuentas públicas.

Ahora es él el que ve peligrar seriamente su sillón presidencial, no solo por los escándalos de corrupción, sino por una economía que no termina de despegar y un creciente descontento popular.

Anoche en la apertura del juicio, los abogados de la parte acusadora afirmaron que la campaña electoral de Rousseff y Temer constituyó "un innegable abuso de poder económico y político".

"Hubo claras ilegalidades en la financiación", pero también "hubo fraudes hasta en la divulgación de datos falsos, según los cuales 40 millones de brasileños habían salido de la pobreza y era mentira", dijo el abogado Flavio Henrique Costa en la primera audiencia del juicio.

Por su parte, la defensa de Rousseff demandó la anulación del proceso. "La acusación se basa en falsos testimonios y pruebas inválidas", dijo Flavio Caetano, abogado de Rousseff.

"Esta acción debe ser declarada improcedente y mantener la plena validez de los 54 millones de votos conquistados en las urnas", dijo el abogado.

La anulación del proceso, como piden las defensas de Rousseff y Temer, salvaría al actual presidente y en teoría le permitiría completar su mandato que vence el 31 de diciembre de 2018.

Muchas de las empresas involucradas en el escándalo de Petrobras que destapó la Operación Lava Jato, como los grupos Odebrecht o Andrade Gutierres, han confesado que aportaron a la campaña de Rousseff y Temer multimillonarias sumas que no fueron declaradas y correspondían a los sobornos acordados a cambio de la adjudicación de contratos con la petrolera.

El juicio había comenzado el pasado abril pero fue suspendido para escuchar a nuevos testigos, y ha sido retomado en medio de una gravísima crisis que se cierne sobre Temer, también investigado en la Corte Suprema por los supuestos delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita.

Las defensas de Rousseff y Temer, antagonistas irreconciliables desde la destitución de ella, actúan por separado y han pedido la anulación del juicio por supuesta falta de pruebas. Los abogados de Temer, por su parte, también demandan que las cuentas de las campañas de ambos sean juzgadas en forma separada, pues alegan que cada uno se ocupó de su propia recaudación y que en el caso del actual mandatario no hubo fraudes.

El abogado de Temer, Gustavo Guedes, insistió al presentar sus alegatos que, si bien no hubo irregularidades en la recaudación de campaña hecha por su cliente, sí las hubo en el caso de Rousseff y sugirió que ella sea condenada a perder los derechos políticos por ocho años.

Las denuncias ante el TSE fueron presentadas en 2014 y 2015 por el PSDB, derrotado en las urnas, pero en la actualidad —paradójicamente— el principal aliado del PMDB de Temer.

Si el TSE decidiera anular la elección, deberá determinar si la pérdida del mandato es inmediata o si Temer puede permanecer en el cargo hasta agotar todos los recursos legales. Si Temer cayera, la Constitución dice que el Congreso debe elegir al nuevo presidente en un plazo de 30 días, para completar el mandato hasta fines de 2018.

Con decenas de legisladores investigados por corrupción, miles de brasileños piden en las calles que el desenlace de esta nueva crisis se resuelva en las urnas.

"Aunque el TSE juzgue en el plano jurídico, la crisis institucional es muy seria y es natural que ese tribunal se vea influenciado por la cuestión política también", dijo la fiscal de la República y especialista en Derecho Público Silvana Batini.

La oposición ve en un dictamen de la Corte una forma de salir de la crisis política generada por denuncias de corrupción contra el presidente, pero una decisión podría tomar semanas, si no meses, y puede ser apelada. Temer ya dijo que lo haría si es declarado culpable.

Ayer, unas horas antes del reinicio del juicio, el cerco judicial sobre Temer se cerró aún más con la detención de Henrique Eduardo Alves, un exministro de su entorno, bajo sospechas de corrupción.

Aunque el caso de Alves no tiene relación con Temer, su detención tiene un impacto político y se suma al arresto el pasado sábado del diputado Rodrigo Rocha Loures, quien sí está implicado en un caso que salpica directamente al mandatario.

Sobre Alves, exministro de Turismo de Rousseff que fue mantenido en ese cargo por Temer, se cree que participó en irregularidades detectadas en las obras de uno de los estadios usados en el Mundial de fútbol de 2014.

Rocha Loures, por su parte, actuaba como intermediario entre el presidente y el dueño del grupo JBS, Joesley Batista, quien en el marco de un acuerdo de cooperación judicial ha confesado que sobornó a Temer desde 2010 y presentó una grabación como prueba.

El presidente Michel Temer tendrá hasta el viernes para responder las preguntas de la Policía Federal sobre las sospechas de corrupción que pesan en su contra. Temer había solicitado ayer martes que la Corte extendiera el plazo de 24 horas que le otorgó para contestar el cuestionario y el magistrado Edson Fachin, instructor del caso, atendió el pedido. El cuestionario, enviado por escrito y que Temer puede responder de la misma manera, consta de 84 preguntas y le fue remitido el lunes. En su mayoría, las preguntas están centradas en la relación entre el gobernante y Joesley Batista, dueño del grupo JBS, que visitó a Temer en su residencia oficial y, sin que este supiera, grabó la conversación y entregó el audio a la Justicia en el marco de un acuerdo de cooperación sobre asuntos de corrupción. En esa grabación, Batista relata diversas maniobras ilegales que estaba realizando en favor de JBS tanto en el Poder Judicial como con algunos ministros, ante lo que Temer se mantiene en silencio o hasta llega a consentir. EFE

La Justicia electoral juzgará la validez de las elecciones de 2014, en la que resultó reelecta la fórmula Dilma Rousseff (PT) - Michel Temer (PMDB) para el periodo 2015-2018. El Tribunal Supremo Electoral examinará denuncias de "abuso de poder económico y político" en la campaña.

El Tribunal Electoral puede decidir:

—Devolver el caso a la fase de verificación de pruebas.

—Desestimar las acusaciones y archivar el proceso.

—Rechazar las acusaciones parcialmente: por ejemplo, decidir que la culpable de todo es Rousseff, pero que Temer (que era su candidato a vice) no estaba enterado de nada. En ese caso, Rousseff perdería sus derechos políticos por ocho años y Temer seguiría siendo presidente.

—Aceptar la denuncia en su totalidad: en ese caso, anula la elección de 2014 y el mandato de Temer. Si esto ocurre, el TSE decidirá si Temer es separado de su cargo inmediatamente o si puede seguir siendo presidente hasta agotar todos los recursos disponibles.

La Constitución prevé que en caso de vacancia de poder, el Congreso elija en un plazo de 30 días a quien complete el mandato hasta el 31 de diciembre de 2018. Algunos juristas invocan una enmienda de 2015 de la ley electoral que abriría la puerta a elecciones directas. Y otros llegan a la misma conclusión alegando que la vacancia de poder se produciría por anulación de la elección de 2014, lo cual volvería esa consulta inválida.

VIDEOEFE, AFP, REUTERS