SITUACIÓN LÍMITE

Nicaragua sigue en crisis y la oposición opta por “piquetes exprés” para las protestas.

Cuarenta y ocho horas después de que se suspendió el diálogo entre la oposición y sectores de la sociedad con el gobierno de Nicaragua presidido por Daniel Ortega, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco tuvo que posponer una movilización prevista para ayer sábado como parte de una "nueva fase de resistencia cívica", debido a que las autoridades la prohibieron, y optó por realizar una jornada de "piquetes exprés" en diferentes ciudades.

Asimismo, efectuó una jornada de "pitazo y cacerolazo" además de invitar a sacar la bandera de Nicaragua, símbolo de las protestas opositoras, "en defensa de nuestros derechos constitucionales".

En un pronunciamiento, la Unidad Nacional explicó que tuvo que cambiar la modalidad de protesta "ante la imposición de un Estado de excepción que limita la libre movilización ciudadana".

"A todas luces queda claro que el régimen continúa imponiendo un Estado de excepción que teme a la expresión ciudadana y que sigue sin dar muestras de buena voluntad", señaló.

Asimismo, argumentó que "conociendo que este régimen es capaz junto a su ente policial, paramilitar y operadores políticos" de amenazar la vida de las personas, y por un sentido de responsabilidad, decidieron posponer la marcha y cambiar la modalidad de la protesta de este sábado.

La Policía de Nicaragua decidió "no autorizar" esa movilización pública bajo el argumento que la Unidad Nacional Azul y Blanco no tiene personería jurídica. Además, porque ese movimiento opositor ha estado "involucrado en las graves alteraciones al orden público ocurridas durante los últimos tres fines de semana" en un centro comercial de Managua, "en los que resultaron personas heridas y afectadas las actividades de comercio y de recreación", lo cual fue rechazado por la Unidad Nacional.

Ese movimiento pidió al nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y al exministro de Defensa de Uruguay Luis Ángel Rosadilla, quienes participaron como testigo y acompañante del proceso negociador en representación del Vaticano y de la Secretaría General de la OEA, respectivamente, tomen nota de la decisión policial.

La Unidad Nacional recordó que el Gobierno de Daniel Ortega se comprometió en la mesa de negociación a fortalecer los derechos y garantías ciudadanas.

El Gobierno de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia concluyeron el miércoles pasado la mesa de negociación para superar la crisis que estalló hace casi un año, aunque dejaron la puerta abierta para seguir las conversaciones.

Los delegados del Ejecutivo pidieron un tiempo para reflexionar sobre ambos temas, mientras avanzan en la elaboración de los protocolos sobre los acuerdos logrados relativos a derechos y garantías ciudadanas y la liberación de los denominados "presos políticos".

Desde el 18 de abril de 2018, Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

Las protestas estallaron en todo el país en rechazo a una reforma de la seguridad social impulsada por el gobierno y que la mayoría de la sociedad objetó por resultarle perjudicial.

La Organización de Estados Americanos (OEA) destacó la importancia del diálogo en Nicaragua, inmersa en una crisis desencadenada por las protestas callejeras que estallaron el 18 de abril de 2018, pero advirtió de que la situación "continúa siendo alarmante".

En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, la embajadora de Canadá, Jennifer May Loten, señaló que el Grupo de Trabajo "reconoce la importancia" del "diálogo emergente" entre el gobierno y las partes interesadas, como la oposición, los estudiantes, el sector privado, la sociedad civil y los campesinos. "El diálogo debe demostrar que puede aliviar la crisis y poner fin a la represión contra los nicaragüenses para recibir el apoyo de la comunidad internacional", afirmó Loten.

"Los actos de represión continúan dándose y los presos políticos siguen en la cárcel, muchos sin cargo alguno".

El pasado 11 de enero OEA comenzó a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, que puede derivar, de fracasar las gestiones diplomáticas y los buenos oficios para normalizar la situación en ese país, en su suspensión del organismo interamericano.

El relator sobre Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Joel Hernández, tomó nota de la excarcelación primero de 154 personas y el viernes de otras 50.