EL PROCESO JUDICIAL CONTRA LULA DA SILVA

Expresidente dice que bloquear su candidatura por el PT sería un “fraude”.

AFP, EFE, LA NACIÓN, O GLOBO 

BRASILIA

A cinco días de que se conozca el fallo judicial que puede terminar con la carrera política de Luiz Inácio Lula Da Silva, y por ende bloquear su candidatura presidencial para las elecciones de octubre próximo, el ambiente político brasileño es un torbellino. Y la ciudad de Porto Alegre, donde Lula recibirá el fallo este miércoles 24, se prepara para la llegada de miles de militantes del Partido de los Trabajadores (PT) y de otros grupos de izquierda de la región y de sindicatos que irán a apoyar al expresidente. Desde Uruguay, el Frente Amplio y el Pit-Cnt enviarán delegaciones.

Temiendo un desborde, la alcaldía de Porto Alegre pidió la ayuda del ejército y casi en simultáneo, la senadora Gleisi Hoffmann, presidenta del PT, afirmó que si querían arrestar a Lula tendrían "que matar gente". Aunque luego aclaró: "Somos de paz y vamos en paz".

Por su parte, Dilma Rousseff, la destituida presidenta que fuera delfín de Lula, consideró que Brasil será ingobernable si la justicia invalida la candidatura de su padrino político para las elecciones de octubre.

El fallo en segunda instancia —en el primero fue condenado a nueves años y medio— es sobre la acusación que pesa sobre Lula de recibir un apartamento tríplex de la constructora OAS a cambio de obras en Petrobras. Lo que resuelva la justicia podría alterar todos los escenarios políticos de Brasil.

"Cualquier gobierno que asuma, ganando las elecciones de 2018, sin que haya un proceso electoral transparente y correcto, sin maniobras para invalidar candidatos como Lula, no conseguirá gobernar este país", advirtió Rousseff ayer a la AFP en una entrevista telefónica desde Porto Alegre.

Lula encabeza los sondeos de intención de voto y una confirmación de la sentencia puede hacer descarrilar su candidatura y hasta llevarlo a prisión.

Una encuesta elaborada por la firma Datafolha otorgó el mes pasado a Lula el 34% de las preferencias en la primera vuelta y una victoria aplastante, con alrededor del 50%, en la segunda vuelta contra cualquiera de los posibles adversarios.

Para Rousseff, que perdió su presidencia en 2016 a manos del Congreso por manipular las cuentas públicas (su período lo completa ahora Michel Temer), Lula es la figura que puede calmar las aguas en el país.

"No creo que insistir en el uso político del sistema judicial estabilice y haga crecer al país. Lula puede ayudar a dar vuelta esta página, ayudar en un período de transición entre este momento y una reconstrucción. Vamos a tener que intentar curar las heridas y recomponer el país", afirmó.

El propio Lula, en una rueda con varios medios esta semana en el instituto que lleva su nombre en San Pablo, advirtió de las consecuencias de una condena judicial.

"El problema es lo que se está haciendo con la democracia. Crear un proceso jurídico para evitar que alguien sea candidato es poco democrático. Si prohíben que yo sea candidato por una decisión política del Poder Judicial, se está montando un fraude", sostuvo.

Además del caso del tríplex de Guarujá en San Pablo, Lula enfrenta otros seis juicios y dos denuncias por corrupción, tráfico de influencia, lavado de dinero y formación de organización delictiva.

El jueves por la noche, Lula habló de su situación. Aseguró que aunque sea condenado el miércoles 24, su "tranquilidad va a continuar".

"Estoy tranquilo y mi tranquilidad va a hacer un infierno sus vidas", señaló Lula durante un acto con intelectuales y artistas en San Pablo. Lula, de 72 años, reiteró su inocencia y afirmó que si la justicia comprueba que cometió "algún crimen" pedirá "disculpas" a la militancia. "Nunca los pondría en esta lucha si estuviera escondiendo alguna cosa", sostuvo, dirigiéndose a sus simpatizantes.

En medio de la incertidumbre sobre el futuro de Lula, otro expresidente, Fernando Collor de Mello, prepara su candidatura para octubre. En un video divulgado por el sitio THN1, Collor aparece dando un discurso en un evento en la ciudad de Arapiraca, en el interior del estado.

"Por eso yo les digo a ustedes que este es uno de los momentos más importantes de mi vida, como persona y como hombre público, porque hoy mi decisión está tomada. Soy, sí, precandidato a la presidencia de la República. Gracias y vamos por la victoria", indicó el ahora senador.

Collor de Mello ya ocupó la presidencia entre 1990 y 1992, cuando sufrió un proceso de impeachment. Luego fue electo senador en 2006 y reelecto en 2014. En 2016 se afilió al PTC (Partido Trabalhista Cristiano), partido originado del PRN (Partido de Reconstrucción Nacional), por el cual fue electo presidente en 1989.

En entrevista con la radio Gazeta de Arapiraca, también este viernes, Collor reforzó su deseo de concurrir a la presidencia. "Tengo una ventaja en relación con algunos candidatos porque ya presidí mi país, Mi partido todos lo conocen, saben la forma en que pienso y actúo para alcanzar los objetivos que la población desea para mejorar su calidad de vida", afirmó.

El presidente de Brasil, Michel Temer, fue condenado a pagar 60.000 reales —18.691 dólares— tras perder un pleito judicial por daños morales contra el magnate de la carne Joesley Batista. Temer interpuso la demanda a raíz de las declaraciones del empresario en una entrevista en junio de 2017, donde lo acusó de liderar "la organización criminal más peligrosa del país", poco después de que Batista entregase a la justicia un audio del presidente grabado clandestinamente que puso en jaque su mandato.

Un juez civil en Brasilia consideró que los hechos narrados por Batista a la revista Época "ya eran de conocimiento público" y no utilizó adjetivos peyorativos "de naturaleza personal que revelen el deseo de ofender la honra" del presidente.

El magistrado rechazó la demanda y condenó a Temer a pagar el 10% del valor que solicitaba al empresario por supuestamente haberle ofendido. Ese dinero será destinado a cubrir el costo del proceso y los honorarios del abogado de Batista.

El presidente puede recurrir la decisión.

Las revelaciones a la justicia de Joesley y Wesley Batista —propietarios del gigante frigorífico JBS, ambos presos— le valieron a Temer dos denuncias penales por corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y por comandar una "organización criminal" para expoliar al Estado, que habría recibido 587 millones de reales en sobornos (casi 183 millones de dólares). Las acusaciones fueron bloqueadas por su base aliada en la Cámara de Diputados antes de llegar a la justicia. Temer se convirtió así en el primer presidente de Brasil en ser denunciado penalmente en ejercicio de su mandato.